miércoles, 22 de marzo de 2017

Dossier de notas-14 al 19 de marzo de 2017

Las fosas de Veracruz, una tragedia nacional
POR JENARO VILLAMIL , 14 MARZO, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historia es tan tétrica como real. El 10 de mayo del año pasado, una madre del Colectivo Solecito recibió un “regalo” de la delincuencia organizada: eran hojas en papel bond, con decenas de cruces marcadas, para señalarle la ubicación de más de 120 fosas clandestinas, localizadas en un predio conocido como Colinas de Santa Fe.
Desde agosto del año pasado iniciaron la búsqueda y ubicación de estos cuerpos. El terreno era un sitio donde presuntamente los grupos de la delincuencia organizada arrojaban los cuerpos de sus víctimas.
En siete meses el Colectivo Solecito y la Fiscalía General del Estado de Veracruz han exhumado un total de 253 cuerpos en 120 fosas y más de 10 mil restos óseos. Junto con las exhumaciones ha aparecido una gran cantidad de ropa de hombre, de mujer, zapatos, tarjetas de tiendas departamentales, estampas de santos, cabellos humanos, vendas.
No han encontrado ni un solo casquillo percutido. Los cuerpos fueron enterrados en bolsas. Lucía de los Ángeles, madre del Colectivo Solecito, ha declarado que la fiscalía ha sido indolente y sólo han podido tener 17 perfiles de los cuerpos encontrados.
Ni la más asombrosa imaginación criminal hubiera concebido las dimensiones de este Auschwitz Veracruzano. Se trata de tan sólo uno de las decenas de cementerios clandestinos de esta entidad que se hundió en una larga noche de narcocleptocracia con los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y parece que se prolongará con Miguel Ángel Yunes.
Sólo por comparar en términos numéricos: en las fosas descubiertas en Tetelcingo, Morelos, se encontraron 117 cuerpos; en la fosa de San Fernando, Tamaulipas, fueron 196 restos humanos; en las 62 fosas de Iguala, Guerrero, se hallaron 131 cuerpos. Y todos estos casos salieron a la luz pública por denuncias de los familiares, no por iniciativa de las autoridades.
Mientras la esposa de Javier Duarte llenaba planas enteras de sus cuadernos para recitar su mantra “Sí, merezco abundancia”, decenas de mujeres humildes estaban buscando a sus hijos que fueron archivados en el expediente de “los prescindibles” para la narcocleptocracia veracruzana.
Mientras Duarte se dedicó a robar a manos llenas y construir una red de más de 300 cómplices, con la absoluta indiferencia y complicidad de buena parte del gobierno federal, el crimen organizado creó su propia red de cementerios y fosas de la ignominia. Eran intocables.
La prensa mexicana y los medios electrónicos han minimizado las dimensiones de esta tragedia. Durante sus seis años de neronismo, Duarte se dedicó a firmar millonarios contratos de publicidad con dinero público para comprar el silencio y la complacencia mediática. A muchos de sus “clientes” les quedó debiendo, pero ni la furia de los dueños de los medios extorsionados por Duarte alcanza para humanizar esta tragedia, para darle un rostro a este número inaudito de víctimas.
Por eso también era necesario eliminar a varios reporteros. No porque estuvieran vinculados al crimen organizado, como fue el guión de Duarte. Los eliminaron para que nadie investigara. Para que nadie diera cuenta de las pistas de este horror. Para que siguiera reinando la “paz de los sepulcros clandestinos”, encabezada por el jefe de la policía, Arturo Bermúdez.
Los partidos de oposición siguen en ese juego del golpeteo permanente y nocivo como si lo único que importara fuera el momento “mágico” de las elecciones presidenciales del 2018, sin comprometerse ante este auténtico genocidio que ocurrió y continúa en Veracruz.
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se enfrasca con Miguel Ángel Yunes, a quien no le queda el papel de honesto ni indignado. Yunes un día sí y otro también da conferencias de prensa para desviar la atención de la gravedad de la inseguridad en su entidad y el PAN lo defiende.
El PRI se indigna por la detención de Flavino Ríos, el exgobernador interino que ocupó el cargo tras la huida de Javier Duarte ante los ojos de millones de mexicanos que lo escucharon horas antes de su partida en el noticiario conducido por Carlos Loret de Mola. Ni una sola mención del líder nacional priista al desastre humanitario que dejaron los gobiernos priistas de Herrera y Duarte. Todos se lavan las manos.
Las fosas clandestinas de Veracruz no son sólo el rostro de la miseria de la clase gobernante jarocha. Constituyen una bofetada para todo el país que sigue anestesiado frente a la espiral criminal de la que ya no se habla en las pantallas televisivas, pero está desatada en Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos.
El investigador Alejandro Olvera, de la Universidad Veracruzana, escribió en un artículo de Reforma, a raíz de la fuga de Duarte en octubre de 2016 lo siguiente:
“La crisis de Veracruz señala el principio del fin del actual régimen. La sociedad no tolera más este modelo autoritario, ineficaz y corrupto del que participan todos los partidos políticos. Se requiere pasar a otra fase del proceso de democratización: la construcción de un verdadero Estado de Derecho, cuyos ejes a corto plazo son la lucha contra la corrupción y contra la violencia masiva de derechos humanos”.
Se quedó corto el profesor Olvera. Se requiere una auténtica comisión de la verdad para conocer hasta dónde en las fosas clandestinas de Veracruz se enterró la esperanza de salir de esta pesadilla.
Para las madres del Colectivo Solecito puede acabarse todo, menos la esperanza
Por Israel Hernández
marzo 17, 2017 12:48 am
Una brecha de 4 metros de ancho, transitable para autos compactos, aledaña a una zona habitacional de interés social, a espaldas del nuevo recinto portuario y con un acceso privilegiado a la autopista Veracruz-Xalapa es el camino que lleva hasta la fosa más grande del país.
“Es imposible que nadie se haya dado cuenta de lo que sucedía aquí, de la entrada y salida de vehículos. Si eso no es con complicidad de la autoridad, pues no entiendo de que otra manera se pudo hacer algo así”, dijo el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien después de sus primeros 100 días al frente de la institución puso un pie en el predio Colinas de Santa Fe, descubierto en agosto de 2016.
Hasta ahora no se tiene claro en qué momento y bajo qué circunstancias el crimen organizado eligió este terreno ubicado en el Puerto para convertirlo en la última morada de cientos de veracruzanos, la mayoría asesinados en condiciones que la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Procuraduría General de la República han podido explicar.
Y no lo han hecho porque, a pesar de que las primeras sepulturas ilegales se dieron entre 2011 y 2012, el horror apenas brotó hace 7 meses, después de que integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz —conformado por madres de desaparecidos— recibieron un papel anónimo con un mapa dibujado de manera rudimentaria.
La falta de información está vinculada a que el trabajo de investigación se ha concentrado en la Fiscalía de Veracruz que arrastra una serie de carencias operativas y administrativas, debido al desvío de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte.
Por su parte, la PGR se ha limitado a ejercer un papel de ‘coadyuvante’, pero no existe una carpeta de investigación abierta sobre el caso.
La corrupción, la impunidad y la complicidad no han ayudado a explicar quién y cómo cruzó por la brecha de aproximadamente 4 kilómetros de longitud para llegar a Colinas de Santa Fe y cavar las fosas donde fueron arrojados los cuerpos sin vida de 250 seres humanos, según el conteo del Colectivo.
Autoridades federales sabían de las fosas desde 2015
Los buscadores, que entierran las varillas de metal y remueven cientos de kilos de tierra para localizar restos humanos en el predio, han llamado “la alberca” a un hoyo en forma de pisicina de por lo menos 40 metros cúbicos, suficientes para alojar decenas de cráneos, huesos, cuerpos enteros, ropa y pertenencias de las víctimas.
De acuerdo con Winckler Ortiz, “la alberca” es una fosa que se diferencia del resto porque para poder hacerla se necesitó de algo más que picos y palas; es decir, se presume que en algún momento los integrantes del crimen organizado utilizaron maquinaria pesada para poder abrir las brechas y mover grandes cantidades de subsuelo.
Para que esto fuera un éxito —insistió el fiscal— alguien en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa debió hacerse de la vista gorda y voltear hacia otro lado cuando en una zona cercana a la ciudad se enterraban decenas de cuerpos.
En abril de 2015, un grupo de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) exhumó 5 cuerpos dentro del mismo predio.
Las versiones de los colectivos y del titular de la Fiscalía General del Estado coinciden en que uno de los involucrados en un caso de desaparición forzada llevó a los peritos a ese lugar, pues allí se habían enterrado a víctimas después de asesinarlas.
Una vez que sacaran los restos humanos, el personal de la PGR nunca volvió y no ha dado señales para atraer el caso que a todas luces está vinculado a la delincuencia organizada y a delitos de carácter federal.
La única instancia involucrada por parte de la federación es la División Científica de la Policía Federal, cuyos expertos tienen la responsabilidad de obtener los patrones genéticos de cada uno de los cuerpos o restos para después compararlos con las muestras aportadas por los familiares de desaparecidos.
Si bien el trabajo de la Policía Científica ha sido crucial en la conformación de una base de datos y en el intercambio de información con la FGE, esta tarea no la hubiera realizado de no ser por la presión que ejerció el Colectivo Solecito de Veracruz contra el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Las complicidades y omisiones van desde la cancelación de reuniones de trabajo con las madres de diferentes colectivos hasta el extravío de un centenar de muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos en diferentes puntos del estado.
Para Lucía Díaz Genao, una de las voces de mayor peso dentro del Colectivo Solecito, los funcionarios federales y locales, incluido el fiscal Jorge Winckler, no han comprendido que su tarea es hacer lo que madres y padres hacen desde 2016: ir hasta los lugares más recónditos en busca de sus familiares.
A inicios de marzo, Díaz Genao pidió la renuncia de Winckler Ortiz porque consideró que no ha sabido enfrentar el reto que representa investigar las desapariciones forzadas, apoyar la agenda de trabajo de los colectivos, indagar sobre las fosas clandestinas y perseguir a los presuntos responsables.
Sólo 2 cuerpos identificados hasta el momento
Se estima que desde 2011 a la fecha, el total de personas desaparecidas en Veracruz ronda entre los 2 mil 300 y 2 mil 600, según la estadística pública de la FGE y los registros de los colectivos.
Pese a los hallazgos hechos en el cementerio clandestino, las labores de identificación han sido mínimas y los resultados se reducen a dos casos: el pleno reconocimiento de Pedro Alberto Huesca Barradas y Gerardo Montiel, ex funcionarios del Ministerio Público de la ciudad de Cardel (ubicada 30 kilómetros al norte del Puerto).
Con la protección de la Policía Estatal, entonces a cargo de Arturo Bermúdez Zurita —actualmente recluido en el penal de Pacho Viejo—, ambas personas fueron sustraídas de sus casas por comandos armados el 15 de abril de 2013.
En el caso de Huesca Barradas, quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público y colaboraba en las investigaciones por homicidios en la región, fue herido de bala y llevado con rumbo desconocido.
Casi 4 años después de su desaparición forzada, las familias recibieron la noticia en la Fiscalía Regional del puerto de Veracruz de que los análisis genéticos de dos cráneos encontrados en la fosa clandestina más grande de México coincidieron con las muestras aportadas por las familias.
“Tengo un dolor muy grande que nunca se me va a quitar, pero también tengo la tranquilidad de haberlo encontrado y darle cristiana sepultara, que esté junto a los que también lo amaron. Ya se terminó esa desesperación de no saber dónde está. Al fin está en un lugar mejor y no donde estaba, que era un lugar horrible”, expresó Griselda Barradas, madre del fiscal Pedro Alberto Huesca Barradas.
“El Colectivo Solecito ha sido una gran ayuda en todo, desde los trámites hasta la fortaleza emocional que nos damos. Sólo nosotras podemos comprender el dolor y lo que vivimos. Por más que encontremos a los nuestros, debemos darle fuerza a otras madres porque esto no para y mucha gente sigue desapareciendo”, insistió.
Las autoridades ministeriales y los colectivos de familiares han decidido continuar en la exploración del panteón ilegal de Colinas de Santa Fe.
La búsqueda de desaparecidos en la fosa más grande de México podría tomar meses o años de trabajo, tiempo y dinero, pero Griselda se mantiene fuerte: “Quizá nos los arrebataron de nuestras vidas, pero no los quitarán de nuestros corazones. Se puede acabar todo, menos la esperanza“.
Corte invalida uso de la fuerza como primera opción que contemplaba la “Ley Atenco”
POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 16 MARZO, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que el uso de la fuerza sea la primera opción que tengan los cuerpos policiales en el cumplimiento de funciones de seguridad.
Bajo ese criterio, el máximo tribunal declaró invalidez de una parte del artículo 40 de la llamada Ley Atenco, aprobada en marzo de 2016 por el Congreso del Estado de México bajo iniciativa del gobernador Eruviel Ávila.
La ley fue impugnada mediante acciones de constitucionalidad ante la Corte por las comisiones nacional y estatal de los Derechos Humanos y por una mayoría de los propios legisladores que la aprobaron, por lo que la SCJN determinó el pasado 6 de marzo que el propio Congreso podría modificarla.
Los ministros continuaron esta semana con el análisis constitucional de la ley y este jueves determinaron la invalidez de la parte del artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México en la que decía que la fuerza “podrá usarse como primera opción”.
Bajo ninguna concepción democrática y a partir de los derechos del hombre, la fuerza puede ser considerada como la primera opción a la que pueden recurrir los agentes policiales, estableció la Corte.
En todo momento, subrayó, la policía debe evaluar si hay otros medios menos lesivos para proteger la vida e integridad de la persona o los bienes jurídicos que se pretende proteger.
Los ministros señalaron que la policía debe actuar conforme a la proporcionalidad y hacer un balance entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños que puede causar.
Para la Corte, bajo el principio de “absoluta necesidad” los policías tienen que recurrir a medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y a las armas de fuego.
Se debe recurrir a la fuerza “cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”, señalaron los ministros.
La Corte también invalidó esa disposición del artículo 40 porque decía que la fuerza se podía usar como primera opción, “siempre y cuando se cumplan los supuestos y condiciones” de la propia ley.
Sin embargo, la ley no precisa cuáles esos esos supuestos y condiciones.
A pesar de esa invalidez, los ministros no alcanzaron la mayoría de ocho votos para eliminar también los conceptos de “agresión inminente”, “legítima defensa”, “armas incapacitantes o intermedias” referidos en la ley.
Hay irregularidades por 835 mdp en las obras del nuevo aeropuerto tan sólo en 2015: ASF


Arturo Daen (@arturodaen)
marzo 16 2017 10:32
En la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México hubo anomalías por 835 millones 584 mil pesos tan solo durante 2015, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las irregularidades que observó fueron pagos duplicados, servicios que no fueron ejecutados, anticipos indebidos a contratistas y falta de comprobación de recursos, entre otras.
De esa cantidad, 181 millones 925,500 pesos fueron gastados de forma irregular y otros 653 millones 660,300 pesos aún debe definirse cuál fue su destino, lo cual deberá aclarar el Grupo Aeroportuario.
La ASF hizo 25 observaciones al gasto que realizó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la empresa encargada del proyecto y de participación estatal mayoritaria, y pidió que se realizaran seis sanciones administrativas.
La Auditoría Superior detectó un probable daño o perjuicio por un monto de 41 millones 731,149 pesos en la autorización de un pago a la empresa Servicios Smart FREE a tu Nivel y Foster + Partners Limited por el concepto de ajuste de salarios de la mano de obra que interviene en los trabajos.
Esta empresa tiene un contrato de más de un año por el diseño y arquitectura del edificio terminal, las vialidades de acceso y estacionamientos, así como la torre y centros de control de operaciones de la nueva terminal.
La Auditoría observó otra probable irregularidad en el contrato otorgado a Servicios Smart FREE  por 45 millones 693,744 pesos, pues duplicó la aplicación del porcentaje de gastos del 2% de materiales y 5% de equipo, cuando esto ya había sido considerado en el rubro de mano de obra.
La Auditoría también pidió al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aclarar un gasto de 1,189 millones 333,068 pesos, en el mismo contrato, pues no se acreditó “que se controló la participación, cantidad, tiempo y perfil del personal propuesto en cada uno de los precios unitarios para la elaboración del producto terminado presentado (entregable)”. Tampoco se comprobó el tema de los viáticos, seguros y pasajes incluidos en los costos indirectos.
En otro contrato con Parsons International Limited, la ASF encontró que se hicieron pagos por un monto de 635 millones 384 mil pesos en los que tampoco se acreditó el control del personal propuesto ni se comprobaron los viáticos, seguros y pasajes incluidos.
Estos dos contratos están relacionados con los proyectos ejecutivos del edificio terminal, pistas y calles de rodaje, y gerencia de proyectos.
En su revisión, la ASF denunció omisiones por parte de servidores públicos, ya que no realizaron un estudio de mercado “que sirviera de parámetro para asegurar que el costo de la propuesta presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción del proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, servicios inducidos y casetas de acceso para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se encontraba dentro de costos de mercado, ni con un dictamen donde se aclararan las razones por las cuales se adjudicó directamente”.
Los accionistas del GACM son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con el 99.999% y 0.001% de las acciones, respectivamente.
Obras hidráulicas
En el caso de las obras hidráulicas, se pide a la Comisión Nacional del Agua que aclare “y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria” de los anticipos que se otorgaron a 10 empresas durante 2015 por un monto de 568 millones 351 mil pesos en diferentes contratos de obras públicas.
Otras irregularidades que encontró la ASF fue que se pagaron 409,200 pesos por servicios sin que se acreditara su conclusión.
Además, se registró un pago indebido de 3 millones 655,900 pesos, al registrarse “diferencias entre el volumen pagado por la CONAGUA y el cuantificado por la ASF”. También fueron pagados 2 millones 749,600 pesos por jornadas que no se trabajaron.
En total, respecto a las anomalías en el gasto de obras hidráulicas, la ASF señaló que calcula recuperaciones probables por 38 millones 398 mil pesos.
El rubro de obras hidráulicas para el Nuevo Aeropuerto incluye la construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, el Túnel Chimalhuacán II, el Revestimiento del Dren Chimalhuacán II, y el Colector de Estiaje Chimalhuacán II, entre otros elementos para “el mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la zona federal del lago de Texcoco”.
Antecedentes
En el análisis de la Cuenta Pública 2014, la ASF también señaló anomalías respecto a la obra del Nuevo Aeropuerto.
Indicó entonces que era insuficiente la estructura orgánica operativa autorizada para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargada de las áreas de Finanzas, Infraestructura, Administración y Gestión Inmobiliaria, Planeación, Evaluación y Vinculación.
“Es insuficiente para satisfacer la complejidad y naturaleza las actividades constructivas de proyecto”, indicó, agregando que al ser una empresa de operación reciente tenía la oportunidad de reforzar su organización e incorporar mejores prácticas y principios.
En la revisión sobre el gasto de 2014 la ASF también encontró casos de pagos en exceso o por arriba de los tabuladores de salarios recomendados, que no correspondían con los costos vigentes de mano de obra en la zona donde se llevarían a cabo los trabajos.
Nuevo Modelo Educativo es de “beneficio empresarial y no común”: CNTE en Oaxaca
POR PEDRO MATÍAS , 14 MARZO, 2017
OAXACA, Oax. (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) rechazó de manera “rotunda” el Nuevo Modelo Educativo, producto de la “mal llamada” Reforma Educativa, porque representa un proyecto más de “beneficio empresarial y no común”.
En un comunicado, calificó el modelo como “una nueva falacia de Enrique Peña Nieto” y advirtió que se mantendrá “en resistencia a la Reforma Educativa, fortaleciendo nuestra educación alternativa y forjando la democratización del país”.
Tal fue la respuesta de la Coordinadora tras la presentación del Nuevo Modelo Educativo Siglo XXI, realizada ayer en la Ciudad de México por el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, quienes dijeron que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019.
La Sección 22 del CNTE advirtió que mientras el gobierno federal no considere las “verdaderas circunstancias” en que están las escuelas del país, principalmente de los estados del sur, en cuanto a infraestructura, planes, programas, condiciones sociales, políticas, económicas, orografía, respeto pleno a su vida comunitaria, lenguas originarias, así como usos y costumbres, “cualquier modelo educativo disfrazado de un discurso emotivo, será rechazado por la CNTE”.
En el texto, consideró que “el vociferado nuevo modelo educativo representa un teatro mediático más, sustentado en una falacia de Enrique Peña Nieto y su títere en la SEP, Aurelio Nuño Mayer, que evidencia la política errónea con la que se conduce este gobierno al imponer medidas educativas para después enmendarlas a nombre de la educación del país”.
La disidencia magisterial insistió en que el Ejecutivo anunció un modelo “con ejes que buscan de fondo seguir favoreciendo intereses de grupos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, para formar sujetos enajenados de su realidad y dominados por el sistema capitalista que abanderan”.
Según su opinión, los “discursos humanistas, de equidad e inclusión, resultan ser una farsa cuando el gobierno se olvida de atender las verdaderas necesidades de los pueblos del país y violenta a través de sus reformas todo tipo de vida digna de los mexicanos”.
La CNTE auguró que todo proyecto educativo “impuesto desde las grandes cúpulas gubernamentales, armado detrás de un escritorio, sin evidenciar, vivir y constatar el rezago, las necesidades y la pobreza que se teje día a día en nuestro país sin considerar la realidad en las escuelas públicas, está encaminado al fracaso”.
Por lo pronto, reiteró que en Oaxaca, los maestros adheridos a la CNTE repudian el Nuevo Modelo Educativo porque, dijo, representa nuevamente un discurso que promete sólo cambios de forma pero no de fondo en favor de la educación.
Y recalcó que mientras el proyecto educativo del gobierno de Peña Nieto sea “con miras a privatizar la educación de los niños, niñas y jóvenes del país, la Sección 22 seguirá luchando por la defensa de la educación pública, laica y gratuita, gestando proyectos alternativos como el PTEO, que cuiden, velen y garanticen el acceso de todos a una educación pública, laica y gratuita”.
Al final, aseguró que el anuncio del Nuevo Modelo “evidencia que la Reforma Educativa es una amenaza para la educación del país, porque impone medidas lesivas y autoritarias sin considerar a los verdaderos agentes involucrados en la mejora educativa”.
¿Cómo implementar el nuevo Modelo Educativo?
Por: Pablo Clark (@PabloClarkD)
El pasado 13 marzo se presentó el nuevo modelo educativo, una actualización general de los planes de estudio, perfiles de egreso, estrategias, materiales y métodos educativos. Esta revisión, que se deriva de la Reforma Educativa de 2012 y del artículo 12° transitorio de la Ley General de Educación, inició en 2014 con una serie de foros, se presentó preliminarmente en 2016 y se sometió a un análisis colectivo que culminó en los documentos publicados esta semana.
Finalmente tenemos en México una visión de la educación que daremos a niños y jóvenes, elaborada con cierta colaboración y consenso. Aplaudimos que este modelo educativo se acompañe de una ruta de implementación, con metas concretas a cumplir en plazos específicos e indicadores para evaluar el avance de cada componente del modelo.
Sin embargo, tenemos preocupaciones en torno a la capacidad de las autoridades educativas para alcanzar las metas propuestas. Estas son algunas de ellas:
Formación docente
Un paso básico para implementar el nuevo modelo es socializar los nuevos contenidos y planes de estudio entre los más de un millón 200 mil maestros de educación básica. Transformar la forma de enseñar requiere cambios importantes en la manera en la que los docentes generan espacios de aprendizaje y desarrollan habilidades entre sus alumnos.
La “Ruta para la implementación del modelo educativo” establece como primeras metas en formación docente capacitar a 500 mil profesores en 2017 y 300 mil en 2018. Las cifras son ambiciosas: en solo dos años se busca capacitar a más maestros que la meta total de docentes a evaluar en todo el sexenio actual.
Aún así, al ritmo planteado nos tomaría más de tres años capacitar al total de maestros. Casi la mitad de los profesores estarían recibiendo los nuevos libros de texto en sus aulas sin antes haber tomado un curso sobre el nuevo contenido que tendrán que enseñar.
Sin duda el escenario no es lo ideal, pero veámoslo en perspectiva: ¿pueden las autoridades educativas capacitar a tantos maestros en tan corto tiempo tomando en cuenta el recorte presupuestal de 37.5 % de 2016 a 2017 al Programa de Desarrollo Profesional Docente?
Habilidades digitales y conectividad en las escuelas
Otro componente central del nuevo modelo son los perfiles de egreso para cada nivel escolar, los cuales incluyen habilidades digitales desde el término del preescolar. Adicionalmente, la propuesta para descargar a directores y supervisores de labores administrativas se centra en que ellos eliminen el papeleo y carguen la información de sus escuelas directamente al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), cuyo presupuesto en 2017 sufrió un recorte de 60 %.
Ambas propuestas dependen de la capacidad de las autoridades de equipar a las escuelas en todo el país con equipos y con redes que garanticen su conectividad. Actualmente, el programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfocado a tecnologías de la información es @prende 2.0. De 2016 a 2017 el presupuesto de @prende se eliminó en su totalidad.
Hay esfuerzos de la SEP para hacer recortes en otras áreas y obtener recursos para que @prende opere en 3 mil escuelas este año. A ese ritmo y considerando el número de escuelas en el país (más de 250 mil en educación obligatoria) tomaría décadas equipar a todas.
Alcance temporal y político
Las metas planteadas llegan hasta el ciclo 2018-2019, el primero en el que se aplicaría por completo el nuevo modelo educativo. Más allá de ese ciclo habrá que ver qué pasa. Habrá que ver a la primera generación que salga con los nuevos perfiles de egreso y cómo se evalúan. Habrá que ver cuántos maestros y estudiantes dominan el inglés en 10 años. Habrá que ver cómo evitar que el trabajo de las comunidades escolares se abandone al iniciar la siguiente administración federal.
Las metas que se proponen en la ruta de implementación del modelo son aplaudibles y necesarias. Plantearse menos hubiera sido no intentar lo suficiente para que el Modelo tuviera posibilidades de lograr efectos que echen raíces en las escuelas, pero bajo las condiciones presupuestales actuales, implementar lo que se planteó parece un esfuerzo titánico.
En el Edomex se gastarán al día más de 19 mdp en las campañas
Víctor Chávez
20.03.2017
ESTADO DE MÉXICO.- Para la elección de la gubernatura del Estado de México, los candidatos de los partidos PRI, PAN, Morena y PRD podrán gastar, en conjunto, casi 19.3 millones de pesos diarios para sus campañas durante 59 días.


De acuerdo con cifras y estimaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), si el tope de gastos de campañas se estableció esta vez en 285.5 millones de pesos para el periodo oficial de campañas –del 3 de abril al 31 de mayo–, estas cuatro grandes fuerzas políticas podrán acumular un gasto histórico de hasta mil 142 millones de pesos.


Dicho gasto supera en 28.6 por ciento al realizado en la elección de 2011, cuando con un tope de gastos de campaña de 203.8 millones de pesos, los tres candidatos de entonces pudieron gastar 611.4 millones de pesos, con una erogación de 13.5 millones de pesos diarios durante 45 días, que fue el periodo de campañas. Una diferencia de 81.7 millones de pesos más.
También se anota en el IEEM que el tope de gastos de hoy supera en un 24.3 por ciento –69.5 mdp– al que se estableció hace 12 años, cuando el límite fue de 216 millones de pesos.


Con los 285.5 millones de pesos que cada partido podrá gastar este año en el Estado de México, se podrían construir mil 140 casas de interés social, adquirir 17 millones 812 mil kilos de frijol, 25 millones 909 mil kilos de arroz o 20 millones 357 mil kilos de tortillas, reporta la diputada federal mexiquense de Morena, Sandra Luz Falcón Venegas.


Se destaca también que mientras que la bolsa de recursos públicos que se distribuyó entre los tres principales partidos en el 2011 ascendió a 431.7 millones de pesos, este año fue de 471.8 millones.


Hace seis años, de acuerdo con su votación en la última elección lo-cal, Eruviel Ávila, candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal, dispuso de 197.4 millones de pesos sólo para gastos de campaña; Alejandro Encinas, de la coalición PRD-PT-Convergencia, contó con 137.4 mdp; y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, recibió 96.9 millones.


Este 2017, de acuerdo con el IEEM, el partido que recibirá más recursos es el PRI, al que se le asignarán 225 millones 471 mil 152 pesos; Acción Nacional dispondrá de 131 millones 620 mil 408 pesos. El sol azteca tendrá a su disposición un financiamiento de 114 millones 775 mil 389 pesos.
Previo a veda electoral, Eruviel reparte 54 mdp en “La Efectiva”, laptops, computadoras, vales…
POR VENERANDA MENDOZA , 17 MARZO, 2017
TOLUCA, Edomex. (apro).- Desde el inicio de las precampañas por la gubernatura, el pasado 24 de enero, las dádivas gubernamentales y las visitas de funcionarios federales a territorio mexiquense se han incrementado de forma notable.
La información oficial generada por la administración estatal revela que, de entonces a la fecha, el gobierno del Estado de México ha repartido, a través de tarjetas La Efectiva, al menos 54 millones 657 mil pesos a 18 mil 469 beneficiarios.
En la víspera de la contienda por la gubernatura, la entrega de vales para los útiles escolares del próximo ciclo escolar también se adelantó, y se fortalecieron la donación de laptops (se darán mil 900 en sólo dos meses), el equipamiento de escuelas (con 30 mil computadoras) y los subsidios agrícolas, entre otras ayudas.
En este plazo, el gobernador ha recibido el acompañamiento -en algunos casos en más de una ocasión- de al menos siete funcionarios federales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, para la entrega de apoyos sociales.
La Efectiva
Isis Ávila, presidenta honoraria del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) ha encabezado, desde el periodo de precampañas, al menos nueve eventos multitudinarios en los municipios de Ecatepec, Tultilán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Toluca, Zinacantepec e Ixtlahuaca, algunos visitados en dos ocasiones.
Amparada en su papel de benefactora pública, en este periodo entregó al menos 15 mil 469 tarjetas La Efectiva de los programas “Jóvenes que Logran en Grande” y “Mexiquenses que Logran en Grande” con un saldo de tres mil pesos cada una.
También otorgó tres mil Efectivas con saldo de dos mil 750 pesos como gratificación a Técnicos en Atención Primaria a la Salud durante una gira de trabajo a Ecatepec y Tlalnepantla.
En estos actos, la titular del DIFEM distribuyó un número similar de tarjetas Ármala en Grande que otorgan más de dos mil descuentos en productos, servicios y establecimientos.
De igual manera, apoyos de los programas “Futuro en Grande” a estudiantes madres de familia (con kit de pañalera equipada, despensas integradas con 16 productos de la canasta básica y cursos de capacitación laboral), “Mujeres en la Construcción” y “Adultos en Grande” (que implican dos mil 750 pesos por persona).
Con los apoyos también se beneficiaron jóvenes de Huixquilucan, Jilotzingo e Isidro Fabela; mujeres de Chapa de Mota, Soyaniquilpan, Jilotepec, Morelos y Jocotitlán, e integrantes de los Comités Ciudadanos de Liconsa.
Acciones por la Educación
La Educación es un nicho importante para el proselitismo. Aunque se apoye a estudiantes que no han cumplido la mayoría de edad, los programas benefician e impactan a padres de familia y profesores.
En el plazo referido el gobernador Eruviel Ávila ha liderado siete eventos masivos –a los que fueron invitados papás y mentores- en municipios como Zinacantepec, Toluca, Tlalnepantla, Jilotepec y Atlacomulco.
En ellos, el mandatario mexiquense comprometió equipar con 30 mil computadoras, entre febrero y marzo –justo antes de la veda electoral- a dos mil primarias y secundarias del sector federalizado.
En tan sólo dos meses, prevé otorgar más de la mitad de los equipos de cómputo que se han entregado a este tipo de instituciones durante toda su administración –54 mil para tres mil 600 escuelas.
En el mismo plazo estima distribuir más de mil 900 laptops a directores de escuelas de preescolar.
También comprometió 610 millones de pesos para financiar, durante el actual ciclo escolar, dos millones de productos -entre espacios escolares, mobiliario, equipos de cómputo, espacios prefabricados- en beneficio de cinco mil 700 colegios.
Durante estos eventos, Ávila Villegas ya entregó 13 mil laptops a alumnos de tercero de secundaria, cinco mil 300 a los de educación media superior y mil 300 a los de educación superior.
Como cereza del pastel, el 9 de marzo, desde Atlacomulco, Ávila Villegas adelantó:
“La Secretaría de Educación ya está lista para que podamos entregar, a partir de las próximas semanas, los vales de los útiles escolares, con una inversión de más de 500 millones de pesos. La idea es que ustedes reciban sus vales antes de que termine este ciclo escolar y antes de que inicie el próximo”.
En estos eventos además fueron entregadas becas, zapatos ortopédicos y mobiliario escolar en beneficio también de estudiantes de Ecatepec, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tecámac, Coacalco Acambay, Aculco, El Oro, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, San José del Rincón y Timilpan, y los incentivos continuarán este viernes en Chicoloapan.


Cargada
Desde el inicio de las precampañas también se hizo constante la visita de funcionarios federales a la entidad. El presidente Enrique Peña acompañó al mandatario mexiquense a la inauguración del Auditorio de Tecámac el pasado 10 de marzo.
Tres días antes, el 6 de marzo, Angélica Rivera de Peña, titular del DIF, sostuvo eventos masivos en Metepec y Cuautitlán Izcalli, donde respaldó la entrega de becas a alumnos integrantes de escoltas y a estudiantes de excelencia, pelucas oncológicas para niñas con cáncer y seguros para jefas de familia, actas de nacimiento, uniformes deportivos, vales para análisis clínicos y cirugías de cataratas a adultos mayores.
En el lapso referido, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha acompañado un par de veces a Ávila Villegas.
El 22 de febrero en Tultitlán fue testigo de la firma de un Convenio de Colaboración en Materia de Igualdad de Género y de Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres. El 14 de marzo en Coacalco entregaron mil 500 créditos personales y 229 créditos hipotecarios a elementos de la Policía Federal que laboran en la entidad.
Desde el 7 de febrero, Aurelio Nuño, secretario de Educación, ha visitado la entidad en dos ocasiones: en Zinacantepec además estuvo acompañado por el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre.
Este 16 de marzo entregó cerca de 147 millones de pesos del Programa de la Reforma Educativa y becas a integrantes de escoltas de los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez y Zinacantepec.
En febrero, José Narro, secretario de Salud federal, arrancó en Ecatepec la Primera Semana Nacional de Salud 2017, inauguró el albergue del Hospital General “Dr. José María Rodríguez”, entregó seis ambulancias para los hospitales “Las Américas” y “Dr. José María Rodríguez” de Ecatepec, “Gustavo Baz Prada” y “La Perla” de Nezahualcóyotl y los municipales de Tecámac y Hueypoxtla.
También Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, y el titular del IMSS, Mikel Arriola, anunciaron este 16 de marzo la construcción del Hospital de Zona de Atlacomulco y entregaron cinco ambulancias a centros médicos de diversos municipios. El segundo, ya suma tres visitas en el plazo referido.
A través de distintas dependencias de la administración estatal, en este lapso también se han agilizado apoyos agrícolas para insumos como semilla, fertilizante y diésel, cisternas y calentadores solares en beneficio de dos mil 500 productores de la región de Los Volcanes, se invirtieron 2.6 millones de pesos en apoyos para agricultores de Lerma, 500 mil pesos se destinaron al impulso de los agaveros organizados y al mejoramiento a la vivienda en Malinalco.
También se entregaron 704 paquetes del Programa Avicultura Familiar, 20 paquetes de borregos, 93 tinacos, 20 paquetes de herramientas y tres máquinas de coser rectas.
Cerca de nueve mil habitantes de Naucalpan recibieron lentes oftalmológicos, se entregaron seis mil 300 aparatos auditivos, tenis para niños, 254 escrituras gratuitas a familias de Atlacomulco y 500 a familias de Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras y Sultepec.
Más de 800 estufas ecológicas se entregaron a jefas de familia de Calimaya; se repartieron bastones, cobertores y equipos de herramientas.
Oídos sordos
La fracción quinta del artículo 465 del Código Electoral del Estado de México establece que autoridades y servidores públicos estatales y municipales incurren en infracción con “la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato”.
La misma disposición, en su fracción tercera, advierte que las autoridades también incurren en falta cuando afectan el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal y la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dispone el primer párrafo del 134 Constitucional.
Para estos casos, el 472 del Código mexiquense faculta al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para dar vista al superior jerárquico “y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables”.
El 473 advierte que “si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Secretaría de la Contraloría, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables”.
No obstante, Ávila Villegas considera legal la entrega de los apoyos, pues la veda electoral inicia el 3 de abril, junto con las campañas.
“Estamos en nuestro derecho, todos los funcionarios públicos de todos los partidos, de dar a conocer los programas que tenemos porque son para la gente. Hay por ahí quienes quieren que acabemos con esos programas, pero no, qué culpa tienen nuestros estudiantes o nuestros pacientes de cáncer de que suspendamos este tipo de programas”, justificó.
“Voy hacer oídos sordos a aquellos que se niegan e intentan frenar los programas sociales… Lo digo claro y lo digo muy fuerte: los programas educativos por ningún motivo se van a suspender simplemente porque es el parecer de algunas expresiones políticas, de ninguna manera.
“Que ellos estén en sus temas políticos, nosotros, el presidente Peña y su amigo Eruviel, estamos en lo que tenemos que estar, apoyando la educación”, expuso.
Por el uso electoral de estos programas, a la fecha no existe una denuncia concreta, si bien los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) trabajan en las impugnaciones correspondientes.
¿Qué cosa tienen en común los cuatro países del mundo más afectados por el hambre?
El Secretario General adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien, declaró este viernes que el mundo atraviesa su mayor crisis humanitaria desde 1945.
Según el diplomático, más de 20 millones de personas en cuatro países —Yemen, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria— se están enfrentando actualmente al peligro de la hambruna y, sin esfuerzos mundiales conjuntos y coordinados, "la gente, sencillamente, se morirá de hambre".  
Aparte de ser los más afectados por la crisis humanitaria, los cuatro países mencionados por O'Brien tienen otra cosa en común: todos ellos están siendo devastados por las guerras, en cada una de las cuales participa de forma directa o indirecta EE.UU.   
Yemen
Según el representante de la ONU, la crisis más grave la experimenta Yemen, donde dos tercios de la población —18,8 millones de personas— necesitan ayuda humanitaria.
Desde 2014, este país árabe vive inmerso en un conflicto armado que enfrenta a las fuerzas leales al presidente Abd Rabbuh Mansur al Hadi con los rebeldes chiítas hutíes. Desde marzo de 2015, una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudita —aliado de EE.UU.— lleva a cabo operaciones militares contra los insurgentes hutíes, en las que se han lanzado miles de ataques aéreos.
EE.UU. ha jugado un papel fundamental en el apoyo a la intervención de la coalición. Según revelaron los más de 500 documentos filtrados de la Embajada de EE.UU. en Yemen que publicó WikiLeaks en noviembre, Washington armó, entrenó y financió a las fuerzas yemeníes antes de que estallara el conflicto.
Además, Yemen es uno de los objetivos de guerra de los drones de EE.UU., en una campaña militar que ha sido criticada por causar numerosas víctimas entre la población civil.
A finales de enero, un ataque del Ejército de EE.UU. contra Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) —el primer operativo realizado desde la toma de posesión de Donald Trump— dejó un saldo de 16 civiles muertos.
Aunque en un primer momento las fuerzas estadounidenses se negaron a reconocer que sus acciones hubieran podido causar la muerte de civiles, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense admitió finalmente que civiles, incluidos niños, "habían probablemente resultado muertos" en la operación.
Somalia
Somalia, donde más de la mitad de la población —6,2 millones de personas— necesita asistencia y protección humanitaria, es otro de los objetivos principales de la guerra de los drones estadounidenses.
El Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono lleva a cabo ataques aéreos y terrestres en el país desde hace diez años, si bien lleva realizando operaciones clandestinas contra Al Qaeda en África Oriental y su aliado local Al Shabaab desde 2001.
En julio de este año, Washington reconoció que desde la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, un mínimo de 116 civiles habían perdido la vida durante los ataques con drones realizados en países en los que formalmente EE.UU. no está interviniendo, como Somalia, Yemen o Pakistán, una cifra que está muy por debajo de las estimaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La constante intervención norteamericana en Somalia a lo largo de la historia y su apoyo a la invasión etíope del país tampoco ayudó a estabilizar un territorio que vive instalado desde hace décadas en una crisis humanitaria estructural.
Nigeria
La crisis en Nigeria es también el resultado de una guerra, esta vez, la que enfrenta al grupo islamista Boko Haram con el Gobierno del país, que cuenta con el apoyo militar de EE.UU. y del Reino Unido.
Donald Trump prometió en febrero en una conversación telefónica con el presidente nigeriano Muhammadu Buhari un nuevo acuerdo para vender más armas a Nigeria, una medida rechazada por el Gobierno de Obama debido a los presuntos abusos contra los derechos humanos que se producen en el país africano.
Sudán del Sur
Si en los primeros tres casos se trata de una guerra contra diferentes ramas del fundamentalismo radical, la guerra civil en Sudán del Sur es producto de conflicto entre facciones tribales rivales en un régimen respaldado por EE.UU., que fue creado tras la intervención de Washington en la larga guerra civil de Sudán.
Tras el acuerdo de paz firmado en 2005 y la declaración de independencia de Sudán del Sur, la ansiada paz todavía no ha llegado al nuevo Estado, donde los conflictos tribales se han visto agravados por la sequía, la pobreza extrema y la lucha por el control de las reservas de petróleo.
En octubre pasado, el entonces presidente de EE.UU. Barack Obama decidió renovar su apoyo militar al Gobierno del presidente Salva Kiir, a pesar de la petición de la comunidad internacional de imponer un embargo de armas a la nación por el uso de niños soldados.
Esta decisión provocó fuertes críticas por parte de la oposición de Sudán del Sur, que acusó a EE.UU. de apoyar a un Ejército que supuestamente "viola, tortura y asesina" a civiles en el país.
Aunque hay otros factores —como las condiciones climáticas— que contribuyen a los desastres humanitarios, la causa principal de que millones de personas estén al borde de la inanición parece ser, otra vez, el hombre y no la naturaleza.
María Lekant
Argentina: el pueblo vuelve a la carga…sin dirigentes
José Steinsleger
En el último discurso al Congreso, Cristina Fernández de Kirchner hizo un balance de sus dos gobiernos y advirtió que dejaba un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes (1/3/15).
Luego, con el peronismo dividido y la complicidad de la Unión Cívica Radical (aglutinante de los sectores medios antipopulares y racistas), el kirchnerismo perdió las elecciones por dos puntos. Con todo, en una demostración sin precedentes, 300 mil personas despidieron a Cristina en Plaza de Mayo, y allí le manifestaron su amor y gratitud por haber reparado (junto con su finado esposo) la dignidad nacional y la castigada memoria del país rioplatense.
El nuevo presidente, Mauricio Macri (impresentable y corrupto político de medio pelo), lanzó miles de globos al aire y anunció el inicio de la revolución de la alegría (sic). Y junto con él, los grupos económicos concentrados que, democráticamente, retomaban el poder formal para recrear la seguridad jurídica y el clima de negocios que reclaman las inversiones. O sea, precarización laboral, con salarios chinos.
Quince meses después, los argentinos arden de indignación y frustración: un millón y medio de nuevos pobres, 600 mil indigentes, cierre de fábricas y empresas grandes o pequeñas, 245 mil despedidos, récord mundial de endeudamiento externo (70 mil millones), 30 por ciento de inflación, aumentos descomunales de los servicios básicos (300, 500, mil por ciento) y alquileres, caída libre del salario real y el consumo, apertura indiscriminada a las importaciones, subasta de los recursos naturales al mejor postor…
Sistemática, premeditada y organizada política económica de destrucción en todos los frentes, que en los últimos días tuvo su respuesta con marchas sectoriales multitudinarias. El gobierno quedó descolocado. Pero mucho más los parlamentarios de la oposición, gobernadores y líderes gremiales que, cheques mediante, venían aprobándole a Macri todas sus leyes, a más de aceptar sin chistar los llamados decretos nacionales de urgencia.
Lunes 6 de marzo: marchas y paro docente por 48 horas (que sigue hasta hoy). Martes 7: acto sindical masivo de la CGT, junto con las dos centrales de la CTA. Miércoles 8: acto masivo de mujeres, travestis y trans, convocado por el movimiento #Ni una menos. En total, cerca de un millón de manifestantes, y demostraciones que no se habían visto desde la recuperación de la democracia (1983).
El acto de los docentes fue gremialmente el más sólido y el más descalificado por Macri, quien en su segundo informe al Congreso se mofó de su líder provincial, Roberto Baradel, amenazado de muerte junto con sus hijos. Simultáneamente, el presidente inauguraba el ciclo lectivo en una escuelita paupérrima de la provincia de Jujuy, con niños acicalados y ropitas regaladas para la ocasión, que al día siguiente no empezaron las clases por falta de maestros.
En el acto de las centrales obreras, la cosa terminó mal. Los dirigentes de la CGT fueron corridos por los trabajadores en las calles, luego de que se negaron a fijar fecha para la huelga general. Inclusive, el atril en el que habían pronunciado sus discursos fue secuestrado y puesto a subasta en Mercado Libre. La CGT estimó que concurrirían de 15 a 20 mil personas. Fueron 400 mil.
El más concurrido, combativo y unitario fue el acto de las mujeres (250 mil en todo el país), reprimidas en la capital por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ese día, y según los periodistas, había tomado más de lo habitual. En la movilización, algunas mujeres exclamaban: ¡Putas como Eva / locas como las Madres / Yeguas como Cristina / Negras como Milagro (Sala) / y con los ovarios que le faltan a la CGT!
Para hoy, miércoles 15, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y movimientos sociales como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa anunciaron movilizaciones y cortes de calles, mientras los docentes declararon otro paro de 48 horas.
El 22 tendrá lugar la Marcha Federal Educativa (en todo el país): el 24 habrá una megaconcentración en Plaza de Mayo para conmemorar el 41 aniversario del golpe cívico-militar; las dos centrales obreras de la CTA llamaron a paro general para el 30 de marzo y, por su lado, la CGT estima que el 5 o 6 de abril (obligada por la situación) llamará a la huelga general.
A finales de febrero, durante su visita a Madrid, Macri fue entrevistado por Mario Vargas Llosa en la Casa América: Argentina es un país maravilloso. ¿Se está librando Argentina del peronismo? Cauto, el presidente comentó algo sumamente sugestivo: Los argentinos están delante de la dirigencia. La gente va marcando el rumbo. Hay toma de conciencia.
Lejos estaba Macri de imaginar que en el acto de la CGT los trabajadores iban a enarbolar un cartel bien visible, con la célebre sentencia de Perón: Con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes.
Una de las niñas supervivientes del internado de Guatemala: “Golpeamos la puerta y no nos abrían”
Por Asier Vera Santamaría
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo/ElDiario.es).- Dos hombres se afanan arrodillados a las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para limpiar del suelo la pintura roja con las palabras “Estado Asesino”. La población no perdona y no quiere olvidar la muerte de 40 niñas, de entre 13 y 17 años, en un incendio durante su protesta en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Mientras, en un hospital de Ciudad de Guatemala, una niña de 13 años, una de las supervivientes, tampoco olvida y pide “ayuda” al Presidente del país.
Con un hilo casi imperceptible de voz, la menor, con el rostro totalmente enrojecido por las graves quemaduras que ha sufrido, relata lo ocurrido. “Una niña a la que conocíamos como Mimí empezó a quemar las colchonetas. Solo las pusieron en la ventana y comenzaron a quemarse”. Entonces, añade, las llamas aumentaron. “Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían”.
Tiempo después, decenas de cuerpos calcinados, apilados unos sobre otros daban cuenta del tiempo que estuvieron las adolescentes confinadas entre las llamas sin que nadie las liberara, pese a sus gritos y empujones a la puerta.
Esa jornada las menores de edad que vivían en el albergue dijeron basta de violaciones, maltratos, comida con gusanos, hacinamiento y todo tipo de vejaciones. El día anterior, 60 adolescentes lograron huir de este “infierno”, como lo calificaban, sin saber que 24 horas después el día se tornaría en tragedia. Tras disfrutar de unas pocas horas de libertad, la Policía Nacional Civil devolvió a la mayoría de ellas al centro destinado, en teoría, a proteger a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que habían sufrido abusos físicos o sexuales, así como a menores con discapacidades mentales, adicciones o con problemas con la ley.
La superviviente de la tragedia lanza un mensaje al Presidente: “Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá”, logra decir. Denuncia que las monitoras “trataban mal” a las menores internadas.
Una vez dentro, como ha reconocido el Presidente del país, fue encerrada junto a 56 menores en un aula de la escuela. A las niñas se les acabó la paciencia después de las denuncias presentadas en juzgados por maltrato y violaciones desde 2015. Tras exigir sin éxito a las monitoras que las sacaran de ahí, una de las menores decidió que la única manera de lograr su liberación era provocando un fuego. Lo que nunca se imaginó es que nadie iba a abrir la puerta, que habían sido cerrada con candado por una psicóloga del centro gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala.
Este lunes se han producido las tres primeras detenciones cinco días después de la tragedia. Se trata del ex Secretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la ex Subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el ex director del Hogar Seguro, Santos Torres.
Rodas había presentado su renuncia este lunes, mientras que Keller fue cesada ayer por el presidente del país, quien también destituyó a Torres el mismo día del incendio. A todos ellos se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, por los cuales una jueza decretó este lunes su ingreso en la prisión militar de Matamoros.
Se siente “triste”, indica la menor en el hospital, minutos antes de emprender el vuelo junto a otras tres niñas hacia EEUU para recibir tratamiento en el Hospital Shrinners (en Galveston, Texas) especializado en quemaduras de niños. Varios médicos voluntarios estadounidenses llegaron este sábado a la capital de Guatemala para tramitar los viajes de las cuatro primeras niñas, mientras que el domingo trasladaron a otras tres hacia Boston.
Los padres o familiares de las menores supervivientes que han sido trasladadas a EU no han podido acompañarlas. “No va a venir ninguna familia conmigo y quiero que venga mi sobrina o mi hermana conmigo”, lamenta la menor entrevistada.
En los próximos días podrían viajar también las últimas seis menores que permanecen en los dos principales hospitales del país, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.
En la segunda planta del Hospital San Juan de Dios, en el área de Cuidados Intensivos, Ada Kelli Alfaro está a punto de despedirse de su hija Cinthia Paola Morales, de 14 años. Ella es una de las cuatro primeras menores en viajar a EU ante la falta de medios en Guatemala, según han reconocido los doctores a las familias de las heridas. La mujer pudo hablar este jueves con Jimmy Morales, después de que acudiera a este hospital a visitar a las niñas: “Nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia”.
Su hija le confesó que había sido golpeada “brutalmente” en el Hogar Seguro, donde le daban, decía, “comida con gusanos”. Ella siente que, debido a sus bajos recursos, no pudo pagar los mil 500 quetzales (215 euros) que le exigía el Juzgado para poner en libertad a la menor, que había ingresado por “rebeldía”. Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, en lo único que piensa, apunta, es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EU y “darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida”.
MADRES QUE AÚN DESCONOCEN SI SUS HIJAS FALLECIERON
Mientras la Justicia sigue su curso a paso de tortuga, sigue habiendo familias que buscan desesperadamente a sus hijas. Desconocen su paradero pese haber acudido a los principales hospitales de la capital y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encargado de la identificación de las menores fallecidas. En este caos burocrático, se encuentra Vianey Claret Hernández, quien trata de encontrar a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se ha sometido a las pruebas de ADN para verificar si se encuentra entre las fallecidas.
Después de tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Sin embargo, muestra pocas esperanzas de que sea su hija, después de que el periódico Prensa Libre publicara en la portada de la edición de este viernes su foto entre un listado de siete jóvenes fallecidas, víctimas de quemaduras e intoxicación de monóxido de carbono.
Hernández muestra sorprendida la portada de este diario, dado que, según asegura, nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales. Forma parte del listado de 57 menores que fueron confinadas bajo llave en el aula de cuatro por cuatro metros que ardió matando en el lugar a 19 menores de edad, mientras que otras 21 han fallecido en los hospitales. “Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas”, afirma. “El Presidente de Guatemala no está haciendo nada”.
“NO ERAN CALLADITAS, POR ESO LAS MATARON”
“No eran calladitas, por eso las mataron”; “Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata”, son algunos de los lemas coreados durante la semana de manifestaciones donde centenares de personas han exigido la dimisión del presidente a quien acusan de “crimen de Estado”. Cada noche, prenden decenas de velas en homenaje a las 40 niñas fallecidas.
En el cementerio general de Ciudad de Guatemala, cada día llegan los féretros de alguna de las 40 menores acompañados por los gritos de dolor, desmayos y reclamos de justicia de los familiares. Una de las primeras niñas enterrada fue Siona Hernández, de 17 años, cuya foto es sostenida en un marco por su tía, Cari Álvarez. Con lágrimas en los ojos, espera que se haga justicia “con todas las jovencitas que han fallecido”.

Venezuela rechaza proselitismo y campaña de odio de Almagro



Publicado 20 marzo 2017
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, usó espacios de la institución para una rueda de prensa con opositores venezolanos, lo que viola los principios de no intervención.
La Misión Permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americano (OEA) deploró las acciones de Luis Almagro, quien convocó una rueda de prensa este lunes 20 de marzo junto al partido opositor Voluntad Popular en el marco de su campaña político mediática contra el Gobierno venezolano.
La rueda de prensa de Luis Almagro junto a Lilian Tintori y Patricia de Ceballos, esposas de políticos presos en Venezuela, fue interrumpida por la representante venezolana ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, quien acusó al secretario general de fines proselitistas.
"Vengo a protestar enérgicamente por esta rueda de prensa, esto es violatorio de las normas de la OEA, esto no se puede hacer, estas son personas de un partido político (Voluntad Popular) que se ha negado a sentarse al diálogo en Venezuela", dijo la diplomática, quien leyó un comunicado de protesta.
Velásquez señaló que la rueda de prensa "es una muestra más del duro golpe a la institucionalidad de la OEA" e indicó que la violación de Almagro de las normas de la secretaría general no solo afectan al Estado venezolano sino a todos los Estados miembros.
El comunicado de la Misión Permanente de Venezuela señaló que Almagro nuevamente usó espacios de la OEA con fines proselitistas, lo que viola los principios de no intervención en los asuntos internos de los Estados, convivencia pacífica y buena fe, contenidos en la Carta de la OEA.
Además, las acciones de Almagro van en contra de la normativa interna de la OEA, la cual indica: "Los programas o funciones en los edificios de la Organización de los Estados Americanos o cualesquiera otra institución de la Organización, no serán políticos, ni tendrán un carácter o fin análogo (Memorándum Administrativo N°68)".
"Con su convocatoria a través de la página web oficial de la OEA pretende además mostrar que cuenta con un aval institucional de los órganos políticos de la OEA, que no posee", indica el comunicado y agrega que la acción de Almagro "es una iniciativa que responde únicamente a su agenda de odio personal contra un Estado miembro. Ello es muestra más del duro golpe a la institucionalidad de la OEA".
Ante esta nueva violación de las normas de la OEA por parte de su secretaria general, Luis Almagro, la Misión Permanente de Venezuela solicitó al presidente del Consejo Permanente iniciar las consultad con los Estados Miembros "a los fines de velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General".
Venezuela pidió al Presidente del Consejo Permanente, embajador Patrick Andrews, que reciba la nota como una protesta "ante la convocatoria realizada por el señor Almagro para una 'discusión' sobre asuntos internos de Venezuela y, que la transmita a los Estados Miembros y Observadores Permanentes de la OEA".
El pasado 14 de marzo, Almagro emitió un informe en el que exige de forma arbitraria que se realicen elecciones en Venezuela, de lo contrario amenaza con invocar la Carta Democrática del organismo.
La Carta Democrática podría desembocar en la suspensión de Venezuela de la OEA y la anulación de cualquier ayuda económica para cercar al Gobierno. Pero su aplicación debe ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la organización.
Cuba ofrece becas al Gobierno de Colombia y a las FARC
El Gobierno cubano ofrece “mil becas para cursar la carrera de Medicina en Cuba, como contribución al proceso de implementación del acuerdo de La Habana (capital) y al postconflicto en Colombia”, afirmó el embajador cubano en Bogotá (capital de Colombia), José Luis Ponce, en una carta a Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla.
En la misiva, fechada el 14 de marzo pero publicada este jueves, Ponce ofreció para los próximos 5 años 500 becas para el Gobierno y otras 500 para los guerrilleros.
Cada año se otorgarán 100 becas al Gobierno colombiano y 100 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta completar las 500 de cada parte. El primer grupo de estudiantes comenzará a gozar de este beneficio en el curso 2017-2018.
“La embajada de la República de Cuba entregará al Gobierno de Colombia y a las FARC un documento con los detalles del ofrecimiento, el cual está en proceso de preparación por las autoridades cubanas”, precisó Ponce.
Para poder optar a los estudios de medicina en Cuba deberán ser jóvenes colombianos desmovilizados del grupo insurgente, desplazados o afectados por el conflicto de más de 50 años.
En respuesta, Márquez calificó este ofrecimiento de Cuba como un "gesto puro de humanidad" y agradeció al presidente Raúl Castro por “colmar a Colombia con su amor y solidaridad”.
Desde 2012, Cuba fue garante y sede de las conversaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, principal guerrilla del país, que en noviembre firmaron un histórico acuerdo de paz.

Alrededor de 6900 miembros de las FARC se encuentran en 26 lugares de Colombia, donde a finales de mayo deberán haber terminado el proceso de dejación de armas y empezar su reincorporación a la vida civil.