Comunidades detienen fracking, hidroeléctricas, mineras y consorcios comerciales. Más de cien comunidades de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz, en ejemplar resistencia contra el despojo

Ayotzinapa, a 11 meses no olvidamos

Se han cumplido 11 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de la escuela normal rural de Ayotzinapa, además del asesinato de 3 estudiantes normalistas y 3 personas más por parte de policías municipales en contubernio con grupos delincuenciales del Estado de Guerrero. Y pese a las tentativas del gobierno y el sector empresarial de hacernos olvidar, sigue viva nuestra indignación y seguimos en pie de lucha por lo acontecido el 26 de Septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

El gobierno de Peña Nieto, ha buscado desde un principio callar las voces de los padres y todo aquel que demande justicia ante tales hechos. Y esto se debe a que fue el Estado, los tres niveles de gobierno, fue la policía, fue el Ejército mexicano, los que orquestaron los actos atroces de aquella noche, todos están involucrados, todos están manchados. Vivimos en un país donde las narcofosas, los degollados, los asesinatos a sangre fría, y demás acciones violentas que atentan contra el pueblo mexicano, son el malestar diario.

La captura de los Abarca y la búsqueda, sin resultados, del dirigente de seguridad pública de Iguala, sólo fueron una cortina mediática para deslindar la complicidad de los demás órganos de gobierno. El encarcelamiento de dichos personajes no basta, no ha cambiado un ápice nuestra realidad. Ante ello, la explicación dada por el entonces procurador de la república, Murillo Karam, de que los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, calcinados y echados al río en el basurero del municipio de Cocula por elementos del crimen organizado, ha sido presentada como la “verdad histórica”; pero a su vez, ésta ha sido puesta en cuestión por especialistas que han mostrado evidencias científicas de la imposibilidad de que los compañeros normalistas hayan sido calcinados en ese basurero, como afirma el gobierno.

Se ha intentado dar “carpetazo” al asunto, incluso el gobierno ha ofrecido dinero a los padres para acallarlos.

Mientras, la violencia sigue cobrando vidas día a día, ya sean estudiantes, periodistas, autodefensas, maestros o luchadores sociales. Esto ha demostrado la incapacidad y el alto nivel de corrupción del actual gobierno, que pese a tal clima, recrudece viejas formas de violencia contra el pueblo de México, tal como la actual guerra económica con tanto saqueo, tanta reforma neoliberal, tanto despojo de derechos. Con sus reformas privatizadoras de energía, educación, telecomunicaciones, entre otras, no ha hecho más que servir en charola de plata las riquezas naturales y servicios sociales a los grandes consorcios del capital; y al mismo tiempo, va sumiendo cada vez más pobreza a las familias trabajadoras mexicanas.

Porque tenemos que recordar la masacre en Tlataya, en Apatzingán, el asesinato a periodistas y el multihomicidio en la colonia Narvarte, la represión y hostigamiento constante a los profesores de la CNTE, los miles de desaparecidos, el embate contra los trabajadores del Seguro Social, y la lista es larga. Ayotzinapa no es el único caso, pero representa el símbolo de la resistencia y la lucha; porque a 11 meses se siguen incrementando las cifras de asesinatos y desapariciones; porque a 11 meses ha aumentado la pobreza, la exclusión a la educación y a un empleo digno; porque a 11 meses nada ha cambiado. Por ello, no podemos olvidar. Y a 11 meses debemos seguir exigiendo justicia, debemos luchar y gritar juntos ¡nos siguen faltando 43!

¡NO SOMOS TODOS, AÚN NOS FALTAN 43!

¡FUE EL ESTADO!

¡FUERA PEÑA NIETO Y SU GOBIERNO DE MUERTE, SAQUEO Y REPRESIÓN!

Los Brigadistas-UNAM

CGH-Ho Chi Minh

Agosto, 2015

Más de cien comunidades de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz, en ejemplar resistencia contra el despojo

26-08-2015

Comunidades detienen fracking, hidroeléctricas, mineras y consorcios comerciales

Más de cien comunidades de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz, en ejemplar resistencia contra el despojo

Los Brigadistas-UNAM

Rebelión

Crisis, Peña y el recrudecimiento del despojo
Mientras la crisis capitalista se profundiza, los dueños del dinero multiplican sus formas de despojo y de dominación. Lo vemos en Grecia, con el gran capital mundial encabezado por la Troika neoliberal, como zángano succionando hasta la última gota de la riqueza de este pueblo hermano. Lo vemos en las mismas entrañas del imperio, en Estados Unidos y Alemania, con la persecución, encarcelamiento, muerte y repatriación de miles de migrantes; en toda Europa con la eliminación de derechos sociales y laborales, y el desmantelamiento de lo poco que queda del Estado de Bienestar. Lo vemos también en América Latina, con la disputa de gigantes económicos como China y EU, peleando el territorio país por país.
Se trata de una guerra económica al seno del gran capital y contra los pueblos, contra sus trabajadores y por el dominio de sus recursos naturales; guerra recrudecida por la prolongada crisis económica capitalista, y México no es ajeno a este escenario. Vivimos un periodo inaudito de despojo y lucha inaudita por la ganancia, que ha generado un mar de violencia, desapariciones, asesinatos a luchadores sociales y periodistas, arrebatos, reformas neoliberales y privatizaciones. Prácticamente no hay comunidad o sector a salvo: maestros acosados día a día, médicos y enfermeros amenazados, estudiantes excluidos, petróleo y gas privatizados, energía eléctrica vendida al mejor postor, el agua con reformas privatizadoras que avanzan por debajo de la mesa, y hasta la UNAM en la mira de Peña Nieto para imponer a su próximo rector.
Todo lo que huela a resistencia social, es inmediatamente intervenido, con avalanchas de difamaciones mediáticas, y si no basta, ahí están los policías y militares puestos en la primera fila para enfrentar al pueblo, incluso más que a los narcos.
Pero en medio de tanto despojo, de tanto arrebato y despotismo, se encuentra la digna resistencia de los pueblos, abriéndose paso. Andando un camino difícil pero digno, y aún más, el único para defender lo que nos está siendo arrebatado; el camino de la lucha y la organización social.
Sierra norte de Puebla y Veracruz, en defensa de la vida y el territorio
Frente a este histórico despojo, han despertado en el país un sin número de resistencias dispersas, unas más grandes que otras; unas nuevas, y otras de mucho tiempo atrás, pero que juntas representan la esperanza de cambio, de que unidos, organizados y dispuestos a luchar, podremos frenar a este gobierno de corruptos, narcoterroristas de Estado, ladrones y asesinos, que están al servicio del gran capital.
Un ejemplo de esta resistencia popular, es la de los pueblos mazahuas, totonacas y mestizos de la sierra nororiental de Puebla y Veracruz. Pueblos y comunidades que se han organizado para detener los megaproyectos de grandes empresas mineras, petroleras, de la construcción, así como poderoso consorcios comerciales.
Cada vez más comunidades se suman a la resistencia y a la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio que le da cuerpo. Al momento son 102 comunidades, de 21 municipios de Puebla y Veracruz, las que integran la organización. En la novena sesión de la asamblea, realizada el pasado domingo 9 de agosto, asistieron más de 3 mil personas, quienes ratificaron su decisión de no permitir los "megaproyectos de despojo y muerte".
No a las minas, no al fracking, no a las hidroeléctricas y no a los grandes consorcios comerciales
La lucha de estas comunidades, en su mayoría indígenas mazahuas, se centra en impedir la minería a cielo abierto, el establecimiento de 4 hidroeléctricas en sus ríos, el fracking que destruiría sus pueblos y a la naturaleza, y el establecimiento de grandes consorcios comerciales en la zona.
Minas a cielo abierto
Los proyectos mineros de la región fueron aprobados por el gobierno, las empresas a las que les fueron entregadas las concesiones son Minera Autlán, Minas Santa Martha y el Grupo Ferrominero. Los pueblos afectados interpusieron un amparo, señalando en primera instancia al gobierno federal y al Estado Mexicano en su conjunto, por dar concesiones mineras sin consultar a las comunidades afectadas (lo que viola tratados internacionales), y sin tomar en cuenta la gran contaminación que se produciría, principalmente en los diversos manantiales del lugar. Las autoridades directas señaladas por los pueblos son la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como el poder legislativo que años atrás aprobó, sin el acuerdo de los pueblos, la Ley Minera de corte neoliberal. Todas estas dependencias y autoridades han respondido con arrogancia, y mostrando una profunda ignorancia del tema. Basta decir que la Secretaría de Economía "argumentó" que ellos no concesionaron el suelo "sino el subsuelo" de los municipios afectados, y que por tanto la demanda de las comunidades era inválida. Finalmente, en medio del creciente rechazo social a la minería a cielo abierto en la región, el pasado 19 de marzo el 2do juzgado de distrito en San Andrés Cholula, concedió la suspensión de plano a la solicitud de amparo presentada por las organizaciones de campesinos e indígenas de la región de Cuetzalan, Yaonahuac e Ixtacamaxtitlán, Puebla. Las empresas concesionarias no podrán realizar actividades en la zona mientras dure la suspensión.
Hidroeléctricas
Por otro lado, son 4 hidroeléctricas las que el consorcio ICA pretende montar en el río Apulco, a pesar de las evidencias de que se provocaría una afectación social y ambiental de grandes dimensiones, incluyendo especies endémicas de sapos que correrían el peligro de desaparecer, o el daño al río Tecolutla que ya no recibiría las aguas del río Apulco. En suma: falta de agua para los pueblos, concentración de agua para entes privados, generación de electricidad que no sería para las comunidades, negocio redondo para unos cuantos (los beneficiarios de siempre), a costa de la degradación de vida de los pueblos y la destrucción de la naturaleza. La CFE ha prometido que, si las comunidades dejan construir las hidroeléctricas, les llegarán recibos de luz más baratos, los pobladores no se han tragado el cuento ni han aceptado el chantaje. Encabezados por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), que forma parte de la Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, se interpuso un recurso de revisión técnica a las manifestaciones de impacto ambiental ante la Semarnat. Sin argumento alguno y presionada por todas las comunidades en lucha, se logró detener el entubamiento del río y la construcción de las hidroeléctricas está detenida.
Fracking
En cuanto al fracking, los pueblos y comunidades que luchan por la defensa de la vida y el territorio, han dado una importante lección a todas las demás regiones del país, en un momento donde las petroleras privadas más grandes del mundo se prestan como buitres a apoderarse del gas y del petróleo de nuestro país, tras la aprobación de la reciente Reforma Energética peñanietista. Los mismos mapas de inversión de Pemex deben reconocer que en Cuetzalan y la región de la sierra norte de Puebla y Veracruz en resistencia, no pueden intervenir, ni puede haber extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracking, pues dicen “el ordenamiento territorial no lo permite”. El manifiesto de impacto ambiental presentado por PEMEX, reconoce que el Ordenamiento Ecológico de la región, establece lineamientos y restricciones permitiendo únicamente la microindustria y pequeña industria. Se trata de un ejemplo para todas las demás zonas que están siendo devastadas por la fractura hidráulica, altamente contaminante y destructiva.
Consorcios comerciales
Una lucha más, de “importancia estratégica”, es la que da la COTIC y otras organizaciones de la zona en contra de los grandes consorcios comerciales como Walmart y Coppel. En 2010, Walmart pretendió instalarse en Cuetzalan, mediante un Aurrera de su propiedad; el dictamen fue revisado por la COTIC y se decidió no permitir su establecimiento. Sin embargo, Coppel sí está construyendo una sucursal en la cabecera municipal, a pesar de que el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan lo rechaza, y está dando la pelea legal y con movilización social para impedirlo. No se trata de algo menor, la lucha contra este tipo de empresas tiene que ver con la defensa de la forma de vida, de consumo, de producción y de intercambio de las comunidades de la región, que mayoritariamente viven del autoconsumo, de la fortaleza de su mercado interno, comprando y vendiendo productos locales, generados en sus propias parcelas. Walmart, Coppel y este tipo de empresas, representan una amenaza a este ordenamiento, “permitir su instalación significa sepultar lo que somos”, dicen los habitantes. “Nos quieren endeudar, nos quieren hacer comprar cosas que no necesitamos, que no producimos... se quieren llevar nuestra riqueza y destruir nuestra forma de vida. Lo que estamos haciendo es defender y resguardar la Economía y Cultura popular”.
Sigue la asamblea, todo lo que tenemos es el poder del pueblo
La novena Asamblea en Defensa de la Vida y el Territorio, no sólo fue de organización y de información, fue también de convivencia, de compartir el agua y los tamales, de obras de teatro y poesía, de música, dignidad y resistencia.
Miles de pobladores, de estas 102 comunidades organizadas, se dieron cita, nuevamente, para decirle a gobierno de Peña Nieto y a los grandes capitales petroleros, mineros, de la construcción y del comercio, que sus tierras, sus bosques, sus ríos, su forma de vida, su cultura no están en venta, y no lo estarán nunca.
Frente al poder de los mineros, de la Ley Minera, del despotismo de la Secretaría de Economía, tenemos el poder del pueblo.
Frente a las hidroeléctricas, el gran poder del capital, ICA, la Semarnat, nosotros tenemos la capacidad de organizarnos, de luchar.
Frente a Walmart, Coppel el poder de los acaparadores, explotadores y gobernantes que los protegen, nos tenemos a nosotros, nuestra dignidad y conciencia.
Frente a todos ellos, comandados por el Estado y por el gobierno de Peña Nieto, lo único que tenemos, es el poder del pueblo. Construyámoslo con unidad y resistencia.
¡Vivan los pueblos que defienden a la naturaleza, al territorio, la vida y la cultura!
¡Viva la resistencia de los pueblos de la sierra norte de Puebla y Veracruz!

Enrique Peña Nieto tiene a su candidato para tener injerencia directa en la Universidad: Sergio Alcocer.

Ante la entrada del nuevo rector a la UNAM, estemos en alerta máxima

Enrique Peña Nieto tiene a su candidato para tener injerencia directa en la Universidad: Sergio Alcocer.

Desde sus inicios, y sobre todo a partir de 1968, el PRI, como partido en el poder, ha tratado de apoderarse de la UNAM, utilizando todo su aparato autoritario, sus métodos violentos, antidemocráticos y porriles. Como ejemplos tenemos sus “sociedades de alumnos”, grupos de porros como los existentes en 1968, MURO, FNET, entre otros y los actuales 3 de Abril, Los Lagartos, 3 de Marzo, etc., intentando controlar y amedrentar a estudiantes, profesores y trabajadores, impidiendo su organización y movilización.
El movimiento estudiantil de la UNAM junto con el IPN y otras universidades, en 1968 logró despertar la conciencia y movilización de amplios sectores. Dicho movimiento logró vincular a los universitarios con las luchas populares y conformó, desde ese entonces, formas de organización, discusión y decisión democrática como las asambleas generales, el Consejo Nacional de Huelga, los comités de lucha, cogobiernos, autogobiernos en escuelas y facultades, al margen y en contraposición a las estructuras autoritarias que están en manos de un puñado de funcionarios.
Junto con todo esto, y también como producto de la lucha estudiantil y popular de 1968, más tarde surgió el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Sus frutos han sido las Academias y asambleas generales, construidas por los estudiantes, profesores y trabajadores.
En la UNAM no ha cesado la lucha entre los que construyen la universidad democrática al servicio de las mayorías y los que defienden los intereses de grandes empresarios y del gobierno. Los primeros se han enfrentado a distintos niveles, de acuerdo a las distintas etapas de la lucha de clases, sorteando los peores ataques de los defensores de la universidad  autoritaria que se empeñan en imponer sistemas de gobierno sumisos a los mandatos de los poderosos del mundo y planes de estudios acordes a los dictados del gran capital. Otras medidas del proyecto autoritario de Universidad han sido: el cobro de cuotas en la UNAM, hacer cobros ilegales a los estudiantes por trámites y servicios, imposición de reformas que perjudican a alumnos que trabajan como son los plazos límites de estudios, ir eliminando los pases automáticos (pases reglamentados), someter a los aspirantes a bachillerato por medio del examen selectivo del COMIPEMS - CENEVAL; eliminar dos turnos en los planteles del CCH, reducción a matrículas de ingreso, además de generar proyectos de investigación al servicio de empresas privadas. Y todo esto acompañado de campañas mediáticas y de embates de los gobiernos federales en turno.
Sin embargo, no todo lo han tenido a su favor para aplastar al movimiento. Los sectores defensores de la Universidad pública y gratuita, vinculándose, organizándose democráticamente y movilizándose con el pueblo, han logrado echar abajo sus medidas privatizadoras e incluso a quienes las implementan. Este avance no habría sido posible sin la vinculación constante con el pueblo.
Por ello, actualmente que nos vemos amenazados con la imposición de un rector del gabinete de Peña Nieto, no debemos estar al margen de los sectores del pueblo que se encuentran resistiendo, como son los maestros contra la Reforma Educativa de Peña Nieto; los campesinos que luchan contra los mega proyectos del Gran Capital y el saqueo privatizador de los recursos naturales, los trabajadores del SME en resistencia y demás sectores del pueblo que están en descontento y que luchan en defensa de sus derechos más elementales, que el neoliberalismo les está arrebatando:  la vivienda, el trabajo, el campo,  la salud,  la educación y  la vida digna.
En estos momentos estamos a punto de iniciar un nuevo capítulo de esta lucha:
Parte de la estructura autoritaria y ancestral de nuestra máxima casa de estudios es el proceso de elección de rector, por demás de corte dictatorial. El rector elige una terna de donde la Junta de Gobierno decide a los directores de escuelas y facultades; estos directores son la primera fuerza dentro del Consejo Universitario, que es el encargado de designar a los miembros de la Junta de Gobierno, que a su vez elige al rector; en suma, son ellos mismos, los grupos de poder, eligiéndose unos a otros, reciclándose en el poder, en una estructura autoritaria cuasi feudal. Además siempre y tradicionalmente se debe contar con el visto bueno del partido en el poder, claro que este proceso, viciado de origen, también es afectado por la correlación de fuerzas en el país y en la propia Universidad. Así, por ejemplo después de que la huelga del CGH (1999-2000) detuvo el plan privatizador de Barnes, todos o la mayoría de candidatos a rector de los siguientes períodos declaraban que la UNAM debía ser gratuita y pública, aunque antes apoyaban el Plan Barnes.
Enrique Peña Nieto no conforme con impulsar sus llamadas “reformas estructurales” con las que privatiza la educación, la salud y los recursos naturales, ahora también pretende apoderarse de la UNAM, imponiendo a su candidato Sergio Alcocer Martínez de Castro, quién ha formado parte de su gabinete y del de Calderón, y quién una vez llegando a la Rectoría, profundizaría la elitización y privatización en la Universidad, si lo permitimos; incluso en su declaración a la prensa mencionó que, “las cuotas no son el problema ni la solución”, dejando abierta la posibilidad de imponerlas de algún modo.
Alcocer seguramente reforzará la entrega de la UNAM al capital privado a través de los programas de estudio e investigación. Además de ser candidato de Peña Nieto, también lo es de Narro, que se ha pronunciado a favor de la Reforma Educativa y contra la lucha del magisterio democrático. En medio de la crisis social desatada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el rector se atrevió a declarar que “no fue el Estado”, intentando lavarle la cara a Peña Nieto.
Entonces ¿Para qué es la UNAM? ¿Para acrecentar las ganancias del gran capital privado o para solucionar los problemas de la nación?
Sobre los otros candidatos, al ser entrevistada Rosaura Ruíz Gutiérrez, dijo  que está a favor de respetar  la gratuidad de la educación. Lo que no mencionó es que la gratuidad sigue gracias a la lucha del CGH, que logró defenderla en los años 1999-2000. La propia Rosaura Ruíz se manifestaba en contra de la huelga, apoyando las propuestas de los llamados “Eméritos” para levantarla. Ella apoyó el plebiscito del entonces rector De la Fuente para romper la huelga y encarcelar a casi mil universitarios. Su posición política frente a la gratuidad, sin duda, se debe a la lucha del movimiento estudiantil y a la huelga del CGH. Son camaleones, no podemos confiar en ellos.
Surge entonces la necesidad de alzar la voz, de organizarnos y de movilizarnos para impedir que personajes como Alcocer, tomen la Rectoría. Si no lo hacemos, Peña meterá sus manos en la UNAM (aún más de lo que ya lo está haciendo), despojando aún más de sus derechos a la educación a estudiantes y de sus derechos laborales a profesores y a trabajadores. Es más, en este momento necesitamos unirnos y reivindicar las legítimas y más sentidas demandas de los sectores de la UNAM como son: No al examen de COMIPEMS, construcción de más prepas y planteles de CCH, plazas de carrera para los profesores y salarios dignos a profesores y trabajadores, ampliación significativa de la matrícula en la licenciatura universitaria, que los proyectos de investigación sean para buscar soluciones a los problemas nacionales, no a los de unos cuantos empresarios, entre otras. Además debemos avanzar en la dirección que nos acerque al pueblo y a sus luchas: sólo unidos a ellos triunfaremos.
Lo único que podrá parar los ataques del capital privado a la UNAM e impedir que Peña Nieto imponga a su delfín Alcocer en la rectoría es que los estudiantes, profesores y trabajadores nos organicemos y movilicemos.
Peña ha actuado con despotismo absoluto, y le ha salido bien. Impuso de la mano de Televisa, a la procuradora de la PGR; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colocó a un sangriento policía como es Eduardo Medina Mora y ahora viene por la UNAM.
Debemos sujetar a quien quede de rector, a que se supedite a las decisiones colectivas, que la Universidad se posicione en defensa de los derechos de la mayoría, que impulse medidas al servicio de los sectores populares, desposeídos y por la defensa de la gratuidad de la educación superior.
En general, es imprescindible que avancemos en la transformación democrática de la Universidad, que mantiene unas formas de gobierno vergonzantes, autoritaria, anacrónicas.

¡NO A LA ENTRADA DE EMISARIOS DE PEÑA NIETO A LA RECTORÍA DE LA UNAM!

¡Democratización de la máxima casa de estudios!


Los Brigadistas – UNAM
CGH – Ho Chi Minh
Agosto 2015

Mensaje de Xochicuautla a los pueblos en digna resistencia

Al Pueblo de México: 

Nosotras, nosotros, otomíes ñathos de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, hace 8 años resistimos a la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan, obra concesionada a la empresa Teya, filial de Grupo Higa, el mismo consorcio que regaló a Peña Nieto una casa de 86 millones de pesos (7 millones USD) en Lomas de Chapultepec. Este proyecto de muerte amenaza con destruir el sagrado Bosque Otomí-Mexica, pulmón y reserva de agua para los Valles de Toluca y México.

A causa de este proyecto, durante años hemos vivido constantes violaciones a nuestros derechos humanos, e indígenas, así como represión, manipulación de asambleas comunales y leyes agrarias, hostigamiento, invasión y destrucción ilegal del bosque por parte de la empresa. Pero, a pesar de que la comunidad ha ganado amparos en contra del proyecto, el pasado 9 de julio Enrique Peña Nieto, sin previa consulta a las comunidades, emitió un decreto presidencial que expropia 37.9386 hectáreas en nuestro territorio, lo que significa el despojo de nuestras tierras de cultivo, espacios de vivienda y tierras de uso común, en su mayoría bosque que serían destruidos para beneficiar un proyecto de infraestructura privada. 

El gobierno intenta imponernos un valor comercial de indemnización de 286 mil pesos por hectárea, es decir 28.60 pesos por m2, pero el Bosque Otomí-Mexica es un bien común sagrado invalorable y ninguna cantidad podría pagar la dignidad de nuestros pueblos, ni el impacto socioambiental que generaría la construcción de la obra, por ejemplo la reducción de 250 millones de litros de agua por año que el bosque aporta al sistema Cutzamala lo que significaría la escacez de acceso al agua en las comunidades de la región, principalmente la Ciudad de México.

Nuestra decisión está tomada y no cederemos al despojo, ahora llamado decreto.

Convocamos a todo el pueblo a fortalecer la defensa del territorio otomí. Apóyanos denunciando este criminal despojo, movilizándote y reforzando el Campamento de Paz de la Digna Resistencia y sus barricadas ubicadas en el bosque.

Lo que está pasando en Xochicuautla debe importarnos a todos, se trata de una afrenta más que es parte de un proceso de despojo en toda nuestra Patria, perpetrado por el Estado y los grandes capitales que atentan contra el Pueblo mexicano al destruir los ecosistemas, talando bosques, sobreextrayendo el agua y contaminando la tierra.  Hace falta transcender la solidaridad y profundizar la conciencia sobre los conflictos como el de Xochicuautla para poder hallar soluciones colectivas al embate neoliberal del Estado y el Capital.

#‎XochicuautlaNoEstaSolo‬

http://frentedepueblosindigenas.org/ 

¡La Patria, la Madre Tierra NO se venden! 

¡No al decreto presidencial de expropiación!

¡No a la autopista Toluca-Naucalpan!