lunes, 24 de abril de 2017

Dossier de notas - 24 de abril (18 años Huelga CGH, Javier Duarte, Venezuela...)

18 años después... ¡LA HUELGA POR LA GRATUIDAD EN LA UNAM VIVE!

Del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000, el movimiento estudiantil desarrolló en la UNAM una imponente huelga que, contra viento y marea, defendió el derecho a la educación de los que menos tienen enarbolando la bandera de la gratuidad de la universidad pública.
La batalla no fue fácil, ni estuvo exenta de errores. Pero una característica que la marcó de principio a fin, fue la decisión de miles de estudiantes de bajos recursos de poner en juego todo, incluso la libertad o la vida, por defender un derecho para los que venían detrás. Esa histórica huelga plebeya fue encabezada por un sector de estudiantes a los que no pudieron detener las autoridades prometiéndoles que las medidas que se pretendían imponer, no les serían aplicadas a ellos. Esos estudiantes no pelearon por un beneficio para ellos mismos; no estaban dispuestos a permitir que sus hermanos, sus vecinos, sus hijos, en una palabra: los suyos, fueran expulsados de una vez y para siempre de la UNAM. Contra una concepción de universidad que ve a la educación superior como un privilegio sólo para los más capaces, se defendió con fuerza una idea muy distinta: una universidad para hacer más capaces a todos.

El inicio de la huelga

El 15 de marzo de 1999, Francisco Barnés de Castro, rector de la universidad, se fue a esconder con su Consejo Universitario al hospital de Cardiología para aprobar el aumento de cuotas en la UNAM. Desde febrero, la comunidad estudiantil había venido manifestando su repudio a esta medida, realizando asambleas, marchas, paros y convocando al rector a un debate público. Barnés y el resto de la derecha universitaria, ignoraron el llamado al diálogo porque pensaron que podrían doblegarlos. Tras la imposición del aumento de cuotas, los estudiantes organizaron consultas, discusiones salón por salón y asambleas para decidir la huelga, y se prepararon para dar la batalla. El 20 de abril a las cero horas, estalló la huelga en defensa de la gratuidad en la UNAM y se conformó el Consejo General de Huelga (CGH).
Las demandas del movimiento

Desde la rectoría, Barnés había avanzado en la imposición de varios aspectos del proyecto neoliberal en la UNAM.  En 1997 impuso la restricción del pase automático de bachillerato a licenciatura y la aplicación de un límite de tiempo para terminar cada ciclo escolar, dando de baja a quienes no lo cumplieran. Esta medida expulsaría de la UNAM más del 60% de los estudiantes, sobre todos a aquellos cuya situación económica y social les dificulta estudiar. Además se impusieron cobros ilegales por servicios en las escuelas y la UNAM se había sumado a la estrategia de control de acceso a la educación media y superior a través de un organismo privado, el CENEVAL. En otro terreno, Barnés construyó y fortaleció un fuerte aparato de espionaje político y de represión en la UNAM, que incluía cámaras en diversos lugares de CU y en las patrullas universitarias con la finalidad de grabar la actividad política de los estudiantes. El aumento de cuotas de inscripción fue la gota que derramó el vaso.


Todo lo anterior dio lugar a las demandas de la huelga: 1. Derogación del Reglamento General de Pagos y establecimiento de la gratuidad de la educación, 2. Derogación de las reformas de 1997, 3. Desmantelamiento del aparato policíaco de espionaje y represión, 4. Desvinculación total de la UNAM con el CENEVAL. 5. Congreso democrático para la transformación de la universidad, 6. Reposición en el calendario escolar de los días que durara la huelga.

El CGH

En las asambleas se nombraron representantes de cada escuela y facultad para construir una instancia representativa de dirección de la huelga. El 20 de abril nace el CGH en un combativo acto masivo en el auditorio Che Guevara. El CGH sería, a partir de ese momento, la instancia reconocida por los huelguistas para la toma de decisiones, donde se daban las polémicas acerca de la táctica y el único interlocutor válido para resolver el conflicto en la UNAM.  
Durante los primeros 4 meses de huelga, las autoridades de hecho, no reconocieron al CGH y negociaron con una de las posiciones presentes en esa instancia, conocida como los moderados,  brazo estudiantil del PRD Universidad. Ellos fueron desde el principio de la huelga, los defensores de los planteamientos de rectoría al seno del CGH. Las reuniones en lo oscurito  entre moderados y autoridades, contribuyeron al alargamiento de la huelga, pero dentro del CGH no convencían a nadie.

El desarrollo de la huelga

Uno de los pilares que sostuvieron la huelga estudiantil, fue el apoyo de los de abajo. Los estudiantes con sus brigadas, su propaganda, sus marchas zonales y sus grandes movilizaciones centrales, lograron crear una inmensa valla invisible para proteger su movimiento: la valla del respaldo popular. Durante 9 meses y medio, los estudiantes recorrieron diariamente con sus volantes y su palabra, colonias populares, zonas fabriles, vagones  del metro, micros y camiones, mercados, etc. Las máquinas de impresión trabajaban noche y día, las comisiones de prensa y propaganda discutían y redactaban los volantes para responder al gobierno, haciendo frente a la sucia campaña de desprestigio de los medios.
El otro pilar de la huelga, fue la discusión política permanente en reuniones y asambleas en cada escuela o facultad y en el CGH. Los estudiantes seguían de cerca las maniobras del gobierno, polemizaban con él en su propaganda, lo desenmascaraban y lo denunciaban ante la población, desbarataban sus calumnias y evaluaban constantemente cuál era la mejor forma de cerrarle el paso a sus agresiones.

El rompimiento de la huelga

El gobierno no pudo doblegar la resistencia estudiantil pero tampoco estaba dispuesto a aceptar su derrota. Optó por romper la huelga y encarcelar a casi mil universitarios. Para preparar las condiciones que le permitieran esa represión, Zedillo puso a De la Fuente en la rectoría y se apoyó en un sector de investigadores y profesores de tiempo completo de las facultades, en el que confluían la derecha y el PRD Universidad.
El 1 de febrero de 2000, el gobierno montó una provocación en Prepa 3 y detuvo a 300 estudiantes. Siendo el brazo derecho de De la Fuente, el ex rector José Narro –hoy secretario de salud del gobierno de Peña Nieto- , le puso un ultimátum al CGH: o entregaba de inmediato las instalaciones, sin ningún compromiso de la rectoría respecto a las demandas del movimiento, o se atenía a las consecuencias. El CGH dijo NO.
En los siguientes días, los estudiantes discutieron cómo enfrentar la inminente represión. Se prepararon para continuar la lucha aun fuera de las instalaciones universitarias y muchos de ellos decidieron defender su movimiento permaneciendo en las guardias.
El 6 de febrero a las 6 am, la Policía Federal Preventiva entró a la UNAM y detuvo a todos los representantes al CGH que se encontraban en reunión plenaria y a los estudiantes que estaban en las guardias. En los operativos del 1 y el 6 de febrero fueron detenidos 998 universitarios.

El desenlace

El movimiento estudiantil nunca se rindió. El 14 de febrero los estudiantes regresan a CU en una numerosa y combativa marcha, una vez que la PFP se había retirado. Tras un periodo de desconcierto, el CGH se levantó de nuevo. Las brigadas estudiantiles acosaban a De la Fuente, a Narro, y a cuanto director se les ponía enfrente. Los funcionarios optaron por huir cada vez que aparecían los cegeacheros. No pasaba un día sin un acto de repudio a una autoridad, una toma de dirección, un mitin o un cierre de rectoría.
Multitud de activistas optaron por no volver a clases mientras uno sólo de sus compañeros estuviera en la cárcel. En las escuelas se toman locales y máquinas de impresión para reorganizar la propaganda y los boletines de prensa. Hay un evidente clima de ingobernabilidad que dura hasta que todos los cegeacheros son liberados.
Es verdad que el gobierno rompió la huelga del CGH, pero el costo político de esa acción lo obligó a aceptar y respetar las demandas del movimiento porque el pueblo no le perdonó que reprimiera a sus mejores hijos. Las cuotas no aumentaron y en ese momento se echaron abajo los cobros ilegales, las reformas del 97 se suspendieron, la UNAM se desvinculó del CENEVAL, el CGH desmontó las cámaras espías y fueron destituidos los dos principales organizadores de porros y del espionaje político (Brígido Navarrete y Gerardo Dorantes).
¿Qué habría pasado en la UNAM si el CGH no detiene al gobierno?

Las cuotas aprobadas en Cardiología por Barnés eran de $680 para bachillerato y $1 020 para licenciatura. No representaban un aumento significativo en los ingresos de la universidad. Lo importante para ellos era romper la gratuidad, lo demás vendría después. Esas cuotas no permanecerían fijas, irían aumentando cada año, hasta que cada estudiante pagara el costo real de la educación universitaria. ¿Cuánto crees que tendría que pagar un estudiante hoy? ¿Tú estarías en la UNAM?
La huelga del CGH cambió la correlación de fuerzas dentro de la universidad. Gracias a ello, a 18 años se mantienen proyectos estudiantiles que buscan brindar mejores condiciones de ingreso y permanencia en la UNAM para hijos de los trabajadores. Entre ellos: el comedor de la Facultad de Ciencias manejado por estudiantes, que brinda comida nutritiva, higiénica, barata y sin lucro; el proyecto Eduktodos que distribuye libros baratos digitalizados; los cursos gratuitos que se dan en el CCH Oriente cada año preparar a jóvenes aspirantes al bachillerato. Hoy resulta difícil imaginar el ambiente represivo que se vivía en la UNAM en la época de Barnés.
Hasta el ex rector Narro tuvo que declarar, desde que aspiraba a encabezar la rectoría, que las propuestas de aumentar cuotas son “ideas trasnochadas”, hoy todos el que ha aspirado a ocupar ese cargo hablan de mantener la gratuidad. Pero ni el gobierno, ni sus representantes en la UNAM han renunciado a la idea de cobrar. En cada escuela y facultad, de acuerdo a la correlación de fuerzas local, han ido reimponiendo los cobros ilegales, llegando a extremos como cobrar $5000 semestrales en algunos posgrados.


¡Ahora nos toca a los nuevos estudiantes retomar las banderas del CGH y continuar esa lucha!


Son 22 gobernadores del PRI los acusados de desvíos con EPN; el monto en duda: 258 mil millones
Este video se puede consultar en el siguiente link: https://youtu.be/cttW5zZiK3U

SinEmbargo
abril 22, 2017

De norte a sur, el PRI ha dañado los recursos públicos de los 22 estados del país que ha gobernado durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto que inició en diciembre de 2012. El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, presumió en una noche de copas poseer 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo; al ex Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, se le descubrió una casa de 340 millones de pesos de 8 mil 357 metros cuadrados, en Nuevo León; y el aún Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, presumió su rancho “El Ensueño” de 40 millones de pesos, con un lago y criadero de caballos… ¿Cuántos millones de pesos han desviado los gobernadores priistas tan solo en este sexenio?
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– De los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, sólo entre los 22 que son priístas han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus señalamientos destacan ropa de lujo, mansiones, un banco o un rancho con lago incluido.
De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destacan las gestiones del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.
Pero los Duarte sólo son una parte del desfalco total de los mandatarios emanados del PRI a las entidades del país.
Un juez dictó un auto de formal prisión en contra del chihuahuense a finales de mayo, pero desde que circuló una fotografía del priísta en Texas, Estados Unidos, se desconoce su ubicación.
Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos, que sumaron 80 mil millones de pesos, de sus propios fondos públicos a la Unión de Crédito Progreso, el banco del que Duarte Jáquez es socio. En un sólo día, el 2 de diciembre de 2013, el Gobierno de Chihuahua depositó al banco mil 208 millones de pesos.
Además, en noviembre pasado, el panista Gustavo Madero denunció al ex Gobernador por el supuesto desvío de al menos 500 millones de pesos a través de empresas fantasma.
La actual administración de Chihuahua ha evidenciado también el desfalco de César Duarte. El Gobernador Javier Corral lo ha acusado de tener una “red de corrupción”; y el Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes, documentó que la deuda del estado creció 284 por ciento durante la gestión del priísta al pasar de 12 mil 547 millones a 55 mil millones de pesos. En relación al Producto Interno Bruto Estatal (PIB), la deuda equivale a 8.3 por ciento, lo que la pone como la más alta en todo el país.
Javier Duarte de Ochoa, también buscado por la Interpol y localizado el 15 de abril en un hotel de Guatemala, es señalado por delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186 días de permanecer fugado.
La ASF presentó 54 denuncias penales ante la PGR por irregularidades en el manejo del dinero público en su administración en Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos y durante su audiencia en el país sudamericano se le señaló de manejar una red de corrupción.
Por nivel de desfalco le sigue el actual Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. Este abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Coahuila denunció ante la PGR al Gobernador por el desvío de 32 mil millones de pesos durante su administración y la de su hermano, Humberto Moreira.
De acuerdo con información de la cuenta pública y del Sistema Integral de Inversión Pública (SIP), de 2006 a 2011 se declaró esa cantidad como inversión, pero no constan como realizadas en ningún lado. En septiembre de 2016, el Blanquiazul también denunció penalmente a Rubén Moreira por el presunto desvío de 160 millones de pesos a empresas fantasma.
El cuarto lugar es para el priista Aristóteles Sandoval Díaz, quien ha gobernado Jalisco desde 2013. La Auditoría Superior de la Federación llamó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos de 2011 a 2015.
Jalisco figuró entre los estados con más observaciones por parte de la ASF a nivel nacional en sus cuentas públicas 2015, publicadas en febrero de este año. En el ejercicio fiscal de 2015 la entidad fue alertada por 2 mil 290 millones de pesos.
El quinto sitio en cuanto a mayor desvío lo ocupa la gestión del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
El Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF expuso que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015.
De 20 observaciones, el gobierno mexiquense sólo ha aclarado tres.
LOS QUE COMPLETAN EL TOP 10
El erario público de Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Quintana Roo y Colima también ha sido víctima del PRI.
Al norte del país, Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión preventiva en el penal de Topo Chico, en Monterrey el año pasado. Fue acusado por peculado y daño patrimonial al erario público por 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por incentivos ilegales y exención de impuestos a la automotriz coreana KIA, la cual estableció una planta en el municipio Pesquería.
Sin embargo, el priísta salió libre en menos de un día porque el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había presentado a comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen penas de uno a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha cometido ninguno y acusó el daño a su imagen. El siete de abril acudió a la Fiscalía Anticorrupción estatal a declarar.
En mayo del 2013, el programa “Telereportaje” de la estación de radio XEVT en Villahermosa, Tabasco, difundió un audio en donde al entonces Gobernador Andrés Granier Melo (2007-2012) se le escucha afirmar que tiene 400 pares de zapatos, mil camisas, 400 pantalones y 300 trajes de marca de lujo, los cuales, aseguró, compró en tiendas de Rodeo Drive, en Los Angeles, California, y de Saks, en la Quinta Avenida, en Nueva York. El priista aceptó haberlo dicho por estar “pasado de copas”.
Granier Melo ha estado encarcelado desde 2013 en el penal de Tepepan, en la Ciudad de México, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría de Tabasco lo acusó de dañar las finanzas de la entidad sureña al dejar una deuda pública por 20 mil millones de pesos y por la desaparición de 2 mil 604 millones en efectivo de las bóvedas de la Secretaría de Finanzas estatal a finales de su último año de sexenio. En julio de 2016 un juez lo acusó de defraudación fiscal por 224 mil 352 pesos.
El último priista en asumir una guberantura durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fue Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador de Michoacán (2012-2014).
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán lo investiga por desviar 2 mil 323 millones de pesos. El priista, quien también es señalado por su relación con el crimen organizado, instruyó a su ex Secretaria de Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, a desviar los recursos del erario público.
Al sureste del país, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño patrimonial al estado por más de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con el coordinador del Eje de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no ingresó mil 928 millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado. Además, el empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de 200 millones de pesos a través de 26 empresas fantasma.
El décimo lugar, en cuanto a mayor monto desviado, le pertenece a Mario Anguiano Moreno, ex Gobernador de Colima (2009-2015). El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) estatal reportó que su administración desvío más de 2 mil 119 millones de pesos.
El informe, que cubre 2013, 2014 y 2015, detalló que el desvío más grande fue en el rubro de servicios personales, ya que mil 867 millones de pesos originalmente fueron presupuestados para obra pública. También se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos, así como un gasto de 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación para seguridad pública que nunca se llevaron a cabo.
LOS DESVÍOS EN EL CENTRO DEL PAÍS
Siguiendo con el orden de mayor a menor cantidad de recursos públicos desviados por gobernadores del partido Tricolor, los cinco siguientes priístas administraron entidades ubicadas al centro del país.
Miguel Alonso Reyes, actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), enfrenta una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y desvío por mil 307 millones de pesos durante su gubernatura en Zacatecas (2010-2016).
De acuerdo con las dos denuncias de la ex candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldía de Zacatecas, María Soledad Luévano, durante la administración del priísta hubo un desvío de 307 millones de pesos de recursos públicos mediante 24 empresas fantasma, así como un desvío de mil millones de pesos en gastos de Comunicación Social.
En Aguascalientes, la Auditoría Superior de la Federación detectó durante el penúltimo año de la gestión del ex Gobernador, Carlos Lozano de la Torre (2010-2016), un desvío por 812 millones de pesos.
Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, evaluó que de todo el sexenio debe ser más. “800 millones es una cantidad mínima, deben buscarle más y ser más enfáticos”, dijo.
El actual Gobernador, Martín Orozco Sandoval, declaró a la prensa “moches” en el sector salud cometidos durante el sexenio de Lozano de la Torre.
En noviembre del año pasado, el arquitecto Norberto Núñez denunció penalmente a Lozano de la Torre y a funcionarios de su administración, por la utilización sin su autorización de un eslogan de la entidad y un manual de acciones para promoverse en propaganda.
Francisco Olvera, ex Gobernador de Hidalgo (2011-2015), fue señalado por hacer un negocio por 600 millones de pesos con 3 mil concesiones de taxis, costear fiestas privadas de 300 mil pesos, así como asistir con su familia al Super Bowl.
En los últimos tres años de su gestión, Radio y Televisión de Hidalgo fue dirigida por Sergio Islas, quien fue inhabilitado y multado por un desvío por más de 100 millones de pesos.
En tanto, el ex Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera (2010-2016), y tres de sus ex secretarios presentaron amparos para evitar ser detenidos. De acuerdo con su sucesor, José Rosas Aispuro, el priísta le entregó una deuda pública por 15 mil millones de pesos y se presumen malos manejos financieros, falta de transparencia e irregularidades en las finanzas estatales.
En la dependencia de Salud estatal, documentó, existen adeudos por alrededor de 450 millones de pesos principalmente con empresas farmacéuticas que han dejado de abastecer a la dependencia. Además, en Obras Públicas se hizo público el pago de obras inexistentes, deficientes e incluso con sobre precios, así como la discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos de obra pública.
Durante la administración del priísta Fernando Toranzo Fernández (2009-2015), la Auditoría Superior de San Luis Potosí investigó la desaparición de recursos del fondo de pensiones de trabajadores de telesecundarias por 400 millones de pesos.
Asimismo, en agosto del 2013 el Gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató con recursos federales a un abarrotero, a una empresa que vende aparatos eléctricos, a una agencia de publicidad, a una editorial, a una compañía cuyo rubro principal es la venta de telas, y a una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en seguridad.
Todos ellos cobraron durante ese año al Gobierno de San Luis Potosí casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del Delito, en el rubro “servicios de consultoría especializada”, solicitados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Y EL PILÓN
El priísta Egidio Torre Cantú llegó a la gubernatura de Tamaulipas (2011-2016) porque su hermano, Rodolfo Torre Cantú, quien era el candidato original, fue asesinado presuntamente por un cártel.
El primer candidato independiente a Gobernador de esa entidad, Francisco Chavira Martínez, probó con documentos que el ex mandatario posee una casa valorada en 340 millones de pesos sobre una superficie de 8 mil 357 metros cuadrados, en el predio “La Ventura”, del municipio San Pedro Garza García, Nuevo León.
“Nos dimos cuenta que no era una casa normal, que tenía proporciones fuera de lo normal para un Gobernador, ni siquiera a un Presidente de la República. Y caímos en la realidad de siempre, que los Gobernadores salen de su cargo siendo millonarios”, expuso el también empresario.
Chavira Martínez ha exigido que se procese por desvío de los recursos. El contralor de la entidad, Mario Soria Landero, dijo que la Auditoría Superior de la entidad ya investiga.
La administración del priísta Mariano González Zarur en Tlaxcala (2011-2016) también fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por daño patrimonial a la Secretaría de Salud estatal por 71 millones de pesos.
Además, el Diputado panista Julio César Álvarez García acusó la desaparición de casi 23 millones de pesos en fertilizante que no llegó a los agricultores tlaxcaltecas durante su gestión.
En cuanto a Querétaro, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denunció ante el Pleno que la pasada administración del ex Gobernador priísta, José Calzada Rovirosa (2009-2015), desfalcó al erario con más de 73 millones de pesos.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, su gobierno autorizó “pagos improcedentes” de 46 millones de pesos por obra pagada que no se ejecutó, 22 millones de pesos por diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados conforme al proyecto; y 3.1 millones de pesos por servicios que no se prestaron.
Por su parte, la gubernatura en Nayarit de Roberto Sandoval (2011), quien entregará el cargo en unos meses, se salpicó con la detención del Fiscal General, Edgar Veytia, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Pero el martes un grupo de políticos lo denunciaron ante la PGR por enriquecimiento inexplicable: es dueño del rancho El Ensueño con un valor de 40 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Aután, municipio de San Blas. Abarca más de 30 hectáreas y cuenta con un lago y criadero de yeguas, caballos y mulas.
“Hicimos un cálculo de sus ingresos de un año como Diputado local, tres años como Presidente Municipal y un año de Gobernador (lo compró en 2012), y sus ingresos fueron por 4.7 millones de pesos, aproximadamente. Aun si no hubiera gastado en nada, ese recurso tampoco alcanzaría para esa propiedad”, apuntó el ex Secretario de Ayuntamiento de Tepic, Rodrigo González Barrios.
En Yucatán, el Gobierno de Rolando Zapata Bello, que arrancó en 2012, desvió 30 millones 17 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Además, el abogado Juan Ongay Lara lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por traspaso ilegal de tres mil hectáreas de tierras de Ucú al Fideicomiso del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey)
Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de 6 millones 644 mil pesos de los programas federales en la Secretaria de Educación del Estado de Campeche (Seduc) durante la gubernatura del priísta Fernando Eutimio Ortega Bernés (2009-2015).

El camino de Javier Duarte hacia la cárcel, de ser joven promesa en Córdoba hasta su caída
Manu Ureste (@ManuVPC)
abril 23 2017 06:00
Excompañeros de escuela y de partido, así como funcionarios que trabajaron en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa hablaron con Animal Político y  trazaron un perfil del expolítico priista, quien gracias al trabajo de su madre como panadera logró estudiar en los mejores colegios de la tierra donde creció, Córdoba, y llegar hasta la gubernatura de Veracruz, donde presuntamente orquestó  una trama multimillonaria de corrupción.
Un proceso de transformación incluso física, que llevó a Duarte de ser un hijo ilustre de Córdoba, a un político expulsado y rechazado por su propio partido, y por su propia gente.
“Atrapado”
La mujer viene caminando por los Portales centenarios de la ciudad de Córdoba y se sienta a la mesa de este viejo café tipo colonial, donde en 1821 se firmaron los primeros tratados de Independencia de México. Saluda, sonríe, y pide que se la identifique como María, puesto que aunque ya no es militante del PRI, en la campaña de 2010 colaboró con el partido para llevar a Javier Duarte a la gubernatura del estado.
María ordena un lechero y echa un vistazo de soslayo a la portada del 16 de agosto del diario El Mundo de Córdoba, en la que se exhibe a Duarte con un titular que exclama a ocho columnas: ‘Atrapado’.
Sonríe de nuevo y comienza a narrar con voz queda que aún recuerda a ese Javier Duarte exultante de apenas 36 años. Cuando llegaba a este mismo lugar con batallones de periodistas que le pedían una entrevista, y cientos de personas que vestían playeras rojas con su rostro sonriente, camisa arremangada hasta los codos, el dedo índice señalando el horizonte, y el compromiso de llevar  ‘adelante’ a Veracruz.
Era marzo de 2010. Y Duarte estaba en la cumbre de su carrera.
El PRI lo acababa de elegir por aclamación –y por recomendación- como candidato a la gubernatura para sustituir a su mentor personal y padrino político, Fidel Herrera. Y la propaganda del momento lo presumía como una figura emergente: joven, con licenciaturas, maestrías y doctorados en Europa, casado con una chica de “familia acomodada” de Coatzacoalcos, y con una carrera fulgurante tras su paso por la Secretaría de Finanzas, y una diputación federal que ganó tras arrasar al PAN en el verano de 2009.
Javier Duarte, se suponía, era el futuro del PRI veracruzano.
Uno de los exponentes de su partido que buscaría recuperar la Presidencia de la República en 2012. Y aunque, como dice María, “nunca tuvo el carisma que sí tenía Fidel Herrera”, la mayoría de la militancia “lo veía como un buen candidato”.
“Duarte no llegó con la idea de robar; se rodeó de gente tóxica”
En cambio ahora, un día después de que el sábado 15 de abril de 2017 Duarte fuera detenido en Guatemala acusado de desviar miles de millones del erario público a través de una red de empresas fantasma, aquellos desayunos-ruedas de prensa a los que asistían incluso ‘celebrities’ de la televisión nacional para mostrarle su apoyo, están enterrados en el olvido.
Como también se olvidaron muchas de las promesas electorales que hizo para esta región. Por ejemplo, la autopista Córdoba-Xalapa, de 71 kilómetros y una inversión de mil 600 millones de pesos que nunca se ejecutó. O el libramiento ferroviario que no se construyó. O la reconstrucción del Mercado Revolución que no se materializó, a pesar de la promesa de invertir 450 millones de pesos. Y así un largo etcétera.
“En algún bolsillo se quedaron los 3 mil 500 millones que Javier Duarte prometió invertir en la zona de Córdoba”, escribe el periódico local El Mundo.
María lee la nota y concede que “nunca” imaginó “la dimensión de todo lo que publican” los medios sobre el candidato que apoyó.
-Que ganara Javier fue un orgullo para Córdoba, porque aunque nació en el Puerto, vivió gran parte de su vida aquí. Sin embargo ahora –agarra la portada haciendo una pinza con el pulgar y el dedo índice-, lo que sentimos es vergüenza por haberlo apoyado y haber confiado en él.
Pero ojo, advierte con el dedo índice alzado, a Javier Duarte todavía hay que llevarlo ante la Justicia, para que ésta determine si, en efecto, es culpable del desvío multimillonario de recursos. Y para que dictamine si, como todo apunta, otros funcionarios, hombres de confianza, y familiares, como su esposa Karime Macías, participaron en la trama de corrupción.
-No creo que Javier tuviera la idea de llegar al gobierno para robarse todo –asegura María tras dar un último sorbo al café-. Lo que sé es que, nada más llegar al poder, se rodeó de gente tóxica que se aprovechó de él.
“No te imaginabas a Javier como gobernador, pero tampoco como el gran ratero”
Caminando por el zócalo de Córdoba, entre el edificio colonial del Ayuntamiento, y la antigua Catedral de dos campanarios y fachada color azul aguado, se aprecia a simple vista los efectos secundarios de otra promesa incumplida de Duarte: la (in)seguridad.
En unos metros cuadrados de bancas de hierro, fuentes y globos de colores, un pelotón de la Policía Militar –vestidos de camuflaje, chalecos antibala, fusiles de asalto, y con cámaras atornilladas al casco- patrullan por el centro de esta ciudad que, en septiembre de 2016 –un mes antes de la fuga de Duarte-, fue incluida por el Gobierno Federal en el top 50 de municipios con más homicidios en México.
A varias cuadras del zócalo, sobre una avenida por la que se arrastran autobuses arcaicos de los años 70, hay otro café donde espera sentada en la terraza una excompañera de Duarte en una escuela privada de Córdoba, quien prefiere que se la nombre como Isabel.
Cuando se le comenta que la intención de la entrevista es conocer más sobre la vida de Duarte antes de ser uno de los prófugos más buscados por la justicia en México, Isabel apoya los codos en la mesa y con voz casi susurrante dice que ella y varios de sus excompañeros recuerdan a Javier Duarte por cuatro razones.
Una, porque su padre, Javier Duarte Franco, empresario ganadero, murió en el sismo del 85 mientras se encontraba en Hotel Regis de la Ciudad de México; dos, porque su madre, María Cecillia de Ochoa, “era una señora muy trabajadora” que tenía una panadería artesanal y vendía donas en la escuela; tres, por su “voz de pito”. Y cuatro, porque a Javier casi no le llamaban por su nombre, sino por su apodo: “El Caremo”. O “el cara-de-moco-“, dice con una sonrisa maliciosa Isabel, aunque otras versiones de excompañeros aseguran que el sobrenombre se debía a una caricatura.
-Javier no era alguien con un carisma que sobresaliera. Era más bien del montón, nadie destacado. Es decir, viéndolo en aquella época de adolescente, jamás hubieras imaginado que llegaría a ser diputado ni gobernador. Pero tampoco que fuera a ser el gran ratero que parece que es.
“Ansiaba el poder para competir con las familias de dinero”
Isabel estruja la botella de agua que casi vació de un trago por el calor y la fuerte humedad que empapa a Córdoba al mediodía, y tras un breve silencio añade que lo que sí destacaba del Duarte previo a la política es que era un joven “acomplejado”, que sufría bullyng por la voz, la obesidad, y sobre todo, por la falta de dinero en una escuela “muy elitista” donde él solo llegaba a clase media acomodada.
Ingredientes, opina, que fueron forjando la personalidad de un hombre que ansiaba conquistar el poder para “competir” con esas familias “de dinero y apellido”. Y para dominar a quienes lo criticaban, o se reían de él.
“En Finanzas siempre nos decían: no hay dinero”
Alberto pide anonimato por dos motivos: primero, porque fue a la preparatoria con Duarte, donde “en las primeras pedas (parrandas)” se reía de él cuando éste le confesaba que “quería ser Presidente de México”. Y segundo, porque trabajó en la Secretaría de Finanzas de su administración.
En algún punto de un bulevar adornado con palmeras de balanceo hipnótico, Alberto comienza su narración dejando primero claro un matiz: entiende que la gente piense que quienes trabajaron para Duarte son también “una bola de rateros”. Pero asegura que, en realidad, “la gran mayoría de empleados no sabíamos nada”.
-Nunca nos esperábamos la magnitud del fraude. De hecho, muchos en Finanzas defendíamos a Javier porque es cierto que él recibió un estado al borde de la quiebra tras la administración de Fidel Herrera.
Por eso, agrega, no les parecía tan extraño que no se hicieran grandes inversiones en infraestructura. Porque el mensaje que les llegaba “desde arriba” siempre era el mismo: “no hay dinero”.
Y así lo creyeron, insiste. Hasta que los escándalos y los millones comenzaron a brotar.
“Ni Javier ni Karime midieron su avaricia”
Tras el caso de las empresas fantasma, denunciado por Animal Político en mayo de 2016, Alberto dice que se dieron cuenta de que “el mito de la licuadora” era cierto.
-Decían que era una cuenta donde se metían todos los recursos que llegaban a Veracruz desde diferentes aportaciones del gobierno federal, y ahí se mezclaba todo para perder el dinero. Y bueno –deja un espacio para la pausa-, a la vista está que no era solo un chisme.
Además, el desvío de millones cuadraba con los lujos de Javier y sobre todo de su esposa, Karime Macías; quien se presume tejió una red de vínculos que le permitió tener acceso a millones de pesos provenientes de recursos públicos, que le dio una vida de departamentos en Nueva York, mansiones, diamantes, y de viajes en avión del estado para ir a la peluquería.
-En política sabes que el gobernador va a dejar su cargo más rico que cuando entró –dice. Pero ni Javier, ni Karime midieron su avaricia.
De hecho, aunque tal y como publicó Animal Político, Duarte comenzó a fraguarse un patrimonio inmobiliario en México y Estados Unidos de casi mil millones de pesos desde el primer mes de su administración, Alberto recalca que fue en los últimos dos años de gobierno cuando su excompañero de prepa “perdió totalmente el piso”.
-Gente de su propia familia y de su círculo más cercano, ya comentaban que Javier se había encerrado en su mundo de fantasía. Él mismo se felicitaba porque Veracruz iba muy bien. Que la seguridad estaba de poca madre, y que no había corrupción,  pobreza, ni desempleo. Cuando todos veíamos desde adentro del gobierno que la realidad era muy distinta.
El exfuncionario respira hondo, encoge los hombros, y concluye.
-Javier llegó a creerse sus propias mentiras.
“No reconozco a Javier”
En el parque industrial de Córdoba, donde varias factorías que tuestan grano impregnan de olor a café buena parte de la ciudad, hay varios locales de comida corrida. En uno de ellos, espera otra mujer que no se llama Aurora, pero que también pide anonimato porque aún trabaja para el gobierno de Veracruz.
Aurora cuenta que conoce a Javier, como lo menciona con tono maternal durante la entrevista, desde que en 1988 comenzó su carrera política como asistente en el Senado de su “segundo padre”, Fidel Herrera. En ese entonces, Duarte era “un chico tranquilo y educado”, que mostraba interés “en ayudar a la gente”.
-Cuando fue primero subsecretario de finanzas (en el 2004), yo personalmente vi cómo atendía situaciones de personas enfermas necesitadas. Era una persona que sí estaba en contacto con el pueblo.
O al menos, matiza a colación, así era en aquel entonces.
-Luego, no sé qué le pasó. Tal vez la gente lo cambió. Y el poder lo mareó.
Y como ejemplo de esa transformación, Aurora agarra la contraportada de El Mundo y observa una línea del tiempo en la que se observa cómo las expresiones relajadas del rostro de Duarte fueron cambiando desde 2010, hasta el rostro tenebroso de mirada fija de su último año en el gobierno.
-Esta foto es terrible. Me espanto solo de verla.
Aurora señala la fotografía en la que se ve a Duarte sentado en carro entre dos policías de Interpol, y mirando con una sonrisa extraña hacia el mismo horizonte que siete años atrás apuntaba con su índice para prometer que Veracruz iría ‘Adelante’.
-Ya no reconozco a Javier –lamenta la señora absorta en la fotografía-. No tiene nada que ver con el buen muchacho que yo conocí años atrás. Sufrió una metamorfosis.


El Gobierno de Eruviel nos ataca para robarnos el agua y dársela a las empresas: nahuas y otomíes
Por Dulce Olvera
SinEmbargo
abril 15, 2017

El Gobierno del Estado de México ha intentado arrebatar los sistemas autónomos de agua de comunidades indígenas para que autoridades municipales tomen su control y después los cedan a megaproyectos. Nahuas y otomíes, en San Pedro Tlanixco y San Lorenzo Huitzizilapan, han acusado represión a su lucha. Durante 13 años, seis nahuas han vivido presos por defender sus recursos naturales.
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Habitantes de la comunidad nahua en San Pedro Tlanixco y de la otomí en San Lorenzo Huitzizilapan, ambas ubicadas en el Estado de México, han luchado durante años contra el intento del Gobierno mexiquense de privatizar su agua y bosques, símbolos de sus usos y costumbres, para instalar megaproyectos como desarrollos inmobiliarios, autopistas o incluso campos de golf.
En San Pedro Tlanixco, cerca del Nevado de Toluca, a sus habitantes se les arrebató, en 2001, el uso del río Texcaltengo, que nace en su territorio, para entregarlo a empresas de floricultivo, algunas de capital extranjero, según lo narrador por un antropólogo de la zona. Seis de los habitantes que se manifestaron en contra fueron acusados de homicidio, a raíz de un accidente, y han vivido presos por más de una década.
En el caso de San Lorenzo Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, son las autoridades locales priistas las que han intentado dividir a la comunidad para entregar su sistema autónomo de agua a la administración estatal, acusó uno de sus habitantes.
El pasado 10 de abril, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró una planta de Grupo Peñafiel en Tecamac, donde también tienen un sistema autónomo de administración de agua. La empresa refresquera operará y extraerá el líquido del acuífero Cuatitlán-Pachuca a pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió veda debido a su sobreexplotación.
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Por-que-la-oposicion-venezolana-sigue-en-las-calles-20170421-0063.html
En el Estado de México, 80 de sus 125 municipios tienen sistemas comunitarios y autónomos de administración del agua de sus manantiales o ríos.
EL AGUA DE LOS NÁHUAS
Seis indígenas nahuas han vivido presos 13 años por defender su agua y tierras. Tres de ellos están condenados a 50 años de cárcel desde 2006. Habitantes de San Pedro Tlanixco, comunidad cercana al Nevado de Toluca, han luchado contra el despojo del río Texcaltengo, el cual nace en su territorio, pero se extiende al municipio Villa Guerrero, principal productor de flores del país con quien tienen un conflicto, afirmó el antropólogo y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, David Silva Carmona.
En 2001 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) canceló la concesión de uso para la comunidad nahua y el gobierno mexiquense entregó el río para el cultivo de flores a la Asociación de Floricultores del municipio Villa Guerrero (ASFLORVI), dirigida y fundada en 1991 por Rodolfo López Iturbe.
Esta unión integra a alrededor de 600 socios –entre ellas empresas extranjeras– y provee a la Central de Abastos. Ocupa más del 50 por ciento de espacio en venta de flores y hortalizas a nivel nacional.
“Nos dimos cuenta de que el Gobierno estatal quería que nos confrontáramos con otras comunidades vecinas y por medio de engaños nos construyeron un pozo artesanal para el uso doméstico. Después pudieron concesionar el agua y la pusieron en las manos de las empresas floricultoras”, dijo la comunitaria Rosario Peralta a la agencia autónoma de comunicación Subversiones.
Desde entonces ha florecido la industria floricultura y también hay concesiones mineras en ese territorio, lo que genera desabasto del agua para la comunidad, expuso el académico Silva Carmona.
A finales de 2016 se conformó un Comité de Agua de San Pedro Tlanixco para administrar un pozo que la Alcaldía de Tenango del Valle instaló para la comunidad indígena. Pero antes de eso, a raíz del despojo, el suministro de agua potable era mediante pipas.
Sin embargo, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez, Dominga González, Téofilo Pérez, Pedro Sánchez y Rómulo Arias siguen presos en el penal de Almoloya de Juárez luego del conflicto por el despojo del río Texcaltengo hace 16 años, contexto en el que murió una persona al caer de un acantilado. Ellos fueron culpados de homicidio por el accidente.
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló de “terroristas” a algunos habitantes y de haber llamado “a un linchamiento” a través del sonar de campanas, un acto que forma parte de sus usos y costumbres, ha documentado el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El “Movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida en San Pedro Tlanixco”, por su parte, acusó que “ésta injusticia tiene que parar, porque nuestros compañeros y nuestra compañera no han cometido ningún delito y han vivido tantos años de prisión injustamente”.
El colectivo exige al gobierno federal, estatal y al Juez primero penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, Maximiliano Vázquez Castañeda, que en sus manos está resolver una sentencia absolutoria, que es lo menos que merecen nuestros compañeros”.
EL AGUA DE OTOMÍES
E.S. un habitante de San Lorenzo Huitzizilapan en el municipio de Lerma, enclavado a la montaña, acusó un intento de despojo integral de agua, tierras y bosques. Se compone de 12 delegaciones bajo un régimen comunal y sus sistema autónomo de suministro de agua, que se alimenta del sistema Cutzamala, lleva 18 años.
“Lo que no queremos es que el Gobierno municipal coopte a las comunidades para poder administrar todos los sistemas autónomos de agua”, indicó.
En julio de 2014 las autoridades intentaron imponer una asamblea de comuneros, en ese entonces dirigida por un ex comisariado priista a favor de la privatización, para intentar hacer el cambio de uso de suelo de régimen comunal a asentamiento humano.
Sin embargo, un pueblo comunal como San Lorenzo Huitzizilapan está protegido por leyes autónomas contra expropiaciones, por lo que no lo permitieron, pero antes “sufrimos de represión”, aseguró S., cuyo nombre pidió omitir por seguridad.
“El [entonces] Presidente Municipal de Lerma [el priista Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca] tenía la intención de cooptar el comité de agua potable de Huitzilapan exigiendo un acta constitutiva para entregar la administración a una vertiente de la Conagua. Nos dimos a la tarea para evitarlo”, dijo.
El 20 de noviembre de 2016 lograron “darle un revés” en su intención de despojarlos del agua por medio de la municipalización.
Actualmente el Comité de agua potable está profesionalizando su sistema autónomo “para demostrarle al gobierno municipal, estatal y federal que los pueblos indígenas tienen la capacidad de suministrarse”, afirmó E. S.
Esta comunidad otomí también ha sido afectada por la construcción del proyecto privados de la autopista Toluca-Naucalpan que destruye sus bosques, “un espacio sagrado”.
El robo del agua, añadió, va acompañado de la destrucción de prácticas culturales.


¿Por qué la oposición venezolana sigue en las calles?

En Profundidad
21 ABRIL 2017
Grupos de la oposición radical venezolana mantiene focos de violencia con las guarimbas. Los manifestantes en las calles también han dicho que desean anticipar las elecciones y restituir el hilo constitucional, ¿No son escuchadas sus demandas?
Entre gritos de “libertad” y “no más dictadura”, la oposición venezolana continúa con su agenda de protestas en la calle para exigir, de acuerdo a lo expresado por el dirigente Henrique Capriles Radonski, "el respeto a la Asamblea Nacional, la liberación de políticos presos y convocar elecciones generales".
El presidente Nicolás Maduro criticó que si entre las peticiones de la oposición está entregar una carta al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, se necesite movilizar a más de 500 mil personas a la sede de la Defensoría, hacer destrozos a instituciones públicas, quemar sistemas de transportes y atacar a los cuerpos de seguridad.
Liberación de políticos presos ¿cuáles y por qué?
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La petición es por Leopoldo López, hasta el pasado 15 de febrero, el presidente Donald Trump pidió públicamente a Venezuela que lo liberara. Hace tres años, grupos violentos de la extrema derecha venezolana empezaron a ejecutar sus planes golpistas en contra del Gobierno de Nicolás Maduro a través de las llamadas "guarimbas" que lideró Leopoldo López y que dejaron 43 muertos.
López es un político de ultraderecha, exalcalde y exprecandidato presidencial, inhabilitado por hechos de corrupción, y condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir".
No obstante, esta petición de liberación de políticos presos ha sido atendida por el Gobierno venezolano. En diciembre de 2016 como parte de los acuerdos del diálogo con la oposición y la mediación del Vaticano fueron liberados siete políticos.
Manuel Rosales, excandidato presidencial y líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT); Leocenis García, editor del extinto diario Sexto Poder, y los jóvenes Gerardo Carrero, Skarlyn Duarte, Nixon Leal, Yeimi Valera y Ángel Contreras.
Manuel Rosales estaba detenido desde el 15 de octubre de 2015 por hechos de corrupción durante su administración como gobernador del Estado de Zulia.
Restitución del hilo constitucional
El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela declaró superada la diferencia entre los Poderes Públicos de la nación el 1 de abril luego de un impasse ante la postura asumida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano que en consonancia con la Carta Magna, definió las condiciones del ejercicio de la función legislativa, mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentra en desacato.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, resolvió que el Máximo Tribunal procediera a revisar las sentencias 155 y 156 mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano para solucionar las controversias entre las distintas ramas del poder público de acuerdo a la Constitución venezolana.
Maikel Moreno hizo énfasis en que el Máximo Tribunal no se encuentra en conflicto ni con la Fiscalía ni con la Asamblea Nacional y aseguró que con la revisión de las sentencias quedaba superado el impasse, por lo que la lucha por "retomar el hilo constitucional" ya no tiene sentido.
Remover a los magistrados del TSJ
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Voceros de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) han convocado a varias movilizaciones hacia el centro de Caracas, sin autorización de las autoridades municipales, para presentar una carta al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en la que se solicita la remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, en el despacho de Saab se encuentran cinco cartas con el mismo contenido, en el que se insiste en la destitución de esos funcionarios, pese a que el Consejo Moral Republicano –ente que rige el Poder Ciudadano, y que preside el defensor– determinó que los mismos no han incurrido en falta alguna que conlleve a estudiar su posible destitución.
Han sido seis las respuestas que la MUD ha obtenido al respecto, lo que evidencia que ya este no es el objetivo de los opositores para seguir saliendo a las calles.
“El Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud, toda vez que este órgano considera inoficioso emitir pronunciamiento de presuntas faltas incurridas por los magistrados… puesto que las sentencias números 155 y 156 de fechas 28 y 29 de marzo de 2017, ya fueron aclaradas de oficio mediante decisiones complementarias”.
La renuncia de Maduro o convocar elecciones generales
Líderes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (Mud) aseguran que hay posibilidad de elecciones anticipadas en Venezuela pero desconocen que es el Poder Electoral (CNE) el que define y convoca elecciones, no el Poder Ejecutivo, mucho menos una renuncia del presidente constitucionalmente electo Nicolás Maduro.
El Poder Electoral definió un cronograma que establece elecciones de gobernadores a finales del primer semestre de 2017, y de alcaldes a fines de ese año.
En Venezuela las elecciones presidenciales se llevan a cabo cada 6 años. Siendo las últimas, las que dieron como ganador al actual presidente Nicolás Maduro para el período 2013-2019. Las futuras elecciones serán en el año 2019 cuando termine el período constitucional.


Marcha por la Ciencia se extiende a más de 600 ciudades de todo el mundo
Decenas de miles de personas de todo el mundo participaron en la “Marcha por la Ciencia”, una protesta que comenzó en Australia y se fue extendiendo a lo largo del día por más de 600 ciudades de Asia, Europa, África y América para culminar con la más multitudinaria, la de Washington.
Bajo el lema “Science, not Silence” (“Ciencia, no silencio”), decenas de miles de personas -se espera llegar a 75 mil -según los organizadores- se congregaron en Washington para participar en la primera marcha convocada y que se extendió hasta convertirse en una protesta mundial.
Una marcha que no debe ser entendida como una protesta por los recortes en la ciencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino como una reivindicación del importante papel que debe jugar la ciencia en la sociedad, insistieron los organizadores.
Sin embargo, el nombre de Trump sobrevoló todas las marchas, celebradas en ambiente festivo y en las que los participantes portaban pancartas con frases como “Liberad el planeta”, “La Ciencia es global”, “Amamos la Ciencia”, “Einstein fue un refugiado”, “No hay planeta B” o “El hielo no tiene agenda”.
Una protesta que comenzó en Australia y Nueva Zelanda, en ciudades como Sydney, Brisbane, Camberra, Perth, Auckland o Wellington.
Según se iba despertando el mundo, se unieron manifestantes en Tokio, Hong Kong, Ciudad de Ho Chi Minh, Seul, Lukla (Nepal) o Nueva Delhi, con actos que mezclaban la reivindicación de la ciencia con la celebración del Día de la Tierra.
En Nueva Delhi importantes personalidades, desde el primer ministro, Narendra Modi, hasta premios Nobel de la Paz como el Dalái Lama -exiliado en la India- o Kailash Satyarthi, remarcaron hoy la necesidad de proteger la naturaleza para las nuevas generaciones.
La protesta se fue extendiendo por Oriente y llegó a Europa con un claro carácter científico.
En Francia una decena de ciudades organizaron marchas enmarcadas en el apoyo a sus colegas de Estados Unidos, “expuestos al rechazo de la nueva Administración de Donald Trump”, indicaron los organizadores.
Científicos, universitarios y público en general se manifestaron con ese lema en Burdeos, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Marsella, Niza, París o Toulouse.
Mientras, en Londres los defensores de la ciencia marcharon por las calles de la ciudad desde el Museo de la Ciencia hasta la plaza del Parlamento, en Westminster, para expresar su preocupación por lo que consideraron una “tendencia alarmante” entre los políticos a desacreditar la investigación científica.
Un “Picnic científico” con la presentación de diversos experimentos en el Parque Sigmund Freud marcó el inicio de la marcha en Viena, y unas 20 ciudades alemanas se unieron a la protesta global con acciones para defender la autonomía de la ciencia y oponerse a la llamada postverdad y a la postulación de que lo que se ha llamado “hechos alternativos”.
Desde Friburgo, en el suroeste del país, hasta Greifswald, en el noreste, muchas ciudades universitarias se sumaron a la protesta coordinada por la Sociedad Helmholtz, que también se desarrolló en Colonia o Berlín, donde se reunieron unas 11 mil personas, según los organizadores.
A orillas del lago Lemán se celebró la marcha en Ginebra, donde pedían que el acto de fuera el “inicio de un gran movimiento de defensa de una ciencia al servicio de todos”, una idea que apoyó el ex director general del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), Rolf Heuer.
Y desde Lisboa, el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, el portugués Carlos Moedas, pidió que los científicos “no tengan miedo de gritar” para defender la ciencia, a favor de la que se manifestaron centenares de personas en la capital lusa.
En Zagreb los científicos aprovecharon para denunciar la falta de medios para la ciencia y la educación en Croacia.
Una postura similar a la de los españoles, donde miles de científicos participaron en marchas celebradas en las principales ciudades -como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao- para exigir que el conocimiento científico esté en el centro de las decisiones políticas.
Según avanzaba la jornada y América comenzaba a despertar, los defensores de la ciencia comenzaron a dirigirse a las protestas convocadas en todos los puntos del continente.
Desde Buenos Aires hasta Vancouver, actos de reivindicación de la ciencia estaban convocados en Antofagasta y Santiago, en Chile; Porto Alegre, Brasilia, Río de Janeiro o Curitiba, en Brasil; Bogotá, Medellín o Cali, en Colombia; San José de Costa Rica; Urcuqui (Ecuador); Ciudad de México, Guadalajara o San Luis Potosí, de México, o Ciudad de Panamá.
Pero el grueso de las protestas se concentra en Estados Unidos, con más de 400 ciudades participantes en actos de defensa de la ciencia pero también para aumentar la concienciación sobre la importancia del Día de la Tierra y para protestar contra los recortes propuestos por Trump en los presupuestos de ciencia e investigación.

Protestan en la CDMX contra recorte a becas, en Marcha por la Ciencia
Jessica Xantomila |  sábado, 22 abr 2017

Ciudad de México. Las Academias de Ciencias, de Ingeniería y la Nacional de Medicina de México se pronunciaron en contra de la reducción de presupuesto a las becas, los programas de posgrado y "de manera muy especial los apoyos a la actividad científica".
Jaime Parada Ávila, presidente de la Academia de Ingeniería, señaló que la "importancia extraordinaria del apoyo a la educación superior del país" y la "absoluta urgencia de voltear a ver el bono demográfico, de la gran oportunidad de tener jóvenes que si no los educamos con educación superior apropiada y de calidad, México será un país de ignorantes".
Por ello subrayó la exigencia de no reducir los apoyos de las instituciones pues "ahí está la base del progreso de nuestro país". Los proyectos de investigación científica son, dijo, la condición fundamental para tener educación de excelencia.
"No concebimos en las tres academias que no haya educación de calidad que no esté basada en la buena investigación".
Señaló que en esta declaración también "se hace referencia a esta añeja esperanza", que data de 1970, de que el país invierta al menos el 1 por ciento en ciencia y tecnología de la innovación. "Han pasado 47 años de cuando en este país se hizo la primera declaración para que se invirtiera esa cantidad del Producto Interno Bruto para prepararnos y ser un país competitivo", pero, dijo, "lastimosamente llegamos a 0.4 por ciento".
Las tres Academias ofrecieron este mediodía una conferencia de prensa a propósito de la Marcha por la Ciencia, movimiento internacional que se lleva a cabo en más de 600 ciudades del mundo, incluido México.
En el acto participaron Jaime Urrutia Fucugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; Antonio Arias Montaño, en representación de Armando Mansilla Olivares, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México; Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM; Óscar González Cuevas, ex presidente de la Academia de Ingeniería, y Antonio Lozano Araujo, miembro de El Colegio Nacional.
En el Palacio de Minería también se pronunciaron por la importancia de la ciencia y las tecnologías de la innovación en todos los ámbitos de la sociedad, pero "también que gracias a este es que hoy más que nunca contamos con instrumentos de destrucción" que afectan a las sociedades, por ello la responsabilidad de usar a la ciencia para el bien común.