lunes, 26 de septiembre de 2016

Ayotzinapa, a 2 años - Atenco, mujeres exigen justicia (Notas para mural)

“Cínica” e “insensata” la respuesta de Peña Nieto por caso Ayotzinapa: AI
Redacción AN
septiembre 22, 2016 8:00 pm
La cínica respuesta del presidente mexicano Enrique Peña Nieto a la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace dos años, ilustra la insensata actitud que ha sostenido el gobierno mexicano hacia los derechos humanos, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
“La tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México.
Desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización reiteró que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de Septiembre de 2014, después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México para conmemorar una masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968.
Mencionó que desde entonces, los restos de uno de los alumnos, Alexander Mora Venancio de 19 años, fueron identificados. “Todavía se desconoce el paradero y la suerte de los otros 42″.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades han dicho que los estudiantes fueron secuestrados por una banda criminal de la zona y que sus restos fueron incinerados en un basurero local.
“Sin embargo, tras una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fueran incinerados en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, una conclusión que es compartida por otros expertos que han tenido acceso al caso”, puntualiza el comunicado.





Caso Iguala-Ayotzinapa, “abierto” y no puede quedar impune: CNDH
Foto: María José Martínez/ Cuartoscuro
Redacción AN
septiembre 25, 2016 2:10 pm
A dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH) consideró que “el caso Iguala es un expediente abierto” y que estos hechos “no pueden quedar impunes ni deben olvidarse“.
En un pronunciamiento oficial, el organismo señaló que se trata de un caso de “extrema gravedad”; hechos que por su relevancia “demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuentas de sus actos ante la Ley y ante la sociedad”.
El texto reconoce que si bien las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, “aún no han arrojado resultados concluyentes” y que el objetivo prioritario, establecer el paradero de los normalistas, aún no se ha alcanzado.
La CDNH recordó que a la fecha ha emitido tres reportes sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero:
1. Estado de la Investigación del Caso Iguala, del 23 de julio de 2015;
2. Indicios de la Participación de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos Agentes de la Policía Federal en los Hechos de la Desaparición de Normalistas en el Puente del Chipote de Iguala, del 14 de abril de 2016, y
3. Hechos y Circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, Normalista de Ayotzinapa fue Privado de la Vida, del 11 de julio de 2016.
En estos Informes, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez formuló un total de57 observaciones y propuestas a la PGR, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Fiscalía General del Estado y al municipio de Iguala, Guerrero.
Después de un minucioso análisis y revisión de la información y constancias proporcionadas por dichas autoridades, hasta el pasado 22 de septiembre, debe señalarse que únicamente ocho de ellas pueden considerarse como totalmente atendidas; mientras que 33 se encuentran en vías de atención y 16 tienen un estatus de no atendidas.
A la PGR se le han formulado 47 observaciones y propuestas, de las cuales, ocho se encuentran en estatus de totalmente atendidas, las relativas a:
1) Integración de las fichas de identificación;
2) Obtención de las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el Río San Juan. La CNDH se impone de su contenido para analizarlas al tenor de las actuaciones del caso en su conjunto y determinará en su resolución final lo conducente;
3) Peritación y confronta de muestras genéticas recabadas en los lugares y en los vehículos relacionados con los hechos contra los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos;
4) Ampliación de declaración de los dos agentes de la Policía Municipal de Iguala que refirieron la presencia de dos patrullas de la Policía Federal en el Puente del Chipote, uno de los lugares de los hechos;
5) Ampliación de declaración del conductor del autobús de la línea de autotransporte Estrella de Oro 1531;
6) Aprehensión del líder de la más importante célula del grupo delictivo “Guerreros Unidos”;
7) Declaración ministerial del militar que acudió el 26 de septiembre de 2014, al lugar conocido como Puente del Chipote, y
8) Ofrecimiento como prueba, a través de la Fiscalía Estatal, ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Estado de Guerrero, del Dictamen en Materia de Medicina Forense y Criminalística de Campo emitido por los peritos de la CNDH, en relación con las circunstancias en que fue privado de la vida Julio César Mondragón Fontes.
En vías de atención, hay 29:
1) Continuación de las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos;
2) Obtener la georreferenciación de las líneas de teléfonos celulares de los estudiantesnormalistas e investigar el contenido de los mensajes que se hubiesen enviado;
3) Investigar ¿por qué motivo los alumnos de la normal fueron llevados a la ciudad de Igualael 26 de septiembre de 2014?;
4) Cumplir con los mandamientos judiciales de detención pendientes;
5) Coordinar las acciones necesarias tendentes a la ejecución de las órdenes de aprehensión con objeto de evitar que inculpados del caso evadan la acción de la justicia buscando ocultarse en otros países;
6) Establecer la identidad de los ocupantes de inmuebles aledaños a las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte, lugar de los hechos;
7) Recabar declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos elementos de las Policías, Estatal, Ministerial del Estado de Guerrero y Federal y de elementos militares;
8) Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al Ejército;
9) Solicitar a instancias nacionales e internacionales información meteorológica;
10) Realizar peritaciones en materia de Edafología para comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada del Río San Juan con la tierra del basurero de Cocula;
11) Realizar dictaminaciones en materia de química forense para comparar los elementos químicos presentes en los diversos materiales sólidos extraídos de la bolsa hallada del Río San Juan con los detectados en los objetos embalados del basurero de Cocula;
12) Dictaminar en materia de Balística Forense a fin de hacer la confronta de los elementos balísticos localizados en el basurero de Cocula con los obtenidos de las armas relacionadas con los hechos de Iguala;
13) Determinar pericialmente la presencia de indicios biológicos como secreciones y pelo en el conjunto de prendas (ocho playeras -incluida la que presenta probable maculación hemática);
14) Ordenar dictaminaciones periciales en materia de antropología y odontología forensea la totalidad de los restos óseos y odontológicos localizados en el basurero de Cocula y en el Río San Juan;
15) Investigar la posible participación de otras corporaciones de seguridad pública municipal en colusión con las organizaciones criminales “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”;
16) Investigar la estructura organizacional y modus operandi de las organizaciones criminales “Guerreros Unidos” y “Los Rojos;
17) Ampliar la investigación por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a los servidores públicos que tienen el carácter de inculpados y a miembros de las organizaciones delictivas “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”;
18) Constatar que los pliegos de consignación de personas implicadas en los hechos de Iguala, guarden relación lógica-jurídica con los hechos que se les imputan y reforzar los medios de convicción en los que se sustentan los procesos penales;
19) Confirmar o descartar la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y de dos agentes de la Policía Federal en los hechos de desaparición de los estudiantes normalistas que viajaban en el autobús 1531, ocurridos en el Puente del Chipote;
20) Profundizar las investigaciones que permitan confirmar o descartar la presencia de una patrulla de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero en el Puente del Chipote;
21) Determinar la identidad de los estudiantes normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro número económico 1531;
22) Llevar a cabo una investigación integral y exhaustiva (financiera, patrimonial) de los dos elementos de la Policía Federal probables partícipes de los hechos ocurridos en el Puente del Chipote;
23) Iniciar acciones urgentes de búsqueda para la localización de los estudiantes normalistas desaparecidos en el Municipio de Huitzuco;
24) Recabar la declaración de los elementos de la Policía Municipal de Huitzuco;
25) Llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer la identidad de la persona a la que se nombra como “El Patrón”;
26) Desarrollar una investigación integral de las personas que se mencionan en las“narcomantas”;
27) Continuar con las investigaciones hasta lograr, de ser posible, la recuperación técnica o material del video que contiene imágenes del Puente del Chipote;
28) Determinar la eventual responsabilidad penal en que podrían haber incurrido quienes no entregaron información que poseían al Ministerio Público de la Federación, e
29) Investigar a 11 individuos señalados por dos integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos” como partícipes en la tortura y homicidio de Julio César Mondragón Fontes.
Diez se consideran como no atendidas y están relacionadas con:
1) Dictaminar pericialmente en materia de genética para establecer correspondencia entre el perfil genético que se obtenga de la maculación hemática presente en una playera y el de los familiares de los estudiantes desaparecidos;
2) Resolver lo que en derecho proceda respecto a las circunstancias en que se dio el deceso científicamente probado de Alexander Mora Venancio;
3) Investigar lo que la representación de los padres de familia planteó respecto a los hechos ocurridos en Cerro Viejo y Cerro La Parota para determinar si pudieran estar o no relacionados con los hechos materia de investigación en este caso;
4) Desahogar diligencia de reconstrucción de hechos;
5) Considerar promover la acumulación, por conexidad, de las cuatro causas penales relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala instruidas en el Poder Judicial del Estado de Guerrero, a los juicios federales seguidos en torno al caso, a fin de que no se divida la continencia de la causa;
6) Investigar de qué forma pudo haber incidido en los hechos de la desaparición de los normalistas, el desvío en la circulación de vehículos, ubicado a casi dos kilómetros antes del Puente del Chipote;
7) Investigar si fue circunstancial el hecho de que los dos autobuses de los que fueron sustraídos los normalistas hayan sido los mismos en los que originalmente los estudiantes se trasladaron de la Normal de Ayotzinapa a Iguala;
8) Una vez que conforme a la Ley pueda conocerse la identidad del testigo, tomar las medidas jurídicas pertinentes para reforzar los procedimientos penales que se encuentran en trámite.
Se precisa que la atención de estas dos últimas Observaciones depende del cumplimiento de otras:
9) Recabar declaración y ampliar la de todos quienes conocieron del aviso del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón Fontes, y
10) Llevar a cabo las investigaciones que permitan confirmar si, efectivamente, Julio César Mondragón Fontes grabó con un teléfono celular la agresión.
A la CEAV se le han formulado un total de seis observaciones y propuestas, tres de las cuales están en vías de atención:
1) Que las acciones de atención a las víctimas que se desarrollen, se encuentren dentro del marco de un Plan Integral de Reparación del Daño;
2) Continuar proporcionando de manera diligente e integral las medidas de atención y asistencia a los familiares de Julio César Mondragón, e
3) Implementar el Proceso de Reparación Integral del Daño en el caso de Julio César Mondragón.
Tres no atendidas, en las que se ubican:
1) Realizar un Estudio de Impacto Psicosocial a nivel Colectivo, Familiar e Individual;
2) Prestar especial atención a la Reparación Colectiva, y
3) Brindar especial atención al núcleo familiar de Julio César, señaladamente a quienes pertenecen a grupos vulnerables, reconocidas como víctimas indirectas, quienes al cruzar por distintas etapas de vida, desarrollo y formación, están presentando necesidades diversas.
A la Fiscalía General del Estado de Guerrero se dirigieron tres observaciones y propuestas, todas consideradas como no atendidas:
1) Dictaminar el origen de las lesiones que presentó el rostro de Julio César Mondragón. Esta Observación nunca fue atendida por la Fiscalía. La CNDH elaboró su propio Dictamen en Medicina Forense y Criminalística de Campo en torno a la muerte de Julio César Mondragón Fontes, en el que precisó resolver ella misma ese planteamiento;
2) Reforzar los medios de convicción que sustentan los procesos penales que se instruyen en contra de 22 agentes de la policía municipal de Iguala, e
3) Investigar el destino final de las ropas que portaba Julio César Mondragón Fontes al momento de su muerte.
Al Municipio de Iguala se le formuló una observación y propuesta misma que se encuentra en estatus de en vías de atención:
1) Restaurar en lo inmediato la Estructura de Seguridad Pública Municipal en coordinación con autoridades estatales y federales.
La CNDH concluye que lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos; que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias paraprevenir se cometan nuevas afectaciones.
Por ello, hace un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que den cumplimiento y desahoguen las diligencias de investigación y las acciones relativas a la atención y protección de las víctimas que derivan de las observaciones y propuestas que les fueron formuladas.
Asimismo y en atención a la coordinación e intercambio que mantiene con Organismos Internacionales, la CNDH informó que estará al tanto de la observancia que las instituciones brinden a las 22 Recomendaciones sobre la Investigación que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Del mismo modo, expresa su disposición de colaboración y de diálogo con quienes integren el Esquema de Seguimiento a las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en el Caso Iguala.
La CNDH concluye que continuará desarrollando su investigación de manera objetiva, exhaustiva, científica e integral en el ámbito de los derechos humanos, cuyo objetivo es determinar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas antes, durante y después de los hechos de Iguala y, una vez concluida, emitirá la determinación de fondosobre el caso.⁠










PGR en caso Ayotzinapa: 2 años sin avances
POR PATRICIA DÁVILA , 25 SEPTIEMBRE, 2016
Padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen la renuncia de Peña. Foto: Alejandro Saldívar
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A unas horas de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) no aporta ningún avance en la investigación que lleve al esclarecimiento de lo que les sucedió y el paradero de los jóvenes.
En un comunicado emitido cerca de las 21 horas de este domingo, la dependencia se limita a “refrendar su compromiso con la sociedad para investigar estos delitos trabajando arduamente a fin de llevar a los responsables ante los tribunales y que las víctimas de estos lamentables acontecimientos accedan a una justicia efectiva y se les repare el daño”.
Ante la falta de resultados concretos que aportar, en esta ocasión la Procuraduría se concentra a enumerar lo que ha hecho en materia de derechos humanos acerca de las 47 recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de las 941 peticiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asegura que los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México, al contar con actuaciones sin precedentes en materia de transparencia, colaboración internacional y trabajo cercano con las víctimas. Además de ser la indagatoria más observada en materia de derechos humanos.
Reconoce que la investigación sobre la desaparición de los normalistas en un hecho “inédito”, por sus características particulares es revisada, simultáneamente, en el ámbito interno por la CNDH, y a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la Comisión Interamericana.
Sin mencionar casos específicos, la PGR se concreta a dar resultados numéricos que no coinciden:
Como parte de su investigación por violaciones a los derechos humanos, la CDH ha emitido 47 observaciones y propuestas a la PGR. Al día de hoy, 8 se encuentran totalmente atendidas y 29 en vías de atención; entregándose información en más del 78 por ciento de las observaciones en temas como fichas de identificación, datos de georreferenciación de teléfonos celulares, búsqueda de los estudiantes y líneas de investigación, por mencionar sólo algunos; que implican más de 800 evidencias entre declaraciones, ampliaciones, solicitudes diversas y dictámenes.
A nivel interamericano, se formularon 941 peticiones diversas que han sido atendidas en un 93 por ciento.
Señala que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR ha diseñado una estrategia encaminada a atender las observaciones emitidas por el ombudsman nacional, por lo que la labor de ambas instituciones se complementa:
“La CNDH investiga violaciones a los derechos humanos y la PGR investiga delitos, una y otra entidad pública actúan”.
Es importante señalar que la investigación del caso Iguala sigue abierta y que la Procuraduría General de la República trabaja en todo momento para esclarecer los hechos.
La prospectiva de la indagatoria está orientada a llevar a cabo una actuación exhaustiva con la mayor apertura y transparencia, que las víctimas estén informadas sobre su desarrollo y desde luego, que las instituciones protectoras de los derechos humanos como la CNDH, puedan cumplir con sus atribuciones.
El comunicado hace referencia a que Arely Gómez González, al protestar el cargo de procuradora general de la República en marzo de 2015 ante el Senado de la República, uno de los cuatro ejes rectores que se comprometió a adoptar fue el respeto a los derechos humanos.










El 27 Batallón de Infantería tomó el control de Iguala hace 2 años: expediente Ayotzinapa
POR ANABEL HERNÁNDEZ , 24 SEPTIEMBRE, 2016
Al cumplirse este lunes 26 dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la autora del presente reportaje pudo acceder a la declaración ministerial de uno de los presuntos implicados en el caso, el exsubcomandante de la Policía Municipal de Cocula, César Nava Flores, preso en un penal de Tamaulipas. Esta es la primera vez que se conoce la narración de un testigo directo que, de su puño y letra, implica al Ejército en el control de Iguala la noche de aquel aciago día.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La noche del 26 de septiembre de 2014, durante el primer ataque a los normalistas de Ayotzinapa en la calle Juan N. Álvarez, el 27 Batallón de Infantería tenía “el mando y control” en Iguala. Poco después, desaparecieron los 43 estudiantes.
El expediente judicial de la causa penal 100/2014, que incluye el testimonio de César Nava González, subcomandante de la Policía Municipal de Cocula, ante el Primer Juzgado de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en Tamaulipas en diciembre de 2015, avala esa versión.
Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, Nava González relató que aun cuando estaba en su día de descanso por órdenes del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Cocula, Salvador Bárcenas Bravo, acudió al llamado de apoyo directo del comandante Francisco Salgado Valladares.
La reportera tuvo acceso al escrito redactado de puño y letra por el inculpado e incluido en el expediente judicial de la causa penal 100/2014.
De la versión de Nava González, los videos del C4 y la cronología de hechos reconstruida, se desprende que la llamada de Salgado Valladares fue poco antes de las 23:00 horas del 26 de septiembre.
Según la información recabada entre estudiantes sobrevivientes y vecinos, videos obtenidos de cámaras de seguridad en Iguala, declaraciones ministeriales y los informes presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la desaparición de los 43 estudiantes, así como la muerte de Julio César Mondragón, ocurrió después de esa hora.
Después de la medianoche hubo un nuevo ataque armado en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, donde fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez y otros resultaron heridos.
La reportera entrevistó vía telefónica a Salgado Valladares, quien permanece detenido desde mayo de 2015. Él negó haberse comunicado con Nava González y expuso que el 26 de septiembre estuvo de guardia en el mercado municipal todo el día.
Sin embargo, sus familiares contaron una historia distinta…














Tomás Zerón “afectó el derecho a la verdad:” documento de la PGR sobre Ayotzinapa
Juan Omar Fierro
septiembre 22, 2016 9:04 am
La Visitaduría Interna de  la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.
En un documento fechado el pasado 18 de agosto, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR también considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, también cometió irregularidades.
Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado a Tomás Zerón, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción, por lo que también se solicitó proceder en su contra.
Ambas conclusiones se encuentran dentro del expediente de DGAI/510/CDMX/2016, el cual  fue ordenado por el entonces Visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez, a petición del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos. Este documento está en poder de Aristegui Noticias.
Sin embargo, se desconoce cuál será el destino de las probables sanciones en contra de Zerón y Ramírez Gutiérrez.
El pasado 12 de septiembre, tres semanas después de que se solicitó proceder contra Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, la PGR sustituyó al Visitador General que elaboró el expediente en su contra.
Dos días después, el 14 de septiembre, Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue nombrado Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, cargo que reporta directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
El expediente
La investigación interna de la PGR en contra de Tomás Zerón, señala: “Se determina emitir vista a la Secretaría de la Función Pública por cuanto hace a las conductas asumidas por el Director en Jefe de la AIC (Tomás Zerón), a fin de que sea llamado a procedimiento administrativo en los términos que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”.
La indagatoria sobre las posibles conductas irregulares cometidas por Zerón se deriva del video presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que coadyuvó con las autoridades mexicanas en la investigación del caso Ayotzinapa.
En el video se mostró que Zerón, entonces titular de la AIC, realizó un recorrido en la ribera del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre del 2014, en compañía del presunto sicario de “Guerreros Unidos”, Agustín García Reyes, “El Chereje”.
Esta diligencia nunca fue incluida por la PGR en el expediente del caso.
La importancia de esa diligencia radica en que fue la base para fundamentar la llamada “verdad histórica” del Gobierno mexicano sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con esa versión, los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula durante la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
A partir del recorrido de Zerón con García Reyes, se construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, por lo que posteriormente sus restos y cenizas fueron arrojadas al Río San Juan para desaparecerlas.
Sin embargo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR, elaborada entre el 28 de abril y 9 de agosto del presente año, señala que las retenciones de “El Chereje” y otros seis presuntos sicarios del grupo “Guerreros Unidos” se realizaron de manera arbitraria e ilegal, violando los derechos de los imputados a un proceso judicial justo.
La misma indagatoria del ex Visitador General concluye que la Ministerio Público a cargo del caso alteró fechas y horas en el certificado médico de Agustín García Reyes.
Los abogados del detenido han argumentado que sus declaraciones sobre la incineración de los estudiantes se hicieron bajo tortura.
Los señalamientos más fuertes son en contra el propio Tomás Zerón, por realizar actos de investigación en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula sin contar con el acompañamiento y aval de un Ministerio Público, puesto que no se emitió ninguna orden o mandamiento judicial que le permitiera hacer un recorrido con “El Chereje” en ese lugar.
Además, se advierte que Zerón vulneró el derecho a la defensa de Agustín García Reyes en la diligencia realizada la tarde del 28 de octubre del 2014, debido a que no estaba acompañado por su abogado defensor.
Una irregularidad adicional es que las actuaciones ministeriales y periciales realizadas en esa fecha nunca se formalizaron ni se incluyeron dentro del expediente.
El expediente indica que esa actuación violó el Código Federal de Procedimientos Penales y afectó el derecho a la verdad al que tienen las víctimas del caso, es decir, los padres, madres y hermanos o hermanas de los 43 estudiantes desaparecidos y de las 6 personas que perdieron la vida el día de los hechos.
Conclusiones
Por esas razones, la Visitaduría General concluyó que se debe destituir a la Ministerio Público que entregó a “El Chereje” a Tomás Zerón sin justificación alguna.
Otras dos conclusiones son que se debe cancelar la certificación de control de confianza al Fiscal Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez, y que se debe dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se proceda contra Tomás Zerón.
“Existen datos de prueba aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares por parte del Director de la AIC por haber realizado actos de investigación sin encontrarse bajo la conducción de un agente del Ministerio Público en virtud de legítimo mandamiento”, enfatiza el documento de la Visitaduría General.
En el nombramiento de Tomás Zerón como nuevo Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, nunca se mencionó que existe esta investigación en su contra.
La tarde del 14 de septiembre, la Secretaría de Gobernación difundió un comunicado en el que se dio cuenta del nuevo nombramiento de Zerón por parte del presidente Peña Nieto: “Es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.














Aldo, normalista de Ayotzinapa, cumple 2 años en coma; sin el GIEI, su familia teme abandono
Por DPA septiembre 24, 2016
Ciudad de México, 24 sep (dpa) – La vida de la familia Gutiérrez Solano cambió de un día para otro hace dos años, cuando su hijo Aldo resultó herido de bala en la cabeza la noche de la desaparición de 43 de sus compañeros de la escuela de Ayotzinapa. El joven alegre y vivaz quedó postrado inconsciente en la cama de un hospital, situación en la que sigue actualmente.
“Fue algo feo para nosotros. Desesperación, indignación, todo se juntó”, contó a dpa vía telefónica Ulises Gutiérrez, uno de los 13 hermanos de Aldo. “Gracias a dios empezamos a organizarnos y con el tiempo, poco a poco, fuimos sobrellevando la situación”.
Aldo tenía 19 años cuando fue herido por una bala el 26 de septiembre de 2014. La persecución policial fue el preludio de su tragedia y la de 43 de sus compañeros de la escuela normal para la formación de maestros Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero.
Para Ulises y su familia fue un duro golpe y un cambio en su rutina. Todos los días deben estar en la habitación que el joven normalista ocupa en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en la Ciudad de México. Cuidarlo implica turnarse cada semana para viajar desde Guerrero hasta la capital.
Aldo se encuentra en estado vegetativo desde el fatídico día, aunque de acuerdo con los médicos, ha evolucionado positivamente. El neurólogo cubano Francisco Machado Curbelo, uno de los doctores que se encargan del caso del joven a pedido de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, explicó que, pese a los avances en su salud, no se puede cantar victoria.
“Vimos que se encontraba en el llamado estado vegetativo, en el cual el paciente abre sus ojos, tiene ciclos de sueño y vigilia, pero no hay una interacción ni con el medio ambiente ni con los familiares”, dijo en una entrevista publicada por el diario El Universal.
De acuerdo con Machado, los programas de rehabilitación han logrado que se regularice su nutrición y que ya no se le alimente por vía intravenosa. También puede sentarse en una silla de ruedas y salir al sol. Sin embargo, el porcentaje de recuperación para los pacientes en su estado es mínimo.
Aunque Ulises sabe esto, no pierde la esperanza. “Ahorita seguimos esperando a nuestro hermano. A que dé una muestra de consciencia. Nosotros tenemos fe en que él pueda dar esa señal”, dice a la vez que relata emocionado cómo Aldo puede abrir los ojos y mover algunas de sus extremidades de forma inconsciente.
El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de Ayotzinapa tomaron autobuses para acudir a una manifestación en la capital. Los jóvenes fueron perseguidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, a unos 200 kilómetros de la Ciudad de México.
Según expertos independientes, el ataque duró varias horas e incluyó a la Policía de los municipios de las vecinas Cocula y Huitzuco. Los agentes estaban aliados con un grupo criminal al que entregaron a los estudiantes. A Aldo le dispararon cuando, con otros jóvenes, trataba de mover una patrulla que les bloqueaba el paso.
Las autoridades mexicanas mantuvieron por mucho tiempo la hipótesis, llamada por ellos “la verdad histórica”, de que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados en un basurero por el grupo criminal, pero las investigaciones de peritos independientes, como el grupo de expertos comandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, refutaron esa hipótesis.




Rostros de la fuerza y el dolor a dos años de la desaparición de normalistas
POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 24 SEPTIEMBRE, 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, acaricia la tortuga tatuada en su antebrazo izquierdo, regalo de un activista que admira la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años.
“Hay quienes me dicen que sólo se tatúan los delincuentes, pero esta tortuga prehispánica (Ayotzinapa es “río de tortugas” en náhuatl) significa mucho para mí, es como sellarme para decir: ‘Christian, siempre estuve pendiente de ti’, y es un motivo de lucha”, confía don Clemente, un hombre de baja estatura y mirada triste.
En entrevista con Proceso, muestra a la reportera algunas pulseras tejidas que lleva en el brazo izquierdo. Son otros regalos que le dieron en varias poblaciones del país y de Estados Unidos, adonde lo ha llevado la necesidad de exigir que se esclarezca la desaparición forzada de los  estudiantes.
Horas antes de acudir a la embajada estadunidense para renovar su visa a fin de realizar una visita a Washington, don Clemente, quien era repartidor de agua en Tixtla, recuerda que hace unos 30 años intentó cruzar la frontera sin papeles en busca de trabajo, pero fue deportado.
“Hoy en día, por esta situación que estoy viviendo me ponen las cosas en bandeja de plata. Pero no quiero conocer Estados Unidos. Voy allá por la gente que nos está apoyando, me traigo de allá la motivación de que no estamos solos para salir adelante”, dice el hombre de 49 años.
Las madres y los padres de los 43 que se movilizan por México y otros países han dejado oficios, tierras, sus casas, a sus otros hijos, y ahora padecen diabetes, dolores de cabeza casi permanentes, insomnio, depresión y otros malestares físicos y psicológicos a raíz de que afrontaron la terrible tarea de buscar a sus hijos desaparecidos y exigir verdad y justicia a las autoridades.
El señor Clemente reconoce que las 43 familias han evolucionado aun en medio de la tragedia y lamenta que haya sido la falta de respuestas lo que les ha dado fuerza para continuar con su objetivo.
En la mente del padre de Christian Alfonso todavía está presente la imagen de la puerta de una oficina de la policía municipal de Iguala a la que los padres no tuvieron acceso pese a que él sugirió a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se abriera.
“Me pregunto: ¿y si hubiera tenido este valor que tengo ahorita? Yo hubiera abierto esa puerta, pero tenía ese pinche miedo… Me acuerdo de un policía que dijo: ‘¿Qué chingados vienen a hacer aquí? Los vamos a desaparecer como a sus hijos’. Estoy seguro que si estuviera como ahorita, con el coraje y la rabia, hubiera dicho: ‘Quiero que le quiten este candado’, y a lo mejor encontrábamos a los muchachos, a lo mejor ahí los tenían”, aventura.







Science: Nuevas pruebas científicas destruyen la “verdad histórica” de México
Por Redacción / Sin Embargo septiembre 13, 2016
Por Lizzie Wade
Ciudad de México, 13 de septiembre (Science).– En septiembre de 2014, 43 estudiantes universitarios desaparecieron en el estado de Guerrero, en el sur de México. El Gobierno mexicano sostuvo que un cartel de narcotráfico asesinó a los estudiantes y quemó los cuerpos en un basurero. Sin embargo, los investigadores forenses ydiversos grupos de derechos humanos plantearon ciertas dudas, mostrando incongruencias en las pruebas y en una investigación federal que, a su criterio, no cumplió con las normas internacionales. Ahora, un renombrado científico experto en materia de incendios afirma que sus experimentos más recientes descartan de manera definitiva la explicación del Gobierno.
Mediante el uso de cadáveres de cerdos en sustitución de cuerpos humanos, José Torero, un experto en incendios de la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, incineró hasta cuatro cerdos a la vez y determinó que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero. «José sabe lo que dice», afirma John Lentini, investigador independiente experto en materia de incendios de Islamorada, Florida, que no participó en la investigación aunque formó parte de otros casos de alto perfil. «No tiene sentido que pueda hacerse desaparecer a 43 personas de esa manera.»
Según afirma Francisco Cox Vidal, abogado y miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC para examinar la desaparición y analizar la investigación oficial, los experimentos de Torero son un elemento más para confirmar que la llamada ‘verdad histórica’ (frase con que un ex Procurador General denominó la teoría del Gobierno acerca de este crimen) es imposible. Eber Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La prueba científica indica que se habrían necesitado 30 mil kilos de madera para incinerar, como sostiene la “verdad histórica”, los 43 cuerpos. Foto tomada de video de Youtube
Los estudiantes desaparecidos asistían a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cerca de Tixtla, Guerrero. El 26 de septiembre, un grupo más numeroso de estudiantes de Ayotzinapasecuestraron varios autobuses comerciales para viajar a una manifestación en la Ciudad de México, una práctica común en la escuela políticamente activa. Según la declaración de los miembros del cartel Guerreros Unidos, estos sicarios, incitados por la policía local,emboscaron a los estudiantes y posiblemente los confundieron con miembros de un cartel rival. Algunos estudiantes fueron asesinados con armas de fuego, otros escaparon y 43 fueronsecuestrados y, según se afirma, ejecutados. Los miembros del cartel indicaron que incineraron los cuerpos en un basurero municipal, en las afueras del pueblo de Cocula. Seissemanas más tarde, los investigadores federales manifestaron que encontraron bolsas con restos humanos, convertidos en cenizas, tanto en el basurero y como en un río cercano.
Las cenizas se enviaron al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Casi toda la materia orgánica de las cenizas había desaparecido, pero finalmente en el laboratorio lograron recuperar el ADN de dos estudiantes desaparecidos en los restos extraídos del río. En abril de 2016, desde el laboratorio afirmaron que no fue posible vincular a ninguno de los otros 41 estudiantes desaparecidos con los restos, ni con muestras de cabello ni vestimenta recuperadas en el basurero.
Desde el inicio, la reconstrucción de los eventos llevada a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) de México estuvo plagada de dudas. Ciertos hechos básicos, como la cantidad de autobuses secuestrados, difieren de los informes oficiales y los propios de los estudiantes que lograron escapar. (Según las teorías del GIEI, uno de los autobuses secuestrados pudo haber sido utilizado para transportar drogas, algo desconocido por los estudiantes.) Un grupo a cargo de supervisar la investigación en representación de los familiares de las víctimas cuestionó la procedencia y la cadena de custodia de las bolsas de cenizas. Los grupos de derechos humanos también sospechan que las confesiones de los miembros del cartel hayan sido obtenidas mediante tortura. Envuelto en críticas internacionales, el Gobierno de México aceptó que el GIEI iniciara una investigación.
El lugar de Australia donde se hizo el experimento. Foto tomada de video de Youtube
De esta forma, el grupo de expertos convocó a Torero. Nacido en Perú y formado en la Universidad de California, Berkeley, Torero investigó varios incendios de alto perfil, incluidos aquellos que provocaron el derrumbe de las Torres Gemelas. Los miembros del cartel declararon que incineraron los cuerpos en una pira de madera y neumáticos al aire libre. Según las estimaciones de Torero, para incinerar por completo 43 cuerpos de la manera descrita por los miembros del cartel hubiera sido necesario apilar entre 20,000 y 40,000 kilogramos de madera. Además, el científico puso en duda que fuera posible eliminar casi por completo la materia orgánica de los restos con un incendio a fuego abierto, en lugar de hacerlo en un horno. Y cuando visitó el basurero de Cocula en julio de 2015, Torero no advirtió evidencias de un incendio masivo. Finalmente, llegó a la conclusión de que no existen posibilidades de que los estudiantes hubieran sido incinerados allí.
En un informe emitido el 8 de junio, la PGR solicitó una verificación experimental. Torero asumió de forma independiente este desafío. Con una docena de estudiantes, simularon las supuestas piras de Cocula en un terreno del campus de Gatton en su universidad. Utilizaron madera completamente seca, apilada de forma precisa y dejaron de lado los neumáticos, que podrían haber reducido la eficiencia del fuego. Según Torero, la recreación experimental fue «el escenario ideal».
Su equipo incineró sistemáticamente cuerpos de cerdos. Incluso utilizando 630 kg de madera para un único cerdo de 70 kg, todavía se advirtió la presencia de un 10 % de la carne del cerdo después de que el fuego se consumiera, informó Torero a Science. Por tanto, para incinerar 43 cuerpos de un tamaño similar se hubieran necesitado más de 27,000 kg de madera, y aún en tal caso, tras el incendio habría subsistido cierta materia orgánica. Incluso en el supuesto caso de que el cartel hubiera sido capaz de conseguir toda esa cantidad de madera, las intensas llamas deberían haber dejado marcas en el tronco de los árboles cercanos, afirma Torero. Cuando el científico visitó el basurero 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas.
Torero también quemó hasta cuatro cuerpos de cerdos al mismo tiempo a fin de determinar si la grasa corporal podría haber servido como combustible para el fuego, facilitando la incineración total. Sin embargo, los investigadores advirtieron que cada vez que se agregaba un cuerpo, la intensidad del fuego disminuía. Por lo tanto, para quemar 43 cuerpos juntos se hubiera necesitado una cantidad mucho mayor de madera que si se los hubiera quemado por separado. «Los cuerpos tienen un gran porcentaje de agua», afirma Lentini. «No son un buen combustible.»
Durante el otoño, Torero tiene pensado someter sus hallazgos a una revisión por parte de sus colegas. Entretanto, espera que sus experimentos alienten a los investigadores de este siniestro caso a dar un paso más allá de Cocula. Además, el investigador afirma que hay que dejar de buscar en el basurero porque ahí no se encuentra la verdad de los hechos.













Mineras involucradas en el caso Ayotzinapa: Francisco Cruz y Miguel Ángel Alvarado
Héctor González
Septiembre 25, 2016 12:18 pm
En octubre de 2014, Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, estaban trabajando alrededor de las matanzas ocurridas en Tlatlaya y en la normal de Ayotzinapa.
Por separado los periodistas descubrieron puntos de coincidencia en sus investigaciones, fue entonces cuando se propusieron escribir un libro en conjunto, fue así como nació La guerra que nos ocultan (Planeta).
“Encontramos muchos cabos sueltos y concluimos que las autoridades nos estaban mintiendo abiertamente”, apunta Francisco Cruz para Aristegui Noticias.
Sus investigaciones partieron de retomar el caso de Julio César Mondragón Fontes, el joven encontrado muerto en Iguala el 27 de septiembre y que según la versión oficial murió torturado. “Él es el gran olvidado, dentro de los normalistas desaparecidos. Todo mundo le presta atención a los 43 y está bien, pero el crimen de Julio César es atroz: captura, tortura y desollamiento”.
Entre los cabos sueltos encontrados por los reporteros, destaca un teléfono celular que era propiedad del joven. El móvil y sus registros no fueron incluidos dentro de los reportes entregados por la Procuraduría General de la República al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los periodistas tuvieron acceso al detalle de las llamadas y rastrearon el sitio en que fueron realizadas. “Las coordenadas lo ubican en distintos ligares, además hay registros de llamadas entre el 24 y el 26 de septiembre, día en que los normalistas entran a Iguala. “Es un hombre muerto pero con un teléfono que registra y cuenta una historia. Nosotros no descubrimos el hilo negro, sólo seguimos su ruta”.
Para Miguel Ángel Alvarado, La guerra que nos ocultan, “cuenta la historia de la represiónen el país. No sólo es un libro sobre Julio, sino sobre los abusos en Guerrero.
El interés de los mineros
Su investigación apunta también al negocio de la minería. “Devasta a los pueblos, hasta ahora, el caso Ayotzinapa no se había conectado con las mineras. Sin embargo es un pueblo que a la luz de los hechos se convierte en un gran centro de reunión de todos los efectos por estas empresas. Los líderes antimineros de la región están muertos gracias a que las mineras trabajan de manera informal con el crimen organizado”.
A decir de los investigadores, las tierras que ocupan para la extracción de minerales son las mismas que se crimen utilizan para sembrar droga. “Las empresas tienen el amparo de las fuerzas armadas y del propio gobierno de México, quien les garantiza la extracción”
El 70% de las mineras que explotan los yacimientos en México son canadienses. Abunda Francisco Cruz: “La historia reciente empieza en 2000 y los términos son brutales. Se sabe de una mina que tiene 60 millones de toneladas de oro, mismas que se extraen para refinarlas con uranio y titanio. Lo mismo sucede en Sonora, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas. En este país la minería es un negocio para todos menos para la gente que vive en las comunidades”.
Con su libro, los periodistas dan un enfoque distinto a lo sucedido en Iguala. “Nadie había puesto la mira en estos elementos. Cerca de Ayotzinapa se han descubierto los mayores yacimientos de Guerrero por eso es fundamental”.
El misterio del teléfono
Dentro de la historia de represión en México, abundan documentos y archivos extraviados. Miguel Alvarado, sostiene que el celular de Julio César Mondragón es revelador porque su existencia y contenido se han mantenido ocultos: “El teléfono nos mapea la ruta que Julio sigue entre el 24 y el 26 de septiembre; pero entre la madrugada del 27 de septiembre al 4 de abril de 2015, hay registradas 30 actividades del mismo teléfono. No se usa para marcar, sólo para recibir; y hay ocho llamadas, cuatro en las inmediaciones del CISEN y cuatro adentro del Campo Militar Número 1”.
Francisco Cruz recuerda que en su último informe la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró la teoría de que mataron a Julio porque con su teléfono grabó los ataques a los normalistas. “¿Cómo te explicas que el teléfono de Julio César Mondragón Fontes, que debía ser el teléfono más vigilado de este país, esté activo durante meses? ¿Dónde está la inteligencia? Esto nos lleva a pensar que la CNDH trabaja para la procuraduría, le está sirviendo los platos para resolver un caso que no tiene solución. Además oculta el resto de las fotos. Nosotros tenemos 13 y la CNDH sólo presenta dos o tres”.
A esto se suma las distintas teorías sobre los argumentos de la comisión en relación al estado en que fue encontrado el cuerpo de Julio César Mondragón, pues en su informe expone que no fue desollado y los cortes en la cara fueron productos de los animales de la región.
“Dice que no pudo haber sido ocasionado por la mano del hombre porque la ropa no está manchada, esto significa que los animales tuvieron muchos modales para comer. Sin embargo, nosotros encontramos que el corte que tiene se llaman ‘corte de gota’ y es usado por cirujanos”, Miguel Ángel Alvarado.
Ambos investigadores coinciden que lo sucedido con Mondragón Fontes y los 43 normalistas desaparecidos es parte de una inercia histórica en Guerrero y concluyen: “En Guerrero hay un proceso sistemático para aniquilar y desaparecerá a líderes sociales,incluidos estudiantes, maestros, luchadores y antimineros”.



El día que la ONU llega a Ayotzinapa, el gobierno mexicano halla 40 posibles narcofosas
Por VICE News Septiembre 21, 2016 | 4:30 pm
A cinco días de que se cumplan dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades federales han informado del hallazgo de 40 áreas en el estado de Guerrero en las que podría haber innumerables fosas clandestinas.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), estos sitios se ubicaron en zonas clave: unos en el municipio de Iguala, lugar donde fueron vistos los estudiantes por última vez, y otros en Cocula, el municipio donde según las autoridades fueron incinerados los jóvenes.
Alfredo Hidalgo Bernal, jefe de la oficina de investigación del caso, señaló que para localizar las posibles fosas, la institución utilizó tecnología Lidiar — la cual se combina con equipos GPS , sensores laser y recolección de datos desde las alturas — que permite saber si una superficie de tierra ha sido removida.
Las imágenes tomadas desde una aeronave encontraron cuatro decenas de sitios en los que varios cuerpos pudieron haber sido arrojados. Sin embargo, el funcionario advirtió que para poder abrir las posibles fosas, los padres de los jóvenes deben de retomar el diálogo con la PGR, el cual rompieron desde el 18 de agosto pasado por considerar que las autoridades no han avanzado en la investigación sobre el paradero de sus hijos.
El hallazgo de las fosas fue dado a conocer al mismo tiempo en que representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) arribaron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, institución en la que se encontraban inscritos los 43 normalistas que fueron desparecidos, el 26 de septiembre de 2014, por agentes de la policía de Iguala en supuesta relación con el cártel de Guerrero Unidos.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con normalistas y padres de los desaparecidos, y les expresó su solidaridad y apoyo para encontrar a los 43 jóvenes y por "hacer valer el derecho de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición [del daño que han sufrido].
Asimismo, insistió en la plena disposición de la ONU para investigar las responsabilidad criminal de los hechos y dio visto bueno al recién creado mecanismo de seguimiento al caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobado a finales de julio pasado, en el que asesores técnicos de la CIDH, en colaboración con representantes del Estado mexicano, realizarán visitas al país para recopilar información e intentar esclarecer los hechos.
Finalmente, también el día de hoy, Amnistía Internacional (AI) publicó un comunicado en el que critica la falta de acción del gobierno mexicano para resolver el caso. "La tragedia de Ayotzinapa puso de manifiesto el encubrimiento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto a las violaciones de derechos humanos que han sucedido ante sus ojos", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Además la organización aseguró que el gobierno mexicano ha hecho todo lo posible por obstruir la justicia y ha empleado sus esfuerzos en proteger su imagen.



Chilpancingo: marchan en víspera del segundo año de Ayotzinapa
Sergio Ocampo Arista, corresponsal |  domingo, 25 sep 2016  13:16
Chilpancingo, Gro. Contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, marchan en esta capital en para exigir la presentación con vida de los jóvenes desaparecidos en Iguala, el 26 septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que mientras no se castigue a Tomás Zerón de Lucio, ex funcionario de la Procuraduría General de la República, no se sentarán a dialogar con el gobierno federal.
Recordó que Zerón “falseó las pruebas localizadas en el Río Cocula, donde supuestamente se incineraron a los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre.
Rosales Sierra confirmó que mañana en la ciudad de México, al cumplirse dos años de la desaparición de los normalistas, se efectuará una movilización en la que participarán contingentes de todo el país.











Las mujeres de Atenco
Por Daniel Berehulak
Hace más de diez años, cuando era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ordenó un operativo para reprimir a manifestantes que derivó en brutales abusos sexuales a decenas de mujeres. Las víctimas llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora ha solicitado una investigación sobre toda la cadena de mando involucrada con los hechos. Este es el testimonio de las víctimas.
“Tomé la decisión consciente de sobrevivir, de estar viva hoy, de sentirme bonita otra vez, de quererme, de verme en el espejo y reconocer a la persona que veo. Porque esto es lo que me robaron: mi forma de ser, de querer, de sentir”.Patricia Torres Linares, 33 años
“El estigma que recae sobre ti es terrible. Mi novio ya no quería estar conmigo, mis amigos me trataban como si fuera de vidrio y me fuera a romper todo el tiempo. Tuve que reconciliarme con el hecho de que la gente, mi propia familia, no sabían cómo tratarme”.Norma Aidé Jiménez Osorio, 33 años
“No lo he superado, ni tantito. Es algo que me persigue y a lo que no sobrevives, se queda contigo siempre. Nunca pude decirle a mi hijo y a mi padre que me violaron, no solo uno sino varios policías, los hubiera vuelto locos”.María Patricia Romero Hernández, 48 años
“Mi proyecto de vida se arruinó. Después de lo que pasó no tenía planes, ni a corto ni a largo plazo. Solo me dediqué a encontrar la forma de recuperar mi vida, de volver a confiar y de pensar que este mundo no es un lugar horrible”.Bárbara Italia Méndez Moreno, 37 años
“Este proceso de diez años ha sido muy difícil y al mismo tiempo muy hermoso. A pesar de lo lastimadas que estábamos, física y emocionalmente, nos tuvimos las unas a las otras, y no dejamos que eso nos destruyera”.Mariana Selvas Gómez, 32 años
“Se llevaron lo más valioso para mí, que es el tiempo, porque nadie vendería su tiempo, ni un segundo, ni por mil dólares, porque nunca lo puedes recuperar, nadie te lo puede regresar. Porque en el año y medio de vida que me robaron pude haber hecho tantas cosas”. Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, 30 años
“El hecho de que lleguemos a la Corte Interamericana es una forma de reconocer que esto realmente nos afectó. Que no fue una casualidad, sino más bien una estrategia de Estado hacia movimientos sociales y hacia el pueblo en general, y es un paso más para acabar con todo esto de una vez por todas”. Georgina Edith Rosales Gutiérrez, 60 años
“El señalamiento es muy duro. Yo no tengo una carrera, ¿qué puedo hacer? Por mis antecedentes nadie me da una recomendación de trabajo”. Yolanda Muñoz Diosdada, 56 años
“Mis hijos quedaron con un desorden emocional por lo que pasó. Mi hijo, que tenía ocho años en aquel momento, decía que me iba a sacar de la cárcel. Mi hija la más chiquita estaba llena de angustia, dibujaba policías con armas y sangre. Tenía seis años entonces”. Cristina Sánchez Hernández, 50 años
“Eso ha sido lo más difícil de soportar, lo que más me ha dado coraje durante todo este proceso: el ver que los que nos atacaron directamente salieran absueltos, que no pasara nada. Ni modo, así es la justicia aquí en México”. Ana María Velasco Rodríguez, 43 años
“Me duele saber que la Claudia de antes de Atenco ya no existe. Ella era alguien que luchaba siempre por igualdad y por los derechos de los demás, y lo hacía sin miedo. Ahora tengo miedo todo el tiempo”. Claudia Hernández Martínez, 33 años
Daniel Berehulak es un fotógrafo freelance trabajando en México para The New York Times.
‘Me quitaron la mitad de mi vida’: el dolor de las mujeres de Atenco, diez años después
Por PAULINA VILLEGAS 22 de septiembre de 2016
A Yolanda Muñoz la detuvieron en la azotea de una casa y la pusieron de rodillas. A su lado había una pila de cuerpos amontonados, golpeados y ensangrentados.
Todavía recuerda las botas negras de sus agresores, el encono de sus golpes: casi siempre pegaban en la espalda y en la cabeza, dice.
Los policías la subieron a un autobús tipo escolar junto a otras mujeres y hombres que, al igual que ella, creían que iban a morir. Y en cierto sentido no se equivocaba: en ese viaje de cinco horas que hicieron desde Texcoco —un municipio en las afueras de Ciudad de México— a distintas cárceles, a muchas de las detenidas les mataron una parte de ellas mismas.
A algunas le mordieron los senos, les pellizcaron los pezones. A una mujer la obligaron a darle sexo oral a varios policías. A otras las penetraron con los dedos o con objetos. Mientras los policías las golpeaban, las manoseaban y las denigraban, algunas eran forzadas a contar chistes para entretenerlos. A Yolanda Muñoz le hicieron mantener el equilibrio mientras sostenía una granada falsa en las manos.
Ella es una de las víctimas de las detenciones arbitrarias y torturas sexuales cometidas por fuerzas del Estado mexicano en mayo de 2006, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo para reprimir a un grupo de manifestantes.
Tras una exhaustiva investigación de años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que el gobierno mexicano no solo fue incapaz de otorgarles justicia a estas mujeres, sino que ese mismo sistema de justicia quebrado muchas veces persigue a sus propias víctimas. En su dictamen, la CIDH también exhortó a realizar una investigación completa para determinar a todos los responsables, y un posible encubrimiento de los hechos.
The New York Times entrevistó a las once mujeres que consiguieron que el caso trascendiera las fronteras de México —algunas de las cuales hablaron por primera vez públicamente sobre los abusos que sufrieron hace diez años—, que relataron el trauma y el dolor con el que han convivido desde entonces.
El operativo policial del 3 y 4 de mayo del 2006 tenía como fin acabar con un movimiento de protesta que había nacido de la oposición al proyecto de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco —a unos 50 kilómetros de Ciudad de México—, pero se había convertido en catalizador de otras luchas de reivindicación social.
La represión ordenada por el gobierno terminó con la muerte de dos personas, más de 200 detenciones y decenas de heridos graves. Los agentes de seguridad que participaron fueron acusados, entre otras violaciones a los derechos humanos, de torturar sexualmente a más de 20 mujeres.
Once de ellas decidieron denunciar los hechos y luchar por justicia, pero se vieron obligadas a llevar su caso a una instancia internacional después de toparse con trabas en la investigación de sus denuncias, e incluso con la difamación de autoridades locales, incluyendo al entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
En junio de 2006, un mes después de los hechos, Peña Nieto llegó a declarar a la prensa que la “fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno.
Más de una década después, la CIDH no solo ha emitido su dictamen a favor de las víctimas, sino que el sábado pasado envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente de México.
La oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación. Más allá de eso, sostienen, los casos judiciales en México nunca lo han hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres.
‘Me quitaron la mitad de mi vida’
Suhelen Cuevas soñaba con ser periodista y llegó a San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006 para cubrir los enfrentamientos que habían ocurrido la noche anterior en el municipio.
Edith Rosales era asistente médica, tenía 48 años, y había llegado a Atenco con una brigada de auxilio para atender a los heridos de la noche del 3 de mayo.
Norma Jiménez y Claudia Hernández eran estudiantes, y estaban allí para documentar lo sucedido: Norma para la revista “Cuadernos Feministas”, Claudia para estudiar movimientos sociales.
Patricia Torres también era estudiante: estaba escribiendo su tesis sobre el movimiento social de protesta en Atenco.
Bárbara Italia Méndez había llegado allí con una organización que atiende a menores en riesgo.
Cristina Sánchez acompañaba a sus hijos a la escuela y se dirigió después al mercado a realizar compras. Ana María Velasco había ido al mercado de Texcoco para hacer unas compras con su hermano y su cuñada. Yolanda Muñoz iba con su hijo caminando por la calle rumbo a Texcoco.
Patricia Romero había llegado al mercado Belisario Domínguez para trabajar con su hijo y su padre en el negocio familiar que tenían allí.
Mariana Selvas acompañaba a su padre a ofrecer sus servicios médicos en San Salvador Atenco.
Ese fue, para cada una de ellas, el último momento en que fueron tal como eran, antes de que sus biografías se partieran en dos.
De las más de 20 mujeres que fueron apresadas y torturadas sexualmente durante los enfrentamientos en mayo de 2006, las once que decidieron seguir con sus casos y llevarlos hasta una instancia internacional no solo comparten una misma lucha para que se reconozcan —y se castiguen— los abusos cometidos, sino también el intento por recuperar el control de sus vidas.
En la última década algunas de ellas encontraron en esta cruzada un nuevo propósito. Varias, con el apoyo de sus seres queridos, lograron salir adelante y continuar. Otras no corrieron con la misma suerte.
Algunas dejaron de estudiar y abandonaron sus proyectos. Perdieron parejas, inclusos sus hijos se alejaron de ellas, o sus seres queridos no lograron entender nunca ni adaptarse al trauma tan particular de una víctima de tortura sexual.
Para todas ellas la intimidad sexual es, en el mejor de los casos, un desafío; en los peores días, un suplicio.
A sus 30 años, prácticamente el único contacto físico que Suhelen puede mantener con naturalidad con su pareja es tomarse de la mano.
“Me quitaron la mitad de mi vida”, dice hoy, en la primera entrevista que da a algún medio desde que fue detenida y abusada por policías cuando era una estudiante de 19 años.
Sus ojos azul intenso se empañan con lágrimas, pero de pronto se abren de emoción y gratitud con la rapidez de la euforia: al menos vivió para contarlo, dice.
‘No me atreví a decírselos’
“Es como si te hubieran matado”, dice Mariana Selvas, que al momento de ser detenida tenía 22 años y era estudiante de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. “Y puedes quedarte muerto en vida con el miedo, con el dolor que no se quita, con el recuerdo, o puedes, aun con lo que pasó, tratar de encontrar un camino y la fuerza, tratar de vivir aun sin quitarte aquello que te mató en ese momento”.
Mariana fue detenida, golpeada, torturada sexualmente y tuvo que permanecer en la cárcel un año y ocho meses.
Después de haber sido abusadas durante el operativo, estas mujeres pasaron en prisión desde ocho días hasta dos años y ocho meses, acusadas por delitos que iban desde ataques a las vías de comunicación o ultraje y portación de armas hasta uso de explosivos y secuestro equiparado.
En estos años aprendieron que en un país donde el machismo atraviesa conductas sociales y culturales, el hecho de haber sido violadas sexualmente constituye una doble carga, un doble estigma. Y también una doble soledad.
Para Norma Jiménez seguir con el caso le ganó el rechazo de su padre, quien trata de desalentarla de continuar la batalla legal.
“Lo avergüenza”, dice.
A Patricia Romero, la vergüenza y el dolor de haber sido abusada sexualmente por varios policías le impidió compartir lo que le había sucedido con su padre y su hijo, que también fueron detenidos ese día, por miedo a causarles más daño.
“No me atreví a decírselos, los hubiera matado”, dice.
“Todavía recuerdo las voces de los tres o cuatro policías. Me acuerdo de cada detalle, los gemidos, el jaloneo. Todo es tan difícil”.
Tampoco tuvo la confianza para decírselo entonces a su esposo, ya que este en distintas ocasiones le preguntaba: “¿Verdad que a ti no te violaron?”.
Patricia trata, sin lograrlo, de contener el llanto.
“Yo hubiera esperado que me dijera: ‘No te preocupes, ya pasó’. Yo quería recargarme en él en ese instante, y eso nunca pasó”.
Patricia tiene 49 años y confiesa que, aún después de tantos años, no es capaz de llevar una vida sexual plena.
“¿Cómo podría disfrutar algo que antes me hacía feliz y que me destruyó?”, dice. Hoy, en esta entrevista, ha decidido revelar por primera vez los detalles de su abuso a sus seres queridos. “Ya es tiempo de que lo sepan todo”, dice.
Ella tenía 38 años cuando fue detenida en el mercado Belisario Domínguez en Texcoco. Después de ser arrestada arbitrariamente, torturada y abusada, estuvo en prisión dos años y ocho meses. Hoy todavía sufre hemorragias vaginales e hipertensión como consecuencia de la violación y los golpes recibidos durante su detención.
‘No somos las violadas de Atenco’
Claudia Hernández era estudiante de política en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y documentaba en Atenco la represión de las fuerzas de seguridad estatales a los jornaleros que se oponían al proyecto del aeropuerto.
Después de ser brutalmente golpeada hasta quedar casi inconsciente, fue trasladada al Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito. En el trayecto a bordo de un autobús con decenas de mujeres golpeadas fue torturada sexualmente por un policía.
“Ese día marcó mi vida, y lo único que quería hacer después era lastimarme”, dice.
A Claudia la corrieron de la casa de estudiantes donde vivía, nunca logró terminar su tesis y perdió a su pareja.
“Me siento tan chiquita comparada con lo que era. Me pregunto: ‘¿Qué he hecho en estos diez años?’”, se pregunta Claudia, cuya complexión diminuta contrasta con la fuerza de su voz y de sus gestos. “Supongo que sobrevivir”.
Patricia Torres tenía 23 años y escribía su tesis sobre el movimiento social de protesta de los pueblos unidos de San Salvador Atenco. Su cuerpo quedó cubierto de moretones por la golpiza que le dieron cuando la detuvieron. También fue abusada por los policías.
Después de pasar varios días en la cárcel, bebía sin control, se volvió paranoica y terminó dejando la universidad. No recuerda mucho lo que hizo durante el primer año después de la agresión. Lo único que recuerda es lo que no hacía: no salía a la calle, no reía, no hablaba, no convivía.
“Me robaron mi carrera, mi sueño de ser académica. Pensaba que la culpa de todo lo que me pasó era de los libros, así que nunca quise volver a la universidad”, dice.
Ni Patricia ni Claudia ni Suhelen terminaron sus estudios.
Ana María Velasco, de 43 años, llora cuando recuerda lo mucho que disfrutaba bailar, y lo introvertida que ahora se reconoce.
Claudia Hernández dejó de ser una luchadora social.
Suhelen Cuevas no se volvió periodista.
Bárbara Italia Méndez no volvió a soñar con ser mamá.
Yolanda Muñoz, que es viuda y perdió su trabajo al salir de la cárcel, solo puede mandar a uno de sus cinco hijos a la universidad después de los gastos que tuvo que afrontar su familia para sacarla de prisión.
“Yo no tengo una carrera, ¿qué puedo hacer? Por mis antecedentes nadie me da una recomendación de trabajo,” dice Yolanda, quien fue detenida cuando iba a vender tela al mercado de Texcoco.
Incluso diez años después, la angustia, el estrés del proceso legal y el miedo a las represalias ocasionaron que los hijos de Cristina Sánchez se alejaran de ella y se mudaran de su casa hace apenas un par de meses.
“Me pedían que dejara de hablar y pensar en lo que pasó porque les afectaba mucho, les daba miedo lo que podría pasar y tristeza recordar lo que ya había sucedido”.
Pero la decisión de estas once mujeres de continuar con la batalla legal les confirió un nuevo sentido de vida y una forma —a veces liberadora— de lidiar con el dolor.
“Me di cuenta de que había encontrado el propósito de mi vida,” dice Bárbara Italia Méndez, quien ha compartido su experiencia en múltiples espacios públicos, y se ha vinculado con otras víctimas de tortura sexual en América Latina.
Su mirada inteligente se ve diáfana a través de sus lentes. Ella es consciente de su racionalización del dolor.
Como una hermandad, todas ellas han logrado usar su coraje y sufrimiento como combustible para persistir en la búsqueda por justicia y así lograr, finalmente, una rara victoria de rendición de cuentas.
“No somos las violadas de Atenco, somos las mujeres que sobrevivieron y superaron lo que pasó en Atenco, yo sigo siendo yo, no soy esa etiqueta”, dice Suhelen, quien hoy en día surfea todas las mañanas en su ciudad natal de Los Cabos, en Baja California.