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De 2007 a 2016 la violencia cobró más de 208 mil vidas
POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA , 4 MARZO, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto se acerca a los peores niveles de violencia de su antecesor. La guerra declarada por Felipe Calderón y mantenida por la administración del PRI ha dejado ya casi un cuarto de millón de víctimas, entre muertos y desaparecidos, de acuerdo con estimaciones estadunidenses.
La cifra comprende el periodo 2007-2016 y supera a las muertes ocurridas durante los 52 años de guerra entre las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército de ese país, dice Molly Molloy, investigadora de la Universidad Estatal de Nuevo México.
Desde que Calderón declaró la “guerra a las drogas” y ordenó a los soldados y marinos salir a las calles para combatir a los narcotraficantes, Molloy ha hecho un seguimiento puntual de las cifras oficiales, lo que la lleva a asegurar que México padece una violencia similar a la de los países donde hay guerra civil.
El gobierno de Peña Nieto se separó del discurso bélico de Calderón, pero mantuvo la misma política represiva y descabezamiento de los cárteles, lo que ha mantenido los altos niveles de violencia en el país. Y si bien en sus primeros tres años de gestión el número de víctimas disminuyó respecto a la su predecesor Calderón, desde mediados del año pasado no deja de crecer.
De acuerdo con las estimaciones de Molloy, en el sexenio de Caderón hubo 121 mil 613 homicidios dolosos. En los cuatro años de Peña, según las cifras de la investigadora, van 86 mil 530; es decir, 208 mil 143. El promedio anual de Peña Nieto en esa medición resulta ligeramente superior al de Calderón.
Latinoamericanista de formación, Molloy trabaja en la Biblioteca de la Universidad Estatal de Nuevo México, en el campus Las Cruces, a sólo 120 kilómetros de Ciudad Juárez, que en el gobierno de Calderón llegó a ser la ciudad más violenta del mundo por la disputa entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa, convertida en el epicentro de la violencia en ese sexenio.
Coeditora y traductora de El sicario: La autobiografía de un asesino mexicano, publicada en 2011, es también creadora y editora de Frontera List, un foro de discusión sobre temas fronterizos, además de colaboradora en publicaciones periodísticas y los sitios especializados Narco News Bulletin y Small Wars Journal.
Que nos entreguen a nuestros hijos “como sea”, piden padres de desaparecidos en Veracruz
POR GLORIA LETICIA DÍAZ , 1 MARZO, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las voces de los hermanos Carolina y Miguel Ramírez Bravo se quiebran cuando hablan de sus hijos desaparecidos, presuntamente a manos de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que fueron desplegados en labores de seguridad pública en el puerto de Veracruz, el pasado 5 de enero.
Llorosos, los hermanos piden que sus hijos Levi y Jaciel Ramírez Ramírez (de ella) y Rafael Armando Ramírez Bravo (de él) sean entregados “como sea”, y se comprometen a no continuar los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple desaparición, así como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de Carolina) y Uriel Ortega Jaca.
En entrevista con Apro, los hermanos narran la manera en que terminaron las vacaciones de la familia originaria de Huajapan de León, que viajó al puerto de Veracruz, donde antes de los hechos trágicos se encontraron con disturbios y protestas contra el incremento a los combustibles.
“Nosotros tenemos dos carnicerías y una pipa de agua. Mis hijos y mi sobrino trabajaban desde las seis de la mañana, son muy trabajadores, y cada fin de año acostumbramos a viajar en familia. Este año viajamos 14 en dos camionetas, una Suburban y una Escalade. Fuimos a visitar a unos amigos a Veracruz”, cuenta Carolina.
Acompañados de su abogado Homero Pérez Aquino, los hermanos Ramírez Bravo aseguran que ya interpusieron recursos judiciales en el estado y en la Federación para tratar de localizar a sus hijos, además de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Luego de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), contactaron a las organizaciones civiles I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que solicitaron la intervención del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).
El 24 de febrero el organismo solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de inmediato” las medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y “permitir la plena participación de los familiares y allegados (…) en la investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados”.
El CED también emitió “medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez Ramírez y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al Estado mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.
Carolina y Miguel están desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y su amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos de la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de autoridades civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de oficinas municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así como la negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir declaraciones.
También se han topado con el miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que hasta ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero, luego de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas contra el “gasolinazo”.
Carolina recuerda que la última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de Veracruz–, que a unos diez minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto, y en una calle aledaña el de Uriel.
Por las imágenes en la red, vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas personas junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos, Carolina lo identificó como su hijo Jaciel.
Cuando la mujer llegó al lugar, los cuerpos ya habían sido levantados y llevados a una funeraria, donde se apersonó y recuperó el cuerpo de Hugo Alberto.
“La gente en Veracruz tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y mi sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, dice.
“Hugo tenía un tiro en la cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acota el abogado Pérez Aquino, presente en la entrevista.
Hasta ahora la familia ha tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y las desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito” “reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de vigilancia”, relata Carolina.
La mamá de los desaparecidos agrega que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que se le informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre Gardiel Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.
Hasta ahora, los padres de los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos para que Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado por la Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del “Penalito” han dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que personal de la dependencia detuvo a los jóvenes.
A ello se suma que un funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.
Miguel, padre de Rafael Armando, quien vive en el Estado de México, fue informado de la tragedia por su hermana el mismo 5 de enero, y desde entonces se acompañan en la búsqueda.
Compungido, Miguel sostiene que para ambas familias lo importante es que “se esclarezcan las cosas primero, porque en Veracruz nadie sabe nada de nada”.
Agrega: “Lo que queremos es que de alguna manera nos ayuden a encontrar a los muchachos. Ojalá y regresaran sanos y salvos, pero si no, que nos los entreguen como estén.
“No queremos nada, desistimos de todo (proceso judicial), lo que pasó, pasó. Ya tuvimos una pérdida grande de mi sobrino Hugo, son muchachos trabajadores”, insiste Miguel, mientras toma un pañuelo desechable para secarse las lágrimas.
http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso
Ley de Seguridad Interior: misma receta, mismo fracaso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.
Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.
La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.
Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.
Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.
Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.
Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.
Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.
Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.
Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma
Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.
La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.
Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.
La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.
Con carencias de alimentación, uno de cada 5 mexicanos: Coneval
Angélica Enciso L. | martes, 28 feb 2017 15:13
Ciudad de México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que las carencias sociales en el periodo 2014-2015 se redujeron.
De los seis indicadores que se miden, la carencia del acceso a seguridad social tuvo la mayor reducción, al pasar de 58.5 por ciento de la población a 56.6 por ciento, y todavía uno de cada cinco mexicanos sufre de falta de acceso a la alimentación.
El organismo no presentó los datos del ingreso de la población, debido a que no contó con información comparable para ese periodo.
Estos datos se presentan luego del diferendo entre Coneval e Inegi que al levantar el Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015 modificó la metodología de las encuestas. Tras analizar la información, el Coneval concluyó que la información de las carencias sociales que se toman en cuenta para la medición de la pobreza es comparable con la de años previos, pero no el ingreso. Por esto, no presentó la evaluación de la pobreza, sólo los datos de evolución de las seis carencias sociales.
Sin embargo, con base a otra metodología, presentó la evolución del ingreso laboral per cápita de los hogares de 2010 a 2016, el cual sólo considera los ingresos provenientes del trabajo de los integrantes del hogar, no contempla rubros como remesas o apoyo de programas sociales. Encontró que entre 2014 y 2016 el poder adquisitivo del ingreso creció 5.9 por ciento, pero si se toma en cuenta los datos de 2010 a 2016 fue de apenas 0.1 por ciento.
Explicó que entre 2010 y 2014 el ingreso laboral real disminuyó 5.5 por ciento, pero en el periodo de 2015 y 2016 se presentó una menor inflación y mayor dinamismo del empleo, el poder adquisitivo del ingreso aumentó. La recuperación en 2015-2016 implicó que el ingreso laboral real de 2016 sea muy similar al nivel de 2010.
En relación con las seis carencias para determinar la pobreza, que en esta ocasión no se presentó como tal, el porcentaje de la población con carencia por acceso a la seguridad social presentó la mayor disminución, al pasar de 58.5 a 56.6 por ciento de la población; seguida de la carencia por acceso a la alimentación, al pasar de 23.4 a 21.7 por ciento.
También hay reducción en la carencia de acceso a los servicios de salud, a la carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda, de rezago educativo y por calidad y espacios de la vivienda. En particular, hay una reducción importante en la población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social, informó.
El Coneval explicó sobre el diferendo con el Inegi, que tras un proceso de análisis conjunto las carencias sociales estimadas a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS 2015), publicado por el Inegi el 15 de julio de 2016, son consistentes y comparables con la serie histórica.
Agregó que el Inegi continúa analizando los factores que permitan explicar la inconsistencia que el MCS 2015 muestra para el ingreso entre 2014-2015. Agrega que Coneval “continuará con sus estándares de proporcionar a la ciudadanía únicamente estadísticas sustentadas en información validada técnicamente, que sea consistente”.
Empresa canadiense insiste en continuar con la exploración minera en Puebla pese a negativa de Semarnat
POR LA REDACCIÓN , 1 MARZO, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la empresa Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración en Puebla, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera.
En un comunicado, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC, explicaron que la solicitud fue rechazada por la dependencia federal porque en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo”.
Destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.
Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México. De llevarse a cabo, agregó, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.
Las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En comunicación telefónica, la Profepa indicó que ha realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.
Además corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la Semarnat, como documentó la EIDH. Desde hace una semana la Unión de Ejidos solicitó la conclusión de la inspección y está a la espera de recibir el documento.
Las organizaciones denunciaron que Almaden Minerals, la empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio estatal–, también viola la ley porque aunque la Semarnat ha autorizado la realización de 291 barrenos, la minera reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.
Asimismo, ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos con el fin de que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan la explotación de sus territorios.
En 2016, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de que se aprobó la reforma a la Ley Minera, en 2014, para evadir sus responsabilidades fiscales.
Un año antes la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals, después de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años.
“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria. Un juez federal concedió la suspensión, pero la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron las organizaciones.
Y aseguraron que la empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.
Finalmente, revelaron que aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos de la población de Ixtacamaxtitlán y las afectaciones al medio ambiente, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto.
Protestan mexiquenses en SCJN contra Ley Atenco
Redacción AN
marzo 1, 2017 9:57 pm
Este miércoles, organizaciones sociales e integrantes de pueblos originarios protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discute la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, también conocida como “Ley Atenco”.
“Solicitamos respetuosamente a todos los ministros del Máximo Tribunal de la Nación, que no avalen una ley que atenta contra la vida de los que sí defendemos y respetamos los derechos humanos”, dijo la organización “Fuego de la digna resistencia” en un comunicado.
La legislación está siendo analizada por los ministros de la Corte debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la impugnó, con el argumento de que algunos de sus artículos son contrarios a la Constitución.
“No podemos permitir que leyes como esta, preparen terreno para facilitar a las autoridades aplicar todo el peso de la fuerza pública contra nosotros, y que además se legitimen prácticas donde están involucradas armas letales, espionaje y la tortura física y psicológica, como parecen ser las intenciones del actual gobernador y del Congreso estatal”, expresó el director del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque.
A continuación el comunicado completo:
Pueblos originarios, organizaciones campesinas, sociales y educativas aglutinadas en el colectivo “Fuego de la Digna Resistencia” denunciaron la política de represión y la criminalización de defensores de derechos humanos del gobierno del estado de México y advirtieron que de aprobarse la denominada “Ley Eruviel” se avalaría la persecución, agresión y asesinato de los defensores de los derechos humanos, así como de los líderes sociales mexiquenses, además se criminalizaría la protesta social.
Al realizar un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se discute la controvertida ley promovida por el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, el director del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, lamentó que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México (Ley Eruviel) haya sido aprobada casi sin oposición en el Congreso local de dicha localidad.
“Hoy no estaría hoy en discusión su aprobación si no fuera por nosotros, los pueblos y organizaciones dedicadas a la defensa y protección de la vida, de los recursos naturales, de nuestra cultura, o de algún servicio indispensable para la vida digna de las personas”, explicó.
Como pueblos –añadió– no podemos permitir que leyes como esta, preparen terreno para facilitar a las autoridades aplicar todo el peso de la fuerza pública contra nosotros, y que además se legitimen prácticas donde están involucradas armas letales, espionaje y la tortura física y psicológica, como parecen ser las intenciones del actual gobernador y del Congreso estatal.
Hizo hincapié en que han sido los campesinos, los comuneros, los ciudadanos, los maestros y los estudiantes quienes han impulsado y exigido la preservación de lo más valioso que puede tener un ser humano: la vida.
“Los responsables de garantizar el respeto a nuestros derechos, los cuales son una conquista histórica de nuestros ancestros, no cumplen con su trabajo, y encima, quieren dar legalidad a las transgresiones que de por sí ya cometen”, sostuvo.
Por su parte, Ignacio del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, calificó a la “Ley Eruviel” como represiva y buscar justificar la represión que se ha venido ejerciendo en contra de nuestros pueblos, en el pueblo de México en general. Advirtió que esta ley no pasara.
La política del gobierno federal ha ignorado la realidad que los mexicanos estamos viviendo y ahora no sólo ha entregado nuestros recursos naturales (petróleo) que pertenece al pueblo de México, sino que ahora está siendo entregada hasta el derecho a protestar”. La “Ley Atenco” o “Ley Eruviel” es una ley que advierte no protestar, puntualizó.
¿Qué derechos defendemos de la aplicación de la Ley Eruviel?
EL DERECHO A LA VIDA.- Protegido por los artículos 1, 4, 14, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
EL DERECHOA A LA INTEGRIDAD PERSONAL.- Protegido por los artículos 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
EL DERECHO A LA REUNIÓN.- Protegido por el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Y, EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- Protegido por art. 6 y 7 Constitucionales y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Señalaron que ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir si es constitucional o no una Ley que, a todas luces, significa un retroceso enorme en los garantes de la vida digna. Insistimos en el hecho de que no hay ningún artículo dentro de la “Ley Eruviel” que pueda ser justificable sin quebrantar alguno o varios de los derechos que se acaban de mencionar.
“Es por ello que solicitamos respetuosamente a todos los Ministros del Máximo Tribunal de la Nación, que no avalen una ley que atenta contra la vida de los que sí defendemos y respetamos los derechos humanos.
Insistieron que por encima de cualquier propósito, se trabaje por la justicia y dignidad de las personas, y pedimos que no pierdan de vista el hecho de que esta propuesta de ley NO regula el uso y abuso de la fuerza pública, por el contrario, lo incita.
Lo que realmente quieren controlar, es la voluntad de las personas que tenemos opiniones diferentes a las de las autoridades, finalizaron.
Ejidatarios de Samalayuca impiden paso de tubería para obras de gasoducto
Rubén Villalpando
Domingo 5 de marzo de 2017, p. 23
Ciudad Juárez, Chih.
Ejidatarios del poblado de Samalayuca de este municipio tomaron las vías del ferrocarril e impidieron descargar cientos de tubos para la construcción de un gasoducto que atravesará sus ejidos, con el argumento de que ninguna autoridad les informó del proyecto, además de que representará un peligro para los pobladores.
La carga de tubos fue detectada la noche del viernes y la mañana de ayer los campesinos bloquearon el paso del tren tras manifestar, de manera pacífica, que no permitirán que pase el gasoducto por su poblado, pues obras de este tipo causan muchos problemas a los habitantes.
Los tubos de unos 20 metros de largo y uno de grosor pertenecen a la constructora Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, encargada de la construcción del gasoducto, parte del cual pasará por las vías del tren y la carretera Panamericana hacia la ciudad de Chihuahua.
José Luis Rodríguez Chávez, líder de la agrupación de inconformes, explicó que decidieron detener la carga porque Grupo Carso ha destruido parte de la carretera Janos-Monte Verde y ha afectado las propiedades de vecinos de la zona.
No tienen aval
Rodríguez Chávez refirió que al inspeccionar el proyecto encontraron muchas irregularidades, como que la compañía no tiene autorización para hacer trabajos sobre terrenos de este tipo.
Los responsables de la construcción manifestaron que hubo una autorización de Obras Públicas y Comunicaciones en la administración de César Duarte (2010-2016); pero no han mostrado ningún permiso, además no hay supervisión de la autoridad estatal si es que de verdad dieron aval, afirmó Rodríguez Chávez.
Al lugar del conflicto arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado, efectivos federales y municipales para dialogar con los ejidatarios y convencerlos de descargar el material, pero aún no hay acuerdo.
Los inconformes dijeron no haber sido consultados para ejecutar el proyecto e insistieron en que primero deben pedirle permiso a los propietarios de los ejidos sobre sus proyectos de construcción, la cual pretende llegar al municipio de Hermosillo, Sonora.
Aparte, expresaron que existe mucha inconformidad entre los lugareños y en especial de los campesinos pues aseguran que no existe un acuerdo para obtener el derecho de piso y quieren hacer las cosas como si fuera tierra de su propiedad, refirió Rodríguez Chávez.
En diciembre pasado, la organización Ciudadanos Vigilantes clausuró simbólicamente otro tramo del gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que va de Samalayuca a Sonora.
De acuerdo con la información que ofrece la CFE en su portal de Internet, el gasoducto tendrá longitud aproximada de 528 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro; se inicia en Samalayuca y terminará en Sonora.
Se trata de una obra que transportará gas natural de Waha, Texas, con el que podrán satisfacerse los requerimientos de combustible en las centrales de la CFE en Chihuahua y Sonora, explica en el sitio.
Según el organismo, la inversión estimada para su realización será de 916 millones de dólares y se prevé que quede listo en 24 meses. El año pasado el Grupo Carso obtuvo la concesión para construir el gasoducto en Samalayuca, ubicado a 42 kilómetros de Juárez.
El gasolinazo cobra su primera factura al transporte de la ciudad
Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Martes 28 de febrero de 2017, p. 28
El gasolinazo ya cobró su primea factura en la línea 2 del Metrobús, que va de Tacubaya a Tepalcates, al dejar de operar 10 unidades, situación que se generalizará en siete de las 11 empresas operadoras del sistema y en varias rutas, advirtieron integrantes de Transportistas Unidos por una Tarifa Justa y Digna.
La negativa de las autoridades a otorgar un aumento urgente a la tarifa de tres pesos en colectivos y cuatro en corredores viales; así como 10 pesos por kilómetro recorrido en Metrobús y la homogeneización del pago en éste, que va de 31 a 39 pesos, nos llevaría a dejar de dar el servicio a los usuarios a corto plazo.
De concretarse, por el alza en más de 50 por ciento en los costos de operación se afectaría a 11 millones 200 mil personas que utilizan estos servicios, que son más de 5 millones 720 mil que en conjunto mueven Metro, Sistema M1, Tren Ligero y Trolebús, aseguraron.
En conferencia de prensa, José Luis Tenorio, Nicolás Vázquez, Francisco Carrasco, Gustavo Pérez, Martín Ortiz, Enrique Aguilar, Felipe Núñez y Armando Alejo coincidieron en que Metrobús enfrenta un colapso financiero, con déficit de 50 millones 877 mil 984 pesos en el último trimestre del año pasado, debido a que sus gastos son mayores a sus ingresos.
En una situación similar están concesionarios de rutas y corredores viales, pues la condonación de la revista vehicular, tenencia, bases y recorridos a cambio de mantener la tarifa es inviable, al representar 2.04 por ciento del gasto de combustible de 2013 a la fecha, equivalente a 3 mil 500 pesos en combis y micros, y 6 mil 200 pesos en autobuses, explicaron.
Una salida viable, plantearon, es la entrega de vales de gasolina anuales, que significaría mil 69 millones 200 mil pesos, la cual subsidiamos a los pasajeros y, aun cuando pareciera estratosférica, es posible que el gobierno la otorgue.
Gustavo Pérez, del Corredor Oriente Poniente, una de las cinco empresas que operan en la línea 2 del Metrobús, informó que el jueves pasado dejaron de operar 10 de sus unidades, por un lapso de cuatro horas, afectando a mil 600 usuarios.
La dirección del Metrobús dijo que se trataba de una mala operación, cuando se debió a una falta de pago de combustible al proveedor, situación que continuará en las horas pico, mientras no exista un ajuste al pago por kilómetro y las seis líneas en operación reciban la misma cantidad.
Advirtieron que seis de 11 empresas operadoras del sistema están en riesgo de parar por el “gasolinazo y la falta de actualización del pago por kilómetro en el servicio, que mueve a diario un millón 100 mil usuarios; y lo mismo viven concesionarios de las rutas 44 y 56 en Tláhuac y otras tantas en lo individual”.
Por ello, se debe quitar el tema político a la tarifa e indexarle la inflación a su costo y no limosnear cada año un ajuste.
El agua en la Ciudad de México: la crisis ecológica del mañana
1 de Marzo de 2017
Alejandro de Cossl
En México, el abastecimiento del agua produce y reproduce la desigualdad urbana. Su presencia o ausencia moldea las formas de habitar una ciudad. En la Ciudad de México, las pipas, las formas manuales de acarreo de agua y las tuberías por las que el líquido siempre fluye son la forma material de esta inequidad. La pobreza y la riqueza están íntimamente relacionadas con el agua ya que sus usos múltiples: limpieza, recreación, alimentación, etcétera. Al mismo tiempo, el agua es parte fundamental de la sustentabilidad no solo de las ciudades, sino del planeta entero. En la capital mexicana, su ausencia y su uso excesivo son motivo de preocupaciones alarmantes. Como reporta Te New York Times (https://www.nytimes.com/es/interactive/ciudad-de-mexico-al-borde-de-una-crisis-por-el-agua/), la Ciudad de México está al borde de una crisis profunda de agua, que se deriva de su conflictiva historia hídrica. Esta crisis, expresada en inundaciones, en la subsidencia del suelo y en una contaminación creciente, pende permanentemente sobre la Ciudad de México. La forma actual de producir el agua urbana es, además de desigual, insostenible. Por un lado, depende de una expansión constante sobre el espacio en busca de nuevas fuentes de agua. Por otro, la distribuye desigualmente de acuerdo a las condiciones geográficas del espacio urbano, creando y reforzando dinámicas de desigualdad espacial: la abundancia del agua construye la riqueza y la riqueza garantiza la abundancia hídrica. Sucede lo mismo de forma inversa.
El agua finita: la apropiación de los mantos en Lerma
El Sistema Lerma de abastecimiento de agua es crucial para la Ciudad de México. Fue construido entre 1942 y 1951 para capturar el agua de las hoy casi inexistentes lagunas de Lerma y llevarlas a la capital. Actualmente, aporta 3,832 litros por segundo, que equivalen al 12% del total. Junto con el Sistema Cutzamala, con el cual se conecta en varios puntos del Estado de México y de la ciudad, aporta el 42% del total del agua urbanizada. Pero el agua es cada vez más escasa. Las lagunas han dejado de existir casi en su totalidad. Algunos pozos han sido clausurados definitivamente. Y las laderas de los cerros han perdido los bosques que favorecían la alteración del agua. En su lugar, hay espacios abiertos, casas precarias y fraccionamientos de lujo. Lerma se ha transformado profundamente en las últimas décadas: antes era un espacio lacustre relevante, hoy es un corredor industrial que está vinculado a Toluca y la Ciudad de México. A pesar de esta transformación radical, el agua de Lerma sigue siendo apropiada. Los trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) siguen dando mantenimiento y operando los más de trescientos pozos que existen en la zona. Aunque buena parte del agua permanece en Lerma –en muchos casos abastecida de forma gratuita a pueblos ribereños al acueducto–, el destino de alrededor del 60% sigue siendo la ciudad, según los cálculos de algunos funcionarios del Sistema. El fin del agua en Lerma es provocado por un cúmulo de factores. La urbanización de la zona ha disminuido las filtraciones de agua, al tiempo que ha aumentado la demanda local de agua; la construcción del Sistema Lerma agotó numerosos manantiales, secando las lagunas de la zona, y la ciudad ha sido incapaz de asegurar nuevas fuentes, como se estipulaba en el plan original. Esta situación muestra que los problemas ambientales son generados por la acción humana sobre el espacio. Si bien toda acción humana m el espacio en el que se realiza, no toda es capaz de transformar paisajes como el de Lerma en periodos cortos de tiempo. No es, entonces, la humanidad en abstracto la que está detrás de este cambio: es el capitalismo, que transforma el espacio de formas violentas y veloces, el abstracto que nos ayuda a entender cómo el Sistema Lerma está llegando a su fin. La industrialización; la transformación de la tierra en una mercancía que puede desarrollarse; la deforestación provocada por la ampliación de carreteras y viviendas y la apropiación del agua por una urbanización expansiva son todas facetas distintas del proceso de acumulación y reproducción del capital.
Un ejemplo puede ser útil. En 1942 las obras del Sistema Lerma comenzaron. Beatriz Albores señala que, desde entonces, la ciénega de Lerma comenzó a desecarse (Tules y sirenas: el impacto ecológico y cultural dela industrialización del Alto Lerma, 1995). En un inicio, el uso de explosivos para la captura de aguas subterráneas agotó varios manantiales, disminuyendo el nivel del agua. Para 1951, con el inicio del bombeo de agua a la ciudad, la cantidad de líquido decreció aún más. En 1960, la ciénega estaba casi seca. Los antiguos trabajadores lacustres ahora se desempeñaban como obreros en el corredor industrial Toluca-Lerma, como artesanos o como pequeños comerciantes. El capitalismo impulsado por la expansión urbana en esos años y sus necesidades ecológicas están, así, detrás de la transformación radical de Lerma. La Ciudad de México no termina en sus límites políticos, sino que se extiende a través de su infraestructura. Las causas del agotamiento del agua en Lerma se encuentran en este vínculo entre ciudad y un espacio rural en transformación. Una ciudad sedienta agotó las lagunas, sustento económico de miles de personas, y aceleró la creación de un corredor industrial en la zona. Este corredor, junto con la ciudad y los nuevos desarrollos inmobiliarios en Lerma, demandaron cada vez más agua, un recurso que, sin los espacios de recuperación que le daban los bosques y campos de la zona, seguirá volviéndose cada vez más escaso. La crisis del agua en Lerma significa la crisis del agua en la Ciudad de México. Son dos caras de una misma moneda: la de la apropiación de la naturaleza para la reproducción del capital, como ha explicado.
Fugas, tomas ilegales y desigualdad: el agua de Lerma en la Ciudad de México
El agua del Lerma entra por el poniente de la capital. Después de atravesar la Sierra de las Cruces, cae por el Río Borracho, y va encontrando su camino hasta el Cárcamo del Río Lerma, en Chapultepec. Para ese momento, ha pasado por Cuajimalpa, Las Lomas y Huixquilucan, entre otras zonas de la ciudad. En su camino, ha perdido volumen. Se estima que el 30% del agua potable en la Ciudad de México se pierde en fugas. Es una cifra brutal, que equivale a toda el agua que aporta el Sistema Cutzamala. En los últimos meses, he recorrido las tuberías, bombas y cárcamos de la zona poniente de la Ciudad de México. Un día, mientras los trabajadores de SACMEX arreglaban una fuga en el cruce de Palmas y Periférico, uno de sus compañeros me contó una historia. Me dijo que hacía algunos meses su cuadrilla había ido a trabajar en una fuga en alguna de las barrancas que rodean Santa Fe. Vecinos de la zona habían reportado un derrumbe. Al llegar a la zona, se dieron cuenta que una fuga había reblandecido el suelo. La revisión mostró que las raíces de un árbol se habían enredado en las tuberías, perforándolas. Una fuga pequeña y constante había impregnado el suelo de la zona, al margen de una barranca. El trabajador con el que hablaba, de apellido Chavarría, calculaba que la fuga tenía unos 15 años de haber comenzado. 15 años que representan la marginalidad de una comunidad pobre en una zona de riesgo de la Ciudad de México. En contraste, la fuga que atendíamos en Palmas y Periférico tenía tres días de haber comenzado. El agua se filtraba al subsuelo y llegaba a las oficinas de una empresa. Un empleado de seguridad del edificio me contó que hace un año había pasado lo mismo. Los obreros lo reconocían, pero aseguraban que era otra fuga. Al cabo de unas horas de trabajo, la encontramos. La nueva fuga estaba dos metros por delante de la vieja. La compostura delataba el lugar donde aquélla había ocurrido. Un brazalete de metal, unido por cuatro tuercas, hacía presión sobre la tubería que aún estaba rota debajo. Los trabajadores colocaron una compostura idéntica en el nuevo sitio, una hendidura provocada por la presión del agua, que siempre busca el lugar más débil para salir. La celeridad con la que fuga fue reparada, si bien de forma parcial, se debe a más cosas que al cruce de dos avenidas principales al poniente de la Ciudad de México. Las avenidas son la materialización de enormes flujos de capital en el espacio. Las oficinas, casas y negocios que ahí se han establecido hacen de la zona una de central importancia para la economía política urbana. Su acceso al agua así lo muestra. El que el tiempo de reparación de una fuga se relacione con la pobreza y la riqueza no es fortuito. El poder se construye también a través de la infraestructura y sus exclusiones e inclusiones.
Siguiendo Paseo de las Palmas al sur-poniente aparece Santa Fe. El viejo basurero reconvertido en zona de oficinas y casas lujosas es notorio en el paisaje urbano. Edificios altísimos están siendo siempre construidos. Uno al lado de otro, son erigidos en cuestión de meses. Circulo por debajo de estos colosos en una camioneta del Sistema de Aguas. Vengo conversando con dos empleados. En varios puntos de la zona observamos grandes pipas de agua cargando edificios de lujo. Uno de los tanques de Santa Fe, cada vez sometidos a más presión, se ha quedado sin agua. Nuestro objetivo esa mañana es restablecer el servicio. Las pipas son una parte normal del paisaje urbano de la ciudad. Pueden ser vistas en las zonas marginadas del oriente y sur capitalino, así como en esta zona exclusiva del poniente. La falta de agua impacta a todos, aunque pocos tienen la capacidad económica de responder a la carencia con rapidez. Ahí también el agua forma parte de la desigualdad que se vive en la Ciudad de México. Son quienes cuentan con recursos materiales abundantes quienes pueden responder a las crisis ecológicas con mayor facilidad. En situaciones de escasez, la distribución desigual no solo se hace manifiesta, sino que se agudiza.
Lo mismo sucede con las tomas ilegales en la red hidráulica. En Santa Fe, numerosos edificios están conectados ilegalmente al acueducto de Lerma. Trabajadores de distintas áreas del Sistema de Aguas y vecinos así me lo han dicho en muchas ocasiones. Las historias difieren en los detalles, pero todas coinciden en un hecho: el dinero que los desarrolladores inmobiliarios de la zona tienen les permite comprar funcionarios que permiten la construcción de tomas ilegales. Éstas extraen el agua antes que llegue a los tanques de distribución. Así, terminan siendo contabilizadas como fugas, abonando a ese escandaloso 30% que mencioné antes. Al mismo tiempo, impiden que el agua llegue a otras zonas de la ciudad, fortaleciendo la dinámica de exclusión que caracteriza al sistema de agua potable.
Una ciudad insostenible
La crisis hídrica de la Ciudad de México es múltiple. Se observa en el hundimiento del suelo, en las inundaciones que ocurren en el Bordo de Xochiaca y en la carencia que cada vez impacta a más pobladores. Sus límites no terminan donde el poder administrativo de la Jefatura de Gobierno acaba. Las tuberías que abastecen agua potable y las que descargan agua residual unen a la capital con otros espacios. Lerma es uno de ellos, en el cual el impacto de las necesidades hídricas de la Ciudad ha contribuido a la transformación radical del espacio y al agotamiento del agua. En otros espacios, como Tula, donde el agua residual es descargada, las consecuencias son distintas: contaminación, enfermedad y marginación. Así existen otros lugares, que no menciono aquí, pero que están íntimamente ligados al agua urbana, aun cuando se encuentren distantes de la Ciudad de México. La estructura hídrica de la capital es insostenible. Los muchos factores que componen la crisis compleja del agua están siendo empujados a un límite. En el corazón de esta dinámica está la imposibilidad de continuar apropiándose de la naturaleza a un bajo costo. Extraer agua se vuelve más complejo en distintas geografías: el suelo se hunde, los pueblos donde el agua nace se rebelan y los acuíferos se agotan. Deshacerse de ella también es cada vez más difícil: la contaminación aumenta, las resistencias crecen y las enfermedades no paran. A ello se suma la frontera más clara del capitalismo. Su acción sobre el planeta está transformando el clima. En la Ciudad de México, ello implicará sequías más largas, lluvias más fuertes y una presión mayor sobre el sistema de aguas. El futuro no es halagüeño. Las dinámicas de apropiación de la naturaleza, de distribución desigual de recursos y riesgos y las consecuencias del cambio climático llevan a pensar que una solución es casi imposible. Esto, sin embargo, no impide la acción. En primer lugar, se deben repensar los límites de la ciudad. Sus infraestructuras la ligan inexorablemente a espacios lejanos, en donde la vida y la muerte de sus habitantes están conectadas con la capital. Lerma es un ejemplo de ello, pero sin duda no es el único. En segundo lugar, es necesario reconocer que el acceso al agua es un componente central de la desigualdad. Aquí también es posible pensar en esquemas de redistribución, en los cuales los grandes consumidores subsidien las mejoras que las poblaciones marginadas requieren. De igual forma, es necesario combatir la connivencia entre las élites y el gobierno, que en la Ciudad de México garantiza que el agua llega a quienes tienen más, a menudo mediante tratos ilegales que profundizan la crisis ecológica, social y económica. En tercer lugar, es imperativo encontrar formas de reducir el uso, el desperdicio y la contaminación del agua. Los esfuerzos a pequeña escala, como la captación de agua pluvial, la reutilización de agua potable y la introducción de tecnologías de ahorro son deseables. Sin embargo, la dimensión del problema del agua en la ciudad demanda soluciones colectivas a gran escala. Entre ellas están la construcción de plantas de tratamiento de agua; el rescate de cuerpos de agua y la introducción de infraestructura moderna en la red de abastecimiento, distribución y desagüe, entre otras posibilidades.
Finalmente, creo que en el centro de cualquier plan y acción sobre el agua en la ciudad debe haber una pregunta: ¿cómo reconstruir la vida urbana para un presente y futuro igualitarios y sustentables?
Gobernación le pegó por 4 años al Papa, ONU, CIDH, HRW, AI… y dejó a México solo frente a Trump
Por Juan Luis García Hernández febrero 27, 2017 - 12:05 am • 4 Comentarios
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Especialistas y activistas aseguraron que las autoridades mexicanas se encuentran deslegitimadas para solicitar el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a las deportaciones que planea Estados Unidos. La indiferencia de la actual administración en materia de derechos humanos ha diluido la imagen del país frente a los organismos internacionales.
“Desafortunadamente hoy quien nos representa en el Estado mexicano carece de legitimidad para acudir a las instancias internacionales. Y para defender los derechos de sus propios ciudadanos. Justo en esos temas han sido bastante omisos, negligentes. Han cometido abiertamente violaciones a Derechos Humanos las cuales han verificado las propias instancias internacionales”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El actual Gobierno federal se ha caracterizado por cuestionar cada observación hecha por los órganos multilaterales. El caso más reciente ha sido el recién publicado informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), que indica la práctica generalizada de desapariciones forzadas y tortura.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en respuesta, resaltó que el informe era global; de tal suerte que los cuestionamientos de AI, dijo: “Son prácticamente los mismos” a nivel mundial, reportó el diario La Jornada.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de AI México Tania Reneaum Panszi no duda que, de acudir, México será bien recibido por Naciones Unidas. Mas no dejó pasar las contradicciones del Gobierno cuando se habla de derechos humanos.
“¿Qué es lo interesante del Estado mexicano?, que hacia fuera tiene una increíble agenda de derechos humanos, que ayuda a promover y a impulsar, pero que hacia adentro hay una brecha entre lo que ayuda a impulsar y promover, y lo que ocurre”, dijo la Directora.
El informe “2015-2016” de la organización hizo énfasis en la violencia y la impunidad que atraviesan el país.
La Procuraduría General de la República (PGR) revisa a nivel federal 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura, apuntó el trabajo. Pero ante los ojos internacionales este delito no querido ser reconocido.
En marzo del 2015, el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, ratificó en un informe final, lo previsto un año atrás en su visita a México; que la tortura era una práctica “generalizada” en el país.
“Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, puntualizó el Relator.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó la mención.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, contestó Jorge Lomónaco, entonces Embajador de México ante la ONU.
Frente a una oleada de ataques de funcionarios y medios de corte oficialistas. Méndez expuso su sentir en una carta al Gobierno mexicano: “Jamás vi mi integridad ni ética cuestionadas, hasta ahora”.
Pese a que el Relator solicitó desde septiembre del 2015 una nueva visita a México, ésta no se llevó a cabo sino hasta el 12 al 21 de diciembre del 2016. Pero, sin la presencia de Méndez. Y en la que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se limitó a dar sus conclusiones al Gobierno federal.
OSORIO CHONG CONTRA CRÍTICAS
Pese a la situación de inseguridad del país el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, junto con la SER, han preferido rechazar las observaciones internacionales, en vez de implementar sus recomendaciones.
Así sucedió con las desapariciones forzadas, cuando en febrero del 2015, el Gobierno refutó un informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus iniciales en inglés); en el que se concluye que el delito se ha “generalizado”.
El CED expuso su preocupación: “Por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
Osorio Chong, junto con José Antonio Meade, envió una misiva de respuesta.
“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, citó la carta.
Durante la gestión de Osorio Chong la situación en seguridad no ha mejorado. El último reporte de AI apuntó que en el 2016 (hasta noviembre), se habían registrado 36 mil 056 homicidios.
Pero el Gobierno federal pone en entredicho la inseguridad. El reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que México atraviesa una crisis de seguridad desde hace varios años.
De inmediato la SRE puso en entredicho estas observaciones. Al decir que: “No refleja la situación general que se vive en el país”.
En un país donde operan 37 células delictivas y nueve cárteles, el Gobierno federal ha respaldado una iniciativa de ley en materia de Seguridad Interior.
La propuesta tiene por fin reglamentar las operaciones del ejército en las calles en tareas de la policía.
“Puede agravar la situación de violencia un marco jurídico que militarice al Estado, que les permita [a soldados] salir a hacer acciones de seguridad pública. Las organizaciones hemos documentando de manera muy clara que las Fuerzas Armadas han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos casos y basta recordar el de Ayotzinapa”, dijo Tania Reneaum.
La noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 puso en evidencia los graves problemas de desaparición que hay en México, cuando se supo por última vez de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
“El GIEI claramente empezó a establecer algunos vínculos de responsabilidad y cuando intentó hablar con miembros del Ejército esto tocó pared. Esto nos muestra que hay muy pocos pesos y contrapesos para establecer una autoridad con transparencia. y eso es muy grave. Porque hay que pensar en las consecuencias y abusos de poder que tradicionalmente hay en el Ejército “, detalló Reneaum.
La negación de una situación de violencia llevó al Gobierno federal a rechazar las palabras de Jorge Mario Bergoglio, quien en una carta al legislador de Buenos Aires Gustavo Vera externó su preocupación sobre el avance del narcotráfico en la Argentina: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”.
Sin reparos el entonces Canciller José Antonio Meade llamó la atención públicamente al Pontífice.
“Manifestamos tristeza y preocupación respecto a los comunicados que se hicieran en una carta privada del Papa Francisco. Ya tuvimos un encuentro con el Nuncio. Y enviaremos una nota [al Papa]. Y lo que nos genera preocupación es que el reto del narcotráfico es compartido. Un reto en el que México ha hecho grandes esfuerzos”, dijo el otrora Secretario.
En temas ambientales el Gobierno no dudado en reaccionar. En marzo del 2014 una manta de 130 metros cuadrados con la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto bañado en petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, causó la ira del Gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de seis activistas de la organización Greenpeace.
Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en protesta por la Reforma Energética arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.
Fueron aprehendidos y ahora una de ellos, Rosina González, de 26 años, enfrentó cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena, que podrían concluir en una pena de entre cuatro y 10 años de prisión. No fue sino hasta junio de ese año que Greenpeace notificó que Pemex había retirado los cargos.
LA POLÍTICA DE LA MIGRACIÓN
Las embestidas de Donald Trump han orillado al Gobierno federal a buscar nuevas formas de proteger los intereses de los connacionales. El 22 de febrero el Cancillero Luis Videgaray Caso dejó la puerta abierta para acudir a la ONU.
“México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”, dijo en conferencia de prensa.
Una medida que algunos expertos han apuntado que terminará forzosamente arreglándose sin intermediarios entre ambos países.
“Yo no sé hasta qué grado ir a la ONU y a otros lugares multilaterales podría servir como un punto de presión diplomática, pero la realidad es que al fin del día el presidente Trump no es un político. No sabe realmente. Él tiene conceptos, nociones e ideas pero el no tiene experiencia gubernamental. No sabe si sus ideas son viables”, dijo Armand Peschard-Sverdrup, experto sobre asuntos internacionales.
Tras una visita este jueves del Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, con autoridades federales mexicanas; Kelly dijo a los medios de comunicación que no habrá deportaciones masivas, ni se usarán a elementos del ejército para desalojar personas.
Pese a que las autoridades de los Estados Unidos han dicho que sólo deportarán a las personas indocumentadas que tengan antecedentes penales. Estos incluyen faltas menores como, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o haber sido deportado previamente.
En el 2014 Estados Unidos deportó 275 mil 911 mexicanos, el 44 por ciento contaba con antecedentes penales.
Videgaray dijo este jueves que México no aceptará deportados de otros países. Es claro la dificultad de verificación que esto presentaría para las autoridades estadounidenses, quienes también deportan miles de centroamericanos.
“Esta postura, había sido propuesta por Jorge Castañeda hace mucho tiempo y el gobierno mexicano no la había considerado hasta estos días. Me parece que es muy diferente saber primero si realmente la aplicaría. Creo que por ahora lo que es claro que es una postura que en buena medida va dirigida al público mexicano que pide acciones al Gobierno y, que por el otro, se presenta como una ficha en el tablero de la negociación con los Estados Unidos”, dijo Nicolás Loza Otero, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Las amenazas de Trump a la vida
Asa Cristina Laurell.
Las primeras semanas de Donald Trump como presidente de Estados Unidos lo confirman como un ultraderechista neoliberal tanto por la composición de su gabinete como por sus órdenes ejecutivas. Tiene cinco ex ejecutivos de Goldman Sachs en su equipo, incluyendo a Steven Mnuchin, su secretario del Tesoro; a su jefe de gabinete, el ultraderechista Steve Bannon, y al secretario de Comercio, Wilburn Ross. Su secretario de Estado, Rex Tillerson, es ex gerente de EXXON. Es un gabinete de las grandes corporaciones y financieros trasnacionales que manejan Wall Street. A ellos se añaden el secretario de Defensa, James Mattis (Perro Loco), y un equipo de seguridad nacional de línea dura y con torturadores conocidos.
No es trivial que Trump controlará los tres poderes del Estado –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en última instancia– si logra imponer su propuesta para la Suprema Corte.
La principal amenaza a la vida en el mundo es la negación del cambio climático de Trump y su decisión de poner a Scott Pruitt a la cabeza de la Agencia de Protección Ambiental (APA) para que desmonte las regulaciones ambientales. Pruitt tiene relaciones muy cercanas y probadas con el sector energético y ha promovido 14 demandas contra las regulaciones de la agencia que ahora va a dirigir. Completa así a Tillerson, ex gerente de la EXXON, empresa que ha negado el cambio climático a pesar de sus investigaciones que lo comprobaban hace casi 50 años.
El 24 de enero el gobierno de Trump prohibió además a la APA dar información científica sobre cuestiones ambientales y cerró su página de Internet. Ese mismo día Trump expidió una orden ejecutiva para reabrir la construcción de los oleoductos Keystone XL y Dakota Access, que contribuirán sustancialmente al cambio climático.
Como si fuera poco, la principal institución de salud pública y de investigación del Departamento (secretaría) de Salud, el CDC, canceló una conferencia internacional sobre el impacto del cambio climático en la salud humana, la cual fue rescatada por ONG y se celebrará en el Centro Carter sin ningún apoyo oficial, incluso parece que los expertos del CDC no podrán participar.
Otra colectividad, cuya vida está amenazada es la de las mujeres. Las órdenes ejecutivas de Trump demuestran su misoginia, rechazada en movilizaciones de millones de mujeres en Estados Unidos y en el mundo unos días después de su toma de posición. También dejan en claro su decisión de suprimir el aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Aparte de su orden ejecutiva de suspender los fondos federales a ONG que trabajan en este campo, ha puesto al ultraconservador Thomas Price como secretario del Departamento de Salud e intenta nombrar a Neil Gorsuch, un juez fundamentalista, para la Suprema Corte. Con ellos es de esperar que el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo determinado por la Suprema Corte en 1973 (sentencia Roe vs Wade) se anule.
El embate contra el Obamacare en favor de las aseguradoras (ver mi artículo de diciembre) empezó con una orden ejecutiva el día de su toma de posición y se consolida con el nombramiento de Price. No deja de ser paradójico que las primeras víctimas de esta medida serían justamente la base dura de Trump, los hombres blancos de mediana edad con bajo nivel educativo. Son justamente ellos cuya esperanza de vida ha bajado en el periodo 1999-2013, principalmente por suicidio, adicción a drogas y alcohol y cirrosis hepática (www.pnas.org/content/112/49/15078.full).
Las órdenes ejecutivas sobre migración, tanto la referida a la frontera con México como la prohibición de entrada de nacionales de siete países árabes demuestran el supremacismo blanco de Trump. La información filtrada sobre sus planes de mandar tropas a México para proteger a Estados Unidos contra migrantes y traficantes prefigura la caza y deportación a gran escala. Es una amenaza grave a la vida de decenas de miles de refugiados económicos y políticos, particularmente a la de los centroamericanos que desde antes son los más expuestos a la desaparición forzada, cuyo número es desconocido y seguramente sobrepasa los 25 mil registrados.
Está comprobado de manera contundente que dificultar la migración con muros y persecuciones armadas, no la detiene, sólo la hace más peligrosa y provoca más muertes.
La amenaza definitiva a la vida en la Tierra es el guerrerismo trumpiano. No le interesa convencer, él impone. Tiene control total sobre el código nuclear de Estados Unidos y cuatro minutos después de que dé la orden estalla la guerra
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El muro que Trump pretende construir es una irracionalidad: Raúl Castro
Afp, Notimex y Pl
Periódico La Jornada
Lunes 6 de marzo de 2017, p. 28
Caracas.
El presidente cubano Raúl Castro afirmó este domingo aquí que el muro que su par estadunidense Donald Trump pretende erigir en la frontera con México es una irracionalidad, y su homólogo boliviano Evo Morales se pronunció en términos similares: no hay muros para intervenciones y bases militares.
El muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de irracionalidad, no sólo contra ese país hermano, sino contra nuestra región. Expresamos la solidaridad del pueblo de Cuba con el pueblo y el gobierno mexicano, dijo Castro en la 14 Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que se celebró en el contexto del cuarto aniversario luctuoso de Hugo Chávez.
La pobreza, la catástrofe y los migrantes no se contienen con muros, sino con cooperación y entendimiento, afirmó el mandatario cubano en la cumbre a la que asistieron además el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y cancilleres de otras naciones.
Evo Morales, quien hizo su primera aparición pública en Venezuela luego de permanecer internado en Cuba por un padecimiento en la garganta y una sinusitis que lo llevó a viajar de emergencia a la isla caribeña, sostuvo: no se puede entender que presidentes digan ahora que hay que hacer muros en la frontera, pero no hay muros para las intervenciones militares o para las bases militares.
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, indicó que la Alba aprobó una declaración con tres puntos sobresalientes para reactivar un fondo de ese mecanismo regional a fin de brindar asesoría legal a los migrantes en Estados Unidos.
Esta cumbre la estamos realizando a los cuatro años de la partida física del comandante Chávez, sin lugar a dudas un golpe muy duro para los movimientos progresistas de América Latina, el Caribe y el mundo, expresó Maduro.
De acuerdo con el presidente Maduro, tras la muerte de Chávez el imperio desplegó una descomunal guerra económica contra su país, pero aseguró que se ha contrarrestado gracias a esfuerzos como el Alba-TCP, base de la construcción de una nueva América; nos honra estar en esta tierra sagrada, de Simón Bolívar y de Chávez, tierra que representa a un pueblo que ha luchado por la independencia de nuestra América, manifestó el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, al aterrizar en Caracas.
Chávez, máximo líder de la revolución bolivariana, fue presidente de Venezuela entre 1999 y 2013; murió a los 58 años tras batallar casi dos años contra el cáncer luego de realizar la mayor parte de su tratamiento en Cuba.
LA AGENDA | Semana de la Mujer: mientras Trump quiere murallas, las mujeres buscan derribarlas
Por Efrén Flores marzo 6, 2017 - 12:03 am • 0 Comentarios
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).-
El miércoles 8 de marzo, es conmemorado el Día Internacional de la Mujer que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1975 en el marco del Año Internacional de la Mujer. Según la ONU, el tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es “las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030”.
Por ello, esta semana buscará acelerar su Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, creando nuevos compromisos con los diferentes gobiernos del mundo, e impulsando aquellos existentes en materia de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y Derechos Humanos. Entre los objetivos de dicha agenda se encuentran la educación gratuita, equitativa y de calidad; poner fin a todas las formas de discriminación y violencia en contra de todas las mujeres y las niñas del mundo (en los ámbitos público y privado); así como acabar con prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
De acuerdo con los datos más recientes (2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 61 millones de mujeres y 58 millones de hombres. Es decir que hay alrededor de 10 mujeres por cada 9 hombres. Además, el año pasado el organismo indicó que el 43.8 por ciento de las personas ocupadas registradas en la economía nacional fueron mujeres, y que, por cada 10 horas de carga total de trabajo remunerado y no remunerado realizadas por las mujeres, los hombres realizan 8.3 horas.
Según el informe de la ONU “Mujeres: La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias” (2016), entre 1985 y 2014 se registraron en México un total de 47 mil 178 muertes de mujeres, además de que de 2007 a 2013 se apreció un gran aumento de feminicidios en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
Ese mismo miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, diversos grupos feministas de todo el mundo, que se organizaron a través de redes sociales, convocaron la huelga general denominada “Un Día Sin Mujeres” que pretende que las participantes abandonen de manera voluntaria, por un día, algunos de sus oficios o tareas domésticas como parte de una protesta en contra de la brecha de género y la violencia machista.
Además de México, 30 países participarán: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Escocia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Israel, Italia, Nicaragua, Perú, Polonia, República Checa, República de Irlanda, Rusia, Salvador Suecia, Togo, Turquía y Uruguay.
El movimiento nació en octubre del año pasado en Polonia, en los días en que el Parlamento de aquél país rechazó una Ley que buscaba penalizar el aborto. A finales de ese mes, activistas polacas y de otros países se pusieron de acuerdo para crear el grupo del Paro Internacional de Mujeres. El 25 de noviembre, en plena conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, las feministas eligieron el 8 de marzo para realizar el paro de labores.
Además, a raíz de la marcha del 21 de enero en Washington, Estados Unidos, cuando cientos de mujeres salieron a rechazar la toma de posesión como Presidente de Donald Trump, varios colectivos feministas se sumaron a la iniciativa.
Rafael Correa: Izquierda y derecha regionales están a prueba en Ecuador
Sábado, 4 de marzo, 2017 - 15h31
El próximo balotaje en Ecuador pone a prueba a la izquierda y a la derecha de Latinoamérica, dijo este sábado el presidente de la República Rafael Correa, quien dejará el poder el 24 de mayo tras diez años de gobierno.
La segunda vuelta presidencial del 2 de abril "es un punto de quiebre: si la derecha continúa ganando espacio en el continente o vuelve al lugar que le ha asignado la historia", declaró el mandatario en su informe semanal de labores.
Desde 2005, la izquierda latinoamericana se ha visto golpeada por el giro hacia la derecha en Argentina, Brasil y Perú.
El balotaje en Ecuador será disputado por el oficialista exvicepresidente Lenin Moreno (que obtuvo 39,36 % en la primera vuelta del 19 de febrero) y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso (28,09 %), según el escrutinio oficial.
El oficialismo no pudo ganar en primera vuelta como lo hiciera Correa en 2009 y 2013. Moreno requería lograr un 40 % de los votos válidos y una diferencia de al menos diez puntos sobre Lasso, de acuerdo con la ley.
El mandatario indicó que para el balotaje "estamos, gracias a Dios, unos 20 puntos arriba, unos dos millones de votos de diferencia, pero no hay que subestimar al adversario. Esta gente tiene falta ilimitada de escrúpulos y presencia ilimitada de dinero".
Según una reciente encuesta del Centro de Investigación Social (CIS), divulgada por la agencia estatal Andes, Moreno capta un 59 % de la intención de voto contra 41 % de Lasso.
Empero, un sondeo de Cedatos -considerada de oposición por el gobierno- da como posible ganador a Lasso con 52,1 % frente a 47,9 % del aspirante oficialista.
El oficialista movimiento Alianza PAIS, liderado por Correa, lleva una decena de triunfos electorales en línea en la última década. (I)
Huelgas, marchas y protestas desafían a Macri en Argentina
La tensión social en Argentina por la recesión encontrará esta semana su catarsis con huelgas de alcance nacional y marchas callejeras de protesta en desafío a las políticas económicas y laborales del presidente Mauricio Macri.
Para colmo, el malhumor se acrecentó en un país tan futbolero como el argentino por una huelga de jugadores que impidió este fin de semana reanudar los torneos por falta de pago de salarios en los últimos 4 o 5 meses.
Las tres centrales obreras, los movimientos sociales y los partidos opositores marcharán el martes hacia el ministerio de Producción para reclamar mejores salarios y el fin de la ola de despidos por cierres de fábricas, a 15 meses de haber asumido Macri.
El presidente, en cambio, se muestra optimista y dijo el 1 de marzo ante el Congreso que la economía "está mejorando" con aumento de las exportaciones de cereales y frutas.
Una huelga nacional de decenas de miles de maestros y profesores impedirá el inicio de las clases para millones de alumnos el lunes y el martes. Los trabajadores estatales también paralizarán tareas por 48 horas.
Un paro de organizaciones femeninas está convocado para el miércoles, Día Internacional de la Mujer, contra la discriminación laboral, la violencia machista, el patriarcado y los feminicidios.
"La semana presenta un fuerte desafío social para el gobierno, por la acumulación de movilizaciones y protestas", dijo a la AFP el politólogo Rosendo Fraga, de la consultora Nueva Mayoría.
La situación "ha provocado que una parte importante de la ciudadanía perciba a (la alianza gobernante) Cambiemos como un gobierno de derecha, insensible o de ricos para los ricos", dijo a la AFP el sociólogo Sergio Morresi, de la estatal Universidad de General Sarmiento.
Acusado en la justicia por dar favores económicos a empresas de su rica familia, Macri alega ser inocente. Este año es clave porque enfrenta las elecciones legislativas de medio término.
Malos índices
"En marzo el inocultable conflicto social sale a la calle también con los movimientos sociales, el Partido Justicialista (peronista) y el kirchnerismo (por los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner)", dijo a la AFP el economista Pablo Tigani, de la consultora Hacer.
A la movilización de las centrales obreras se pliega el martes el transporte. La central de pequeños y medianos empresarios CAME adhiere a la marcha, en un hecho inédito en las últimas décadas.
El telón de fondo es una economía tambaleante. El Producto Interior Bruto (PIB) cayó 2,3% en 2016 según estudios oficiales preliminares. En diciembre subió 1,6% respecto de diciembre, pero en la medición interanual cayó 0,1%.
El consumo interno sigue cayendo, al igual que las exportaciones por los problemas del vecino Brasil. El déficit fiscal terminó 2016 en 4,6% del PIB.
El deterioro de los salarios por efecto de una inflación cercana al 40% en 2016 y decena de miles de despidos empujó aún más la caída del consumo.
Las economías regionales crujen y los productores han regalado leche, yerba, verduras y frutas en la histórica Plaza de Mayo para pedir auxilio mientras denuncian el abandono del gobierno.
A tribunales
Fraga comentó que las declaraciones oficiales de que "la recesión ha terminado, cuando en realidad la economía está cayendo menos, corren el riesgo de chocar con una percepción social diferente tras cinco trimestres de recesión".
Morresi dijo que ante el Parlamento, Macri "optó por un tono partidista en el que enfatizó la confrontación entre su gobierno y el kirchnerismo con la esperanza de salir mejor parado de la comparación". Fue la clave de su triunfo electoral.
Cristina Kirchner debe presentarse el martes ante la justicia por supuestos fraudes con la empresa familiar. También están citados sus hijos, Máximo y Florencia. El gobierno confía en que las miradas confluyan sobre los Kirchner y no en la tensión por las protestas.
DE NUEVA CUENTA ESTADOS UNIDOS LANZA UNA CAMPAÑA POR DERROTAR A LA VENEZUELA BOLIVARIANA
El pasado 2 de febrero se cumplieron 18 años del inicio de la revolución encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías. En estos años son indudables los avances en salud, vivienda educación del pueblo venezolano. Estos logros tienen un mérito mayor, porque se han obtenido en medio de una agresión permanente de la oligarquía local apoyada por las grandes corporaciones mediáticas como CNN español y también por parte de Departamento de Estado y el presidente de los Estados Unidos, él xenófobo y racista Donald Trump.
Estas agresiones no son nuevas. Recordemos que el 11 de abril de 2002 el presidente Chávez fue secuestrado con la intención de llevar a cabo un golpe de Estado. Gracias a la movilización del pueblo y de las fuerzas armadas el 13 de abril el presidente Chávez fue restituido en su puesto. Ese mismo año, la oligarquía venezolana con el apoyo de Estados Unidos llevaron a cabo un paro patronal para detener la producción petrolera de todo el país de. De nueva cuenta el pueblo y los trabajadores organizados pudieron para esta intentona.
El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama, emitió un decreto en el cual declaraba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En dicho documento argumentaba violación de los derechos humanos, intimidación y represión a los opositores políticos y “criminalización a los disidentes”; al final exige la liberación de todos los presos políticos. Cómo sanción inicial congeló las cuentas y las propiedades a siete funcionarios del gobierno de Venezuela.
Ahora, de nueva cuenta, vuelven a la carga los medios y el propio presidente de Estados Unidos en complicidad del Secretario de La Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, que llama a elecciones anticipadas “como la única vía para salir de la dictadura”.
La estrategia mediática ha tenido como eje las transmisiones de la empresa estadounidense CNN en Español, que se ha convertido en un aparato de propaganda de guerra contra Venezuela y contra todos los pueblos de América Latina que han tomado un camino propio e independiente, al margen del poder y dominio de Estados Unidos.
En 2017, la campaña se reinició el 6 de febrero cuando la empresa CNN en Español transmitió un reportaje con información falsa con el objetivo de crear una imagen en el mundo de que el Gobierno venezolano suministra pasaportes falsificados a miembros de células terroristas árabes. La supuesta prueba de dicho programa es el testimonio del venezolano Misael López, ex funcionario de la embajada de Venezuela en Irak, vinculado sentimentalmente a Equis Argotti, abogada de la dirigente del grupo extremista Voluntad Popular y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori.
Una semana después, el 13 de febrero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó abiertamente al Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissamí, con el negocio de las drogas, presentándolo como un “narcotraficante especialmente designado” y dictando una serie de medidas sancionatorias en su contra sin molestarse en presentar pruebas de sus graves señalamientos.
Las medidas del Departamento del Tesoro desataron acusaciones contra El Aisamí a través de la maquinaria mediática, que lo pinta como jefe de carteles de droga en Colombia y enlace con terroristas de países árabes.
Después se sabría, por boca del propio Vicepresidente de Venezuela, que las acusaciones tienen como base el falso reportaje de CNN en Español y el supuesto testimonio de los mismos capos colombianos de la droga que él capturó y extraditó a Estados Unidos durante los cuatro años en que acompañó al presidente Hugo Chávez como Ministro de Interior y Justicia.
El 16 de febrero, Lilian Tintori apareció en la Casa Blanca al lado del presidente Donald Trump, de la mano del principal promotor de las infamias contra El Aissamí, Marco Rubio. Ese mismo día el presidente Donald Trump publicó un tuit con la foto donde pide la “liberación inmediata” de López, cabecilla de los hechos violentos que costaron 49 muertos, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales a Venezuela en febrero de 2014.
Todas estas acciones forman parte de una campaña dirigida por la oligarquía local apoyada por los sectores más recalcitrantes de la derecha estadounidense en contra del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro que fue elegido democráticamente por el soberano pueblo de Venezuela.
Ante estos hechos declaramos:
El gobierno de Estados Unidos no tiene ningún derecho de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. El pueblo de Venezuela es soberano y nadie tiene el derecho de intervenir es su forma de organizar su gobierno.
Rechazamos la campaña en contra del vicepresidente Tareck El Aissamí de acusarlo de tener vínculos con el narcotráfico y el terrorismo. Por el contrario, lo reconocemos como un militante comprometido con las mejores causas y tradiciones de lucha del pueblo de Venezuela.
Sí alguien ha promovido el terrorismo es precisamente el gobierno de los Estados Unidos que ha implementado golpes de Estado en nuestra América tan sólo recordemos Guatemala en 1954; Chile, 1973 y en los últimos cinco años ha realizado los llamados golpes “parlamentarios” que se concretaron en Honduras, Paraguay y Brasil.
Quién si ha participado en actos de narcotráfico y terrorismo es la CIA y la DEA. En 1985 y 1986, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Ronald Reagan, vendió armas al gobierno iraní y financió el movimiento conocido como la contra nicaragüense para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua.
El ejército de Estados Unidos en 2003, con el objetivo de apropiarse el petróleo organizó la invasión a Irak , causando miles de muertos y millones de desplazados. Posteriormente apoyo y financió al Estado Islámico que ha causado varios atentados en diferentes países del mundo y ha provocado miles desplazados en Irak, Libia y Siria.
Denunciamos la actitud intervencionista del secretario general de la OEA, Luis Almagro, como un instrumento más de la ofensiva en contra del pueblo venezolano.
El pueblo y gobierno de Venezuela ha dado muestra de entrega y capacidad no sólo para resistir, sino para vencer las agresiones del imperio. Junto con los pueblos de América Latina y del mundo y con el ejemplo del presidente Chávez, una vez más el pueblo de Bolívar saldrá victorioso de esta nueva agresión.
CHÁVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE.
Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela.
1 de marzo de 2017
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